El Nuevo Herald
El gobierno federal culminó el proceso de confiscación de propiedades y cuentas bancarias de Gerardo Chávez, un ex alto funcionario de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), condenado por recibir sobornos de una empresa de blindajes de automóviles de Venezuela.
También fueron confiscados los fondos de una cuenta bancaria en Miami a nombre de Roberto José Pérez Hernández, presidente y propietario de Blindajes del Caribe (Blincar), empresa de Caracas involucrada en el pago de los sobornos.
Pérez, quien no afronta cargos y colaboró con la investigación del FBI, obtuvo en marzo pasado un plazo de 60 días para explicar el origen de los fondos.
Chávez fue agregado del ICE en la embajada en Caracas entre el 2000 y el 2005. En noviembre del año pasado se declaró culpable de recibir más de $170,000 en sobornos y aceptar una promesa de otro pago de $87,000, a cambio de ordenar la compra de carros blindados para embajadas de América Latina.
Además de los sobornos, Chávez recibió $250,000 en dineros no declarados que, según su abogado, recaudó en inversiones en el polémico mercado paralelo de divisas de Venezuela.
Al momento de iniciarse la investigación, Chávez había sido ascendido a subdirector asistente de Operaciones Internacionales del ICE en Washington.
Un juez federal del Distrito Este de Virginia lo condenó en noviembre a siete años y medio de prisión por aceptación de sobornos y lavado de dinero.
En el proceso judicial surgieron detalles que muestran que el funcionario no sólo abusó de su cargo sino que se extralimitó en sus relaciones con la sociedad venezolana en un agitado estilo de vida que acentuó su dependencia al licor.
Chávez mantuvo "relaciones inapropiadas con acaudalados empresarios venezolanos' ' lo cual incluía salidas a vacaciones en jets privados, afirma uno de los documentos.
Aunque no se le acusó de fraudes migratorios, en una de las mociones los fiscales señalaron como agravante de su conducta el hecho de que Chávez aprobó una inusitada cantidad (325) de trámites preferenciales para expedir visas a EEUU a solicitud de sus amigos empresarios o como un favor de su parte.
En la lista aportada al expediente se indica que uno de los beneficiados con el proceso especial "Tipo A'' fue Hugo Armando Carvajal Barrios. Este nombre coincide exactamente con el del jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela, a quien EEUU señaló luego como colaborador de la guerrilla colombiana en el negocio del narcotráfico y el suministro de armas.
Carvajal fue incluido en septiembre del año pasado en la lista negra del Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La medida se produjo un día después que el presidente Hugo Chávez anunciara la expulsión del embajador estadounidense Patrick Duddy.
El trámite preferencial "Tipo A'' como el aprobado por Gerardo Chávez, exime al solicitante de presentarse en el consulado y se concede a aquellas personas que "representen un interés nacional significativo para Estados Unidos''.
Como requisito para autorizar este trámite, el funcionario estadounidense debe conocer al solicitante personalmente.
Marvin Diller, abogado de Chávez, alegó que no todas las visas aprobadas mediante este procedimiento fueron autorizadas por su cliente ya que otros funcionarios del ICE también hicieron recomendaciones.
Diller identificó como uno de los amigos de Chávez en Venezuela a Carlos Enrique Mourino con quien hizo un viaje a Bonaire en un avión alquilado por el agente, Mourino y Mario de la Rosa. Entre las propiedades confiscadas figuran una decena de inmuebles (casas y apartamentos) en California y Virginia y cuentas en Bank of America y Bank of Commerce, y un vehículo Hummer modelo 2006.
La cuenta congelada a Pérez en el Commerce Bank de Doral, Florida, el pasado 10 de febrero se encuentra a su nombre y al de Ivett Clarisa Arellano.
Otra cuenta confiscada está a nombre de Carmelo B. Arellano en Commerce Bank de Manassa, Virginia.
Desde Caracas, Pérez remitió a El Nuevo Herald a contactar a sus abogados en Miami. Allí uno de los abogados respondió que llamaría más tarde, pero la llamada no se produjo.
La investigación contra Chávez se inició en octubre del 2006 a partir de un memorando escrito por un funcionario del ICE en Venezuela quien denunció las irregularidades con los trámites de las visas.
A medida que la investigación avanzó, señala un memorial del fiscal Neil Hammerstrom Jr., se hallaron documentos bancarios, transacciones con inmuebles, correos electrónicos que revelaban que Chávez recibió "centenares de miles de dólares de ingresos no declarados'' .
Entre sus obligaciones como agregado del ICE en Venezuela, Chávez era responsable de supervisar la adquisición de vehículos blindados para diferentes dependencias diplomáticas de EEUU en la región.
Chávez ordenó la compra de los carros a Blincar por un total de $2.86 millones, operación a cambio de la cual recibió $171,505 del dueño de la empresa. Adicionalmente recibiría $87,110.
En total el gobierno de Estados Unidos adquirió 57 automóviles de los cuales 45 fueron blindados y entregados en agosto del 2007, cuando Chávez y Pérez se enteraron de la investigación.
Según la pesquisa del FBI el funcionario utilizó a ciudadanos de Venezuela, México y Ecuador para depositar en Estados Unidos parte del dinero que supuestamente recaudó en la bolsa negra cambiaria. El mismo se encargó de tramitar las visas de sus intermediarios.
El fiscal recriminó en su memorial a Chávez por el hecho de que uno de los automóviles blindados suministrados por Blincar no pasó una prueba de impactos de arma, a la que fue sometido en movimiento por el FBI en un laboratorio de Estados Unidos.
Sin embargo, Diller alegó que su cliente no era responsable del control de calidad del blindaje.
El abogado explicó que los problemas de alcoholismo de Chávez se agudizaron en Venezuela por la ‘‘cultura social y de negocios'' en América del Sur.
Chávez fue puesto bajo un programa de rehabilitació n y como parte de su acuerdo de se comprometió a cooperar con el gobierno de EEUU.
Deberá entregarse a las autoridades de prisiones el 12 de mayo.
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