En Nov 3, 2011, grumpytick
06/11/11
Con la invasión de Cuba y la entrega
En Nov 3, 2011, grumpytick
FRENTE INSTITUCIONAL MILITAR
Militares profesionales
Avanza el "Acuerdo de Panamá" o por qué AD dejó a Ledezma con los crespos hechos
El jefe adeco, Henry Ramos Allup, había empeñado su palabr a, meses atrás, con el candidato que escogiera UNT, bien sea Manuel Rosales o Pablo Pérez. Vargas Irausquín, Carrero y D`Agostini son algunos de los "apóstoles" financieros del candidato zuliano.
Aunque el sentimiento adeco estaba, y sigue estando, con Antonio Ledezma, Henry Ramos Allup logró imponer a Pablo Pérez , un dirigente a quien Manuel Rosales y el propio Ramos carajea a su antojo. Detrás de la candidatura de PP también está el dueño del Banco Occidental de Descuento, Víctor Vargas Irausquín, emparentado a su vez con el magnate Franco D´Agostino, suegro del actual propietario de AD. Vargas controla las colocaciones de Pdvsa y los “bonos bolivarianos”, pero en su banco también maneja el presupuesto del estado Zulia.
A primeras horas del pasado jueves 27 de octubre, el mini-caudillo Henry Ramos Allup, actual propietario del partido Acción Democrática, tenía todo controlado. En pocas horas haría cumplir la palabra empeñada meses atrás en Panamá: el candidato del otrora partido del pueblo sería el gobernador zuliano Pablo Pérez (UNT), sucesor político de Manuel Rosales.
La convocatoria del CEN, ampliado con la participación de los veinticinco secretarios seccionales había sido prevista para las nueve de la mañana. Ya el día anterior había logrado torcerle el brazo al último de los dirigentes adecos leales al aspirante Antonio Ledezma, el profesor Guillermo Miquelena, secretario seccional de Caracas, criado en el barrio “Buenos Aires”, de la Cota 905 y líder de las barriadas populares de la capital, quien cinco días atrás, durante el acto de postulación de su pre candidatura a la alcaldía del municipio Libertador, había gritado a los cuatro vientos su adhesión a Ledezma como abanderado del partido blanco. Antes habían caído uno a uno, los jefes seccionales inclinados hacia el alcalde metropolitano y opuestos a apoyar a un candidato del partido de Rosales.
Ramos igualmente doblegó a los miembros del CEN que no simpatizaban con Pérez. El último de ellos fue un antiguo funcionario, amigo íntimo y compadre de Ledezma llamado Iván Marcano López. “Así como te puse en el CEN, así mismo te quito”, fue la sentencia que pesaba sobre los posibles “ledezmkistas”, porque Ramos quería “unanimidad”, “zapatero”, “70 votos, de los 70 miembr os del CEN ampliado”, meta no difícil de cumplir en un partido sin democracia interna, con un tiranuelo al mando y con dirigentes impuestos a dedo, sin mediar elección alguna, según lo ha testimoniado el propio ex-presidente de esa organización política, Víctor Bolívar, aunque el mini autócrata también ha sido denunciado por otros dirigentes como Lewis Pérez, Rafael Marín Jaén y Pastor Heydra.
Para nadie es un secreto que Ramos, imitador de la voz chillona y de la “quincalla verbal” de Rómulo Betancourt, quita y pone dirigentes en el ex-partido del pueblo como le da la gana. Siquitrilló por simple capricho al dirigente David Rodríguez, como secretario seccional de Miranda y en su lugar colocó a la alcaldesa de El Hatillo, Miriam Do Nascimento. El caso está en la Sala Electoral del TSJ. A Do Nascimento la tiene en salsa porque quiere el cargo para la señora Diana D `Agostino de Ramos Allup, la propia esposa del jefe e hija del magnate Franco D`Agostino (Dayco Construcciones), contratista privilegiado de obras pública de la “Cuarta ”, de la “Quinta ” y ya preparado al bate para la “Sexta ” también, emparentado familiarmente con Víctor Vargas Irausquín (Banco Occidental de Descuento), el banquero que más recursos ha prometido inyectar a la candidatura de Pablo Pérez. Vargas maneja en su banco todo el presupuesto de la gobernación del Zulia y a la vez es uno de los más destacados banqueros “bolivarianos”. Controla las colocaciones de Pdvsa y está en todas las emisiones de bonos de la “revolución”. Junto a Tobías Carrero, socio a su vez del ex gobernador Manuel Rosales, maneja toda la plataforma financiera que aspira llevar a Pérez a Miraflores.
CON LOS CRESPOS HECHOS
Durante más de diez meses Antonio Ledezma se dedicó a conquistar al pueblo adeco. No hubo acto del partido donde no estuvo presente, ni gorra blanca que no se calzó. La militancia lo bautizó como el “candidato sentimental de AD”. El hombre prometió incluso que regresaría a las filas del partido en pro de la reunificación de la “gran familia socialdemócrata”, pero ya no había nada que hacer. AD está hoy en su hora menguada. No es la misma de Andrés Eloy, Gallegos, Betancourt, Prieto. El fervor popular, el romanticismo y el sentimiento partidista marchan por un lado y los acuerdos, los arreglos y los negociados del dueño del partido andaban por otro. En diversas reuniones efectuadas en la sede de la “Aseguradora Ankón ”, en Ciudad de Panamá, con presencia de Rosales, Pérez y el asegurador Carrero, Ramos Allup ya había comprometido su palabra, meses atrás, de apoyar al candidato de UNT.
LA MAFIA MIQUILENA-CARRERO EN ACCIÓN
En nuestra columna del pasado 25 de junio anunciamos que estaba en pleno desarrollo una jugada de laboratorio, al mejor estilo gangsteril, para imponer a realazo limpio, el candidato de AD y posteriormente de toda la oposición, vistas las presidenciales de 2012. Se trata de un operativo dirigido por la misma mafia que penetró, de manera temprana, la candidatura de Hugo Chávez en 1998 y que apenas éste, fue proclamado Presidente electo, montó un entramado de cohecho, prevaricato y negociados turbios. Nos referíamos a la operación tenaza que desde hace meses tiene orquestada Tobías Carrero Nácar, redomado archimandrita, propietario de Multinacional de Seguros, C.A.
Es la misma mafia, que pretende ahora ponerle mano a la chequera de la Presidencia de la hipotética Sexta República.
Esto dijimos en esa oportunidad: “Carrero está conectado con Rosales. Con este último como Presidente –o con Pablo Pérez su pupilo- da por sentado que ampliaría y diversificaría, a lo largo y ancho del país, los negociados que hace hoy con el Estado Zulia. Recientemente, la emprendió contra Capriles Radovsky. Este último no lo ha querido ver ¡ni en pintura! en las licitaciones abiertas por la gobernación de Miranda, a causa de la bien ganada fama de Multinacional de Seguros de incumplidora de las indemnizaciones con sus asegurados, lo que le ganó al gobernador de Miranda, la correspondiente “vendetta” al estilo siciliano a través de guerras mediáticas, que presentaban a Capriles Radovsky, como receptor de dádivas y prebendas de Seguros Banvalor, hoy intervenida, y entonces ganadora de las licitaciones del paquete de pólizas de la mencionada gobernación.
"Ahora, el 'empresario' Carrero se jacta de haberle untado la mano a los adecos, a cambio de que el llamado Partido del Pueblo, se cuadre con la opción de Manuel Rosales o, a todo evento, con la de Pablo Pérez. Los anhelos de decencia de los venezolanos, no pueden naufragar en componendas como las que se ufana de haber perpetrado Carrero. Le vamos a ver el hueso a esta movida de corrupción, cohecho y desvergüenza. No vamos a salir de un desgobierno corrupto como el de Chávez, para poner a otro igual o quizás, más ladrón”. El Acuerdo de Panamá está en marcha… para desgracia del país. /La Razón
Muy buenos artículos, estoy persuadido de que esa es la realidad, el trasfondo detrás del telón, y el reparto del poder en base a compromiso, pero los escritos quedaron cortos, se volvió a editar el pacto de punto fijo, sin URD porqué ya no existe, y por cosas como esas, se monto Chavez en el poder.
Lo que si tengo muy claro es que mi voto en las primarias no es para Pablo Pérez, y en la medida que se difunda esta entaparada situación deberá perder votos dentro de la gente pensante y honesta de este país, que lamentablemente no es la mayoría. Sin haber leído estos escritos, ya había pensado como estarían repartiéndose el poder, y los cargos del gobierno entre el Nuevo Tiempo y los Adecos, ahora les queda una tajada menos si tienen que repartirlo con Copey.
Esto pone de ganador a Pablo Pérez y ellos lo saben y el se siente ganador y altanero, ya hasta le ofrece un puesto a Capriles Radonskis, que tal?.
La voltereta a mi entender se encuentra en la otra punta: La unión de: Leopoldo, Capriles, Corina, Diego Arrias y Ledezma, y no porque estos últimos hagan pesos en los votos, pero representan la madurez y la decencia. La pelea por los votos de los tres primeros si no se unen le da la ventaja a Pablo Pérez.
Yo creo que Chavez esta apostando a Pablo Pérez y es capaz de mandar al pueblo chavista a votar por él, sería un contendor menos aguerrido y con menos carisma y curriculum que Leopoldo, Capriles y Corina, estos son luchadores y se han formado a fuerza de luchar contra la adversidad, y no han sido llevados a los cargos que ostentan por padrinazgo.
El final de la historia la darán los votos, y se mantendrá la Unidad Democrática, espero que por el mejor bienestar de Venezuela el ganador sea Capriles, Leopoldo o Corina.
PERLITAS: LO LEÍ, NO ME LO CONTARON
v “8.300 médicos comunitarios jamás han pisado un quirófano”. ¿Por qué Chávez no se pone en sus manos?
v “Médicos comunitarios, ¿para pobres o para ricos?”. Pa’Chávez no son; se los deja al pueblo.
v “Que todo el mundo tenga su 15 y último” Eso queremos, cambio ya.
v “Chávez: El año que viene estaré de candidato”. ¡Qué olas!, ¿y los 13 años anteriores qué ha sido?
v “Que el gobierno revele origen de gastos electorales”. Nada limpio puede informar.
v “Los gastos electorales del PSUV están en el Presupuesto”, y sus dirigentes, en la cárcel garantizan su puesto.
v “Polo busca imponer el Estado Comunal”, y la MUD promueve el Estado democrático. “Imponer”, “promover”: son diferentes.
v “Venezolanos son los que menos ahorran en Latinoamérica”. La inflación se traga todo.
v “”Esteban llora la muerte de Gadafi”, pero no echa una lágrima por los 150 mil asesinados durante su gobierno.
v “El asesino Gadafi tildaba de ratas a sus opositores”. El hermanazo de aquí le llega cerca.
v “MERCAL y PEDEVAL crecen como principal canal de compra”. El Estado pulpero.
v “Chávez: En Miraflores hay demasiada gente para lo que hace falta”. Presidente, ¿y quién puso esa gente?
v “Chávez: En Miraflores hay 4 choferes para manejar una ambulancia”. ¿Será el imperialismo quien los puso ahí?
v “La gente está cansada de esperar su vivienda”. Reaccionemos.
v “Solo el 4 % en Latinoamérica ve a Venezuela como modelo”. El socialismo del siglo XXI no es el norte.
v “El socialismo quiere que vivamos en comunismo, de migajas”. No lo queremos.
v “¿Quién se robó la leche de mis hijos?”. Que respondan Chávez y su corrupto entorno.
v “Chávez sabe más de manipulación política que sus antecesores”, y también más de ineficiencia y corrupción.
v “El Presidente quiere ocultar su cáncer”, como oculta la corrupción.
v “La inseguridad y el régimen mantienen en auge la diáspora venezolana”. Frenemos la emigración, frenemos a Chávez.
AN absolvió a funcionarios de Pdvsa vinculados con irregularidades en Fondos de Pensiones
La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, resolvió absolver de culpa a los funcionarios de Pdvsa que habían sido
acusados de cometer presuntas irregularidades con los fondos de pensiones de los trabajadores de la estatal petrolera.
El informe final fue presentado la semana pasada y al respecto, la bancada chavista de la instancia parlamentaria criticaron a sus colegas de la Mesa de la Unidad “tratar de hacer un show mediático” con este caso.
Como se recordará, la denuncia fue introducida por el diputado Ismael García, en marzo de este año y era una de las denuncias por presuntas corrupción más importantes que se han presentado en la comisión.
A continuación presentamos las conclusiones del informe.
Conclusiones
Vistos y analizados todos y cada uno de los documentos que conforman el Expediente Nº 1435, relacionado con las “Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, según denuncia formulada por los ciudadanos Diputados Ismael Concepción García, Hermes García, Jesús Paraqueima y Miguel Alejandro Pizarro, para el análisis del caso, se aplicó una metodología de evaluación de riesgo, en función del efecto que cada presunta irregularidad administrativa de encontrarse pudiera haber ocasionado al patrimonio público del ente investigado, todo como consecuencia de esta investigación parlamentaria.
Seguidamente esta Subcomisión pasa a concluir en los siguientes términos:
PRIMERO: En relación con los artículos de prensa citados por los denunciantes en su escrito, donde se señalan entre otras cosas que
directivos de PDVSA colocaron recursos en la empresa Michael Kenwood gracias a los contactos del Sr. Francisco Illarramendi con ex funcionarios de PDVSA y del Ministerio de Finanzas, así como, que en el año 2006 el fondo de pensiones de PDVSA fue entregado al Sr. Illarramendi por un funcionario de la tesorería de nombre “Julio Montes” quien fue supuestamente “botado” de la empresa después del caso de PDVAL, debe esta Subcomisión Especial Mixta señalar lo siguiente:
Ha quedado ampliamente demostrado por el informe presentado por la Presidencia de (APJ-PDV) y de (CCI), en fecha 11 de mayo de 2011 por ante la Comisión Permanente de Contraloría, y por sus estados financieros auditados del año 2004 en adelante, consignados ante la referida Comisión Permanente parlamentaria el 29 de junio de 2011 y el 28 de agosto de 2011, que APJ-PDV y CCI mantienen colocados los recursos de la siguiente manera:
Instrumentos financieros emitidos por la República Bolivariana de Venezuela o PDVSA 61%.
Colocaciones en instituciones bancarias en Venezuela 15%.
Bienes inmuebles 2%.
Administradores de fondos 5%.
Colocaciones en el grupo de empresas Michael Kenwood 17%.
Resultando totalmente infundada la afirmación de que en el año 2006 los “fondos de pensiones de PDVSA” fueron entregados al Sr.
Illarramendi, por un funcionario de la tesorería llamado “Julio Montes”, lo que a juicio de esta Subcomisión se traduce en ausencia de elementos fundamentales para dar continuidad a la presente investigación.
Por otra parte, las referidas citas periodísticas, constituyen especulaciones sin fundamento, y no versan sobre hechos ciertos, toda
vez que van más allá del hecho concreto que podría ser objeto de reseña, como lo fue el proceso iniciado por la Securities Exchange
Commission (SEC) en tribunales norteamericanos contra Francisco Illarramendi y el grupo de empresas MK, por manejos irregulares de los activos de sus inversionistas.
En este sentido, la afirmación referente a la supuesta vinculación del Sr. Francisco Illarramendi con ex funcionarios de PDVSA y del
Ministerio de Finanzas, excede del hecho noticioso concreto y consiste en una afirmación o denuncia del redactor, que además, no fue sustentada o demostrada su veracidad durante el proceso investigativo adelantado por esta Subcomisión Especial Mixta.
SEGUNDO: En cuanto a la denuncia relativa al conjunto de funcionarios públicos del tren ejecutivo de PDVSA que según el dicho de los denunciantes haciéndose valer de sus cargos de representantes del Estado y al servicio de la nación, desviaron sus obligaciones
funcionariales de servir al colectivo, los mismos aprovechándose de los recursos de los trabajadores de la empresa del Estado venezolano que dirigían o representaban, realizaron actos antijurídicos en contra de la República y de sus instituciones, y de la denuncia referida al conjunto de hechos que se han materializado que según afirman pueden configurar la comisión de los delitos consagrados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción, toda vez, que mediante actuaciones administrativas teñidas de supuesta legalidad podrían estar favoreciendo a personas y/o instituciones nacionales o internacionales que no son destinatarias finales de los objetivos planteados para la utilización del dinero de los trabajadores de la central petrolera, esta Subcomisión Especial Mixta ha podido constatar en el curso de la investigación parlamentaria que:
a) Conforme a la certificación emitida por el Secretario de la Junta Directiva de PDVSA y conforme a lo establecido en los estatutos de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (APJ-PDV) y de la Asociación Civil Fondo de Previsión de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (CCI), la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S. A., no ha tenido ni tiene injerencia en la toma de decisiones de APJ-PDV y CCI en cuanto a las inversiones que éstas realizan.
b) Dentro de las actividades propias de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (APJ-PDV) y de la Asociación Civil Fondo de Previsión de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (CCI), se encuentra la inversión y colocación de recursos en mercados e instrumentos financieros,
inclusive, uno de los presupuestos fundamentales para la existencia y sostenibilidad en el tiempo de estas asociaciones civiles, es la procura de rendimientos iguales o mayores al diez por ciento (10%) anual, y así cubrir la tasa técnica de rendimiento.
c) En el marco de la política de inversión implementada por APJ-PDV y CCI para alcanzar la tasa técnica del diez por ciento (10%) anual, se efectuaron colocaciones en fondos de capital privado pertenecientes al grupo Michael Kenwood, tal y como se evidencia de las ofertas consignadas por la Presidencia de APJ-PCV y CCI el 29 de junio de 2011, por ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
d) En fecha 7 de marzo de 2011, el ciudadano venezolano-norteamericano Francisco Illarramendi, se declaró culpable de varios cargos criminales ante tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, entre los cuales resalta el fraude financiero en perjuicio de sus inversionistas, donde resultaron afectados APJ-PDV y CCI, y actualmente se lleva a cabo un proceso de recuperación de activos para posteriormente resarcir a los inversionistas defraudados.
Ahora bien, siendo que las inversiones y colocaciones financieras efectuadas por APJ-PDV y CCI, constituyen la ejecución y cumplimiento de su mecanismo natural de funcionamiento, que persigue la obtención de rendimientos para satisfacer la tasa técnica, que a su vez hace posible el pago de las cantidades correspondientes a los beneficiarios y su mantenimiento en el tiempo, tal y como se desprende de los documentos que corren insertos en el expediente de la denuncia, resultaría contradictorio afirmar que dicha conducta constituye una desviación de las obligaciones o deberes funcionariales o que favorece a personas o instituciones distintas a los destinatarios finales de los objetivos planteados para la utilización del dinero, ya que tanto APJ-PDV como CCI fueron creados con esos fines y a través de la implementación de éstos mecanismos logra cumplir con el pago de las pensiones, bonos y otras remuneraciones a sus beneficiarios.
Así mismo, debe esta Subcomisión resaltar que la toma de decisiones relativas a inversiones y su ejecución en APJ-PDV y CCI no
corresponden al “tren ejecutivo de PDVSA”, conforme a los documentos recabados durante la investigación parlamentaria.
En lo que respecta al supuesto aprovechamiento, apropiación o distracción de los recursos administrados por APJ-PDV y CCI, esta
Subcomisión observa que no existe elemento alguno que haga presumir o demuestre aprovechamiento, apropiación o distracción de los recursos, por parte de funcionarios públicos venezolanos, toda vez que en los procesos judiciales seguidos en los Estados Unidos de Norteamérica, el Sr. Francisco Illarramendi se declaró culpable de defraudar a sus inversionistas, entre ellos las asociaciones civiles APJ-PDV y CCI.
TERCERO: En cuanto al señalamiento de los denunciantes sobre la responsabilidad del ciudadano Eudomario Carruyo Director de Finanzas de PDVSA, por estar al corriente de la situación que acontece con el dinero del “fondo de pensiones” “administrado por la Junta Directiva de PDVSA…….”, y cuando además indican que el señor Eudomario Carruyo deberá responder por el Patrimonio de la Nación venezolana, que en beneficio de terceras personas nacionales o internacionales se distrajeron, estos recursos fueron colocados en cuentas en el extranjero sin reportar estados financieros referentes a las colocaciones fuera del país, esta Subcomisión reitera lo siguiente:
Tal y como se ha expresado anteriormente, del examen de las actas que conforman el expediente de la presente investigación, se evidencia claramente que la Junta Directiva de PDVSA no administra ni ha administrado los recursos de APJ-PDV o CCI, en tal sentido, considera esta Subcomisión que el argumento de los denunciantes en ese sentido carece de fundamento.
Así mismo, la declaratoria de culpabilidad por parte del Sr. Illarramendi ante la Corte que conoce del caso en los Estados Unidos
de Norteamérica por delitos vinculados al fraude financiero, desvirtúa cualquier denuncia relativa a la distracción de recursos a favor de terceros, toda vez que tanto APJ-PDV como CCI, son víctimas de conductas delictuales, dolosas e inescrupulosas de un agente financiero.
Por último, se evidencia de los estados financieros auditados de la “Asociación Civil Fondo de Previsión de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales” (CCI) para el periodo comprendido entre el año 2007 y 2010, y de los estados financieros auditados de la “Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales” (APJ – PDV) para el periodo comprendido entre el año 2005 y 2010, consignados ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el registro contable de las posiciones y operaciones de ambas asociaciones civiles, lo cual pone nuevamente de manifiesto lo infundada de la denuncia.
CUARTO: Afirman los denunciantes que los recursos de los fondos de pensiones son colocados sin ningún tipo de supervisión. Sobre este particular la Subcomisión observa, que del examen de las actas se evidencia que fueron cumplidos los procesos normativos para la colocación, manejo, supervisión y control de este tipo de recursos, establecidos en el Manual Corporativo de “Procedimiento para el Registro, Control y Colocación de los Recursos de PDVSA y sus Filiales, y los provenientes de los Aportes realizados por los trabajadores Activos y Jubilados”, en consecuencia, queda desvirtuada la denuncia formulada en este sentido.
7.- Recomendaciones
Luego del estudio y análisis de cada una de los hechos denunciados, realizado por la Subcomisión Especial Mixta para investigar las
“Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, integrada por los ciudadanos Diputados: ERICK MAGO, en su carácter de Presidente de la Subcomisión, acompañado de Dip: NANCY ASCENCIO ESTANGA, JHONNY BRACHO, RODOLFO RODRÍGUEZ, ANDRÉS VELÁSQUEZ, por la Comisión Permanente de Republica Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente de Contraloría Comisión
Permanente de Contraloría Avenida Sur 02, Esquina de Pajaritos, Edificio José María Vargas. Piso 04, Oficina 41 Teléfonos (0212)
4096111 – 6830 – 6837 – 6838 – 6849. Caracas, Distrito Capital.
República Bolivariana de Venezuela 34
Contraloría y de los Dip: ROGER CORDERO LARA, RICHARD ROSA, AMÉRICO DE GRAZIA, ALFREDO OSORIO URDANETA Y ORANGEL LÓPEZ por la Comisión Permanente de Energía y Minas; así como los abogados WILLIAMS PARADA Y
FEDERMAN ACOSTA como Equipo Técnico, dando cumplimiento al mandato emanado de la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, concluye que los elementos encontrados y las actitudes asumidas por los funcionarios o funcionarias y particulares denunciados y comprobada en esta investigación, se evidencia que no se cometieron ilícitos administrativos que comprometen sus responsabilidades y que conlleva a esta instancia Parlamentaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en el justo y efectivo ejercicio de las potestades de control que la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela establece, en consecuencia:
En mérito de los hechos probados, las actas que cursan en autos y los razonamientos previamente expuestos, esta Subcomisión que investigó las Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, actuando en atención a las atribuciones previstas en los artículos 187, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pasa a dictar decisión en los siguientes términos:
PRIMERO: Absuelve de toda responsabilidad política a las personas denunciadas en este caso, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el tenor de su artículo 222, al considerar desvirtuados todos y cada uno de los presuntos ilícitos administrativos y al no haberse evidenciado conducta funcionarial comprometida, ni daño patrimonial a PDVSA, a la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (APJ-PDV) o a la Asociación Civil Fondo de Previsión de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus Filiales (CCI), RECOMIENDA QUE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN DEBE SER CERRADA. Y así declara.
SEGUNDO: Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las resultas del presente informe al CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO, (CEDITA) de esta Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente Nº 1435, e igualmente se proceda a desincorporar del sistema de registro de denuncias. Y así se declara.
Finalmente, en cumplimiento de sus competencias relacionadas con la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos, tal como lo establece el artículo 41, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, relacionadas con las competencias de las Comisiones Permanentes, esta Subcomisión, deja constancia que los resultados del presente trabajo de investigación parlamentario, se circunscriben a “Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA)” por la denuncia presentada por los Diputados Ismael Concepción García, Hermes García, Jesús Paraqueima y Miguel Alejandro Pizarro. En consecuencia los miembros de esta Subcomisión Especial Mixta suscriben el presente informe parlamentario.
ERICK MAGO
Presidente de la Subcomisión Especial Mixta que investigar las “Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de
Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
Dip: NANCY ASCENCIO ESTANGA
Dip: JHONNY BRACHO
Dip: RODOLFO RODRÍGUEZ
Dip: ANDRÉS VELÁSQUEZ
Diputados por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Dip: ROGER CORDERO LARA
Dip: RICHARD ROSA
Dip: AMÉRICO DE GRAZIA
Dip: ALFREDO OSORIO URDANETA
Dip: ORANGEL
