La mañana del pasado jueves 14, los integrantes de la Junta Directiva de Alcasa fueron convocados "de urgencia" para una reunión extraordinaria del organismo entre cuyas funciones está conocer y aprobar contratos, convenios, balances y planes.
Los dos directores laborales, Diego Castro y Henry Arias, electos por los trabajadores como en todas las empresas del Estado según normativas de ley, acudieron a la cita suponiendo que la convocatoria tendría que ver con la necesidad de adoptar medidas ante la tragedia ocurrida dos días antes con el accidente de un autobús de transporte de personal y en el que fallecieron dos trabajadores y una docena más resultaron heridos.
Esperaban también que la agenda tendría entre sus puntos alguna respuesta del gobierno en materia de inversiones dada la crisis productiva de la planta y como respuesta a la manifestación que todos los sectores político-sindicales hicieron días antes desde la factoría hasta el edificio sede de la CVG exigiendo atención en recursos al gobierno.
Para sorpresa de ambos directores el único punto en agenda nada tenía que ver con todo lo anterior ni con soluciones a las crecientes deudas laborales.
El punto de cuenta se titulaba: "Solicitud de autorización convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela. Contrato de asistencia técnica para el diagnóstico y estudio de campo para la determinación del tipo de carpintería a implantar en Venezuela".
En resumen, nada de lo que es grave, importante o urgente para Alcasa, para sacarla de la quiebra ni para los problemas de los trabajadores, motivaba la reunión "extraordinaria y urgente" de la directiva de la estatal.
La orden que venía de Miraflores y el Mibam y que el presidente de la empresa, quien se hace llamar "trabajador-presidente", cumplió obedientemente, era autorizar un convenio mediante el cual Alcasa pagaría de los fondos y recursos que no tiene, 319 mil dólares para que 5 consultores y 5 "profesionales" cubanos, enviados por el gobierno de los hermanos Castro hicieran el estudio y determinaran "el tipo de carpintería a implantar en Venezuela".
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, SE ENTIENDE
"¿Qué pueden saber de aluminio en Cuba más de lo que miles de trabajadores o ex trabajadores de Venalum y Alcasa no sepamos o que docenas de pequeñas y medianas empresas privadas que trabajan la carpintería de aluminio no sepan?, se pregunta Henry Arias, quien obviamente protestó y votó en contra.
Arias recordó que la industria del aluminio en Cuba es rudimentaria, con algunos talleres pequeños o medianos sin nada que se parezca ni de lejos a las dos factorías de Guayana e incluso sin el nivel de complejidad técnica que muchas empresas transformadoras en Carabobo, Aragua y la misma Guayana han desarrollado con 40 años de trabajo.
"¿Como es posible que nos convoquen para eso teniendo tantos problemas importantes que ni siquiera están en agenda?", agrega Arias.
Castro, entre tanto, recuerda que si bien esos 319 mil dólares no significan ni la quiebra ni salir de ella para Alcasa, en cambio sí permitirían cancelar deudas con algún proveedor de insumos.
O también cumplir con 8 meses de deuda con la caja de ahorros de los trabajadores (a quienes les descuentan su aporte pero la empresa no lo deposita), con 17 meses de cestaticket, con el pago al IVSS a la LPH.
EMPLEO A CUBA
"Eso es un abuso", protesta Diego Castro, "aquí hay docenas de expertos en aluminio, jubilados, con alta formación técnica, gente que sabe de aluminio. Eso más bien parece un favor al Gobierno de Cuba para dar empleo a alguno de los miles de despedidos de allá".
Ambos dirigentes recuerdan que recientes declaraciones del ministro Alí Rodríguez Araque asoman el regreso del racionamiento eléctrico ya desactivado por decreto aunque vigente en los hechos y por tanto cero esperanzas de reactivación de las celdas de Alcasa.
"Tal parece que el gobierno sigue adelante con su plan de cerrar Alcasa y transformarla en pequeños talleres o EPS y por eso alertamos a los trabajadores", remata Castro.
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