Capítulo contra la descentralizació n y autonomía regional ya se materializó
Era la madrugada del lunes 3 de diciembre de 2007. Ya el CNE había hecho público el resultado oficial: la propuesta de reforma constitucional había sido derrotada en las urnas. Los 69 artículos, votados en dos bloques (A y B) fueron rechazados por 50,7% y 51% de los electores, respectivamente.
"Ni una sola coma de esta propuesta yo retiro. Continúo haciendo la propuesta al pueblo venezolano. Esta propuesta está viva, no está muerta. No se pudo por ahora, pero lo mantengo", advirtió desde el Palacio de Miraflores el presidente Hugo Chávez al admitir la "victoria pírrica" de la oposición. Estimó que 49% de apoyos obtenidos por su propuesta habían sido "un gran salto político" para su proyecto socialista.
Entre marzo y abril de 2009 la Asamblea Nacional se ha encargado de materializar un capítulo clave del proyecto derrotado, al vulnerar el espíritu de los artículos 16, 18, 157, 158 y 164 de la Carta Magna -que expresamente los electores decidieron mantener intactos- con la sanción de la reforma de Ley de Descentralizació n, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados y la más reciente sanción de la Ley del Distrito Capital. Antes, en julio de 2008, mediante la Ley Habilitante , el presidente Chávez emitió el decreto sobre la Ley Orgánica de Administració n Pública, en el paquete contentivo de otras 25 leyes. Esta última abrió las puertas a la designación por parte del Presidente de vicepresidentes regionales por encima de las autoridades electas. Paralelamente, las reformas a la Ley de Descentralizació n contradicen el Artículo 4 de la Constitución que consagra el modelo de Estado federal descentralizado, artículo que no fue sometido a consulta en el referendo.
Los temores que los sectores académicos y políticos expresaron durante la campaña de 2007 para llamar a votar contra la reforma constitucional, se están haciendo realidad. Hasta ahora, las decisiones legislativas consumadas en lo que va de año, apuntan a fortalecer el centralismo y usurpan las atribuciones exclusivas que la Constitución otorga a los estados para el "aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional" (numeral 10 del Artículo 164).
Al recorte presupuestario de alrededor de 20% ordenado por el Ejecutivo Nacional sobre los ingresos del Situado, alegando la necesidad de ajustar el presupuesto a la realidad del ingreso petrolero, se suma la disminución de los ingresos estadales que recibían las gobernaciones por concepto de administració n de autopistas, aeropuertos y terminales, siendo el estado Zulia uno de los más afectados.
La designación ayer de una autoridad única para Caracas se basa en la propuesta derrotada en 2007 que eliminaba la previsto en la Constitución y que establece la obligación de crear una ley especial -pendiente desde 1999- que integre los gobiernos municipales en dos niveles: Distrito Capital y Miranda.
Elvia Gómez
EL UNIVERSAL
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