Comunicado de FAPUV

La
Federación de Asociaciones de Profesoras y profesores Universitarios de
Venezuela (FAPUV), organización gremial de carácter nacional que
aglutina a más de 40.000 docentes de Educación Superior, se dirige a la
Nación a los fines de dar a conocer un
conjunto de consideraciones en relación con la delicada situación que
hoy confrontan la soberanía nacional, las libertades públicas y los
derechos humanos, sociales, laborales y políticos en nuestro país. Esto
lo hacemos en estricto cumplimiento de los artículos 1º, 2º y 3º de la
Ley de Universidades y de nuestros Principios de Éticos.

Cesión de soberanía
Observamos con gran preocupación el impulso de un conjunto de
políticas, que no han sido consultadas con el pueblo, las universidades
ni la Fuerza Armada, las cuales contrarían los valores de nuestra
tradición republicana y nuestras luchas por la Independencia, la paz y
la libertad, a la vez que ponen en peligro intereses estratégicos de la
Nación. Entre ellas destacan:

Ejército de ocupación

La presencia de un auténtico ejército de ocupación en el territorio
nacional, formado por ciudadanos de nacionalidad cubana que responden a
los intereses y mandatos del gobierno de su país, constituye de hecho,
una cesión de soberanía en áreas vitales como la seguridad y la
educación. A casi 200 años de nuestra independencia, el magisterio
venezolano está siendo sometido al tutelaje ideológico, político y
administrativo de este ejército extranjero. Por razones de dignidad
personal y nacional, rechazamos este intervencionismo descarado que
pone en peligro las grandes conquistas del pueblo venezolano en sus
heroicas luchas.

El Golfo de Venezuela

Las reiteradas tentativas denunciadas y frustradas de llegar a un
acuerdo sobre el Golfo de Venezuela, de espaldas a la opinión pública
nacional, constituyen otra manifestación de renuncia a nuestra
soberanía. Entre ellas destaca la tesis del condominio (explotación
conjunta) de Colombia y Guyana sobre el Golfo de Venezuela y el
Territorio Esequibo, respectivamente, tal como lo expresamos en
remitido público de fecha: 03-11-07, El Nacional, cuerpo
“Ciudadanos”p.7.

Minerales estratégicos

Las firmas de convenios internacionales relacionados con la probable
exportación de minerales estratégicos como el uranio y el torio, aunque
se anuncian con fines pacíficos, pueden contribuir con las tentativas
de otros países de revivir el armamentismo nuclear, en desmedro de la
seguridad y la vida en nuestro país y en el mundo. Un ejemplo, la Ley
Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la
Cooperación en el Área del Uso de la Energía Nuclear con Fines
Pacíficos (Gaceta Oficial N° 139.170, de fecha 04-05-09). Es nuestra
posición que Venezuela y América Latina en general, deben continuar
siendo zona no nuclear. Así lo consagra nuestra Constitución Nacional
en su preámbulo y en el Art. 129, en clara correspondencia con el
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 1° de julio de 1968
y el Tratado sobre Prohibición de Armas de los países de América Latina
en el que Venezuela se declara Zona No Nuclear.

Transferencia de recursos

El intervencionismo de Venezuela en otros países y la entrega, para
usufructo de gobiernos extranjeros, de nuestra renta petrolera,
patrimonio colectivo de las actuales y futuras generaciones
venezolanas, que no puede ser de uso discrecional de Presidente ni de
gobierno alguno, posterga la solución del drama social nacional y frena
nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, nuestra soberanía económica se
pone en serio peligro con la entrega a las multinacionales del 40% de
nuestros yacimientos de petróleo a través de las empresas mixtas, lo
que constituye un retroceso en las conquistas históricas de la sociedad
venezolana en relación con la explotación de su principal industria.

Déficit de democracia
El Estado venezolano dista cada vez más de ser el agente de
transformació n de Venezuela en un país regido por la justicia social y
la democracia, que proyecta la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Los derechos políticos, económicos, sociales, culturales,
ambientales y de los pueblos indígenas que ella consagra, pasaron de
ser demandas de las luchas del pueblo venezolano en las últimas
décadas, a letra muerta, en virtud de la práctica gubernamental de
incumplirlos y violarlos sistemáticamente.

Menoscabo de la descentralizació n y de la democracia participativa

Plasmadas en el texto constitucional y ratificadas en el referendo de
2007, tanto la descentralizació n como la democracia participativa están
siendo sustituidas en la práctica por un centralismo asfixiante, ante
el cual se inclinan todos los poderes públicos -reducidos a meros
instrumentos del Poder Ejecutivo-, que despoja de atribuciones y
recursos a los estados y municipios, se burla de la voluntad popular
expresada electoralmente y a través de la protesta, castiga el disenso
e impone autoridades carentes de legitimidad como ha ocurrido
recientemente en la capital de la República.

Violación de los derechos humanos y el derecho a la protesta

La Constitución de 1999 le otorga el máximo rango a los derechos
humanos. La práctica gubernamental parece menospreciarlos. En el último
año, los cuerpos represivos del Estado asesinaron seis manifestantes,
la mitad de ellos estudiantes, dos trabajadores y un vecino, en
protestas diversas en el país, sin que nadie haya castigado a quienes
dieron la orden de salir a reprimir esos eventos con armas de fuego, lo
que está claramente prohibido en la Constitución Nacional. El propio
Presidente de la República ordenó no hace mucho reprimir a los
estudiantes “con gas del bueno” a pesar de que el Art. 68 de la
Constitución lo prohíbe expresamente. No obstante, el pueblo
venezolano, fiel a una de sus mejores tradiciones, sigue reivindicando
y ejerciendo su derecho a la protesta, cada vez que considera que la
situación lo amerita. Según cifras de PROVEA, entre octubre de 2007 y
septiembre de 2008, hubo en el país 1.763 manifestaciones de protesta,
prevaleciendo en ellas, las demandas de carácter social.

Los principios de equidad y justicia social

La creciente protesta popular en Venezuela es una respuesta a la
insensibilidad social de nuestros gobernantes que cada vez se aíslan
más en su mundo de fantasía, indiferentes al sufrimiento del pueblo. El
peor de los grandes males que hoy aqueja a nuestra sociedad es el saldo
alarmante de muertos que causa día a día la violencia delincuencial,
mientras los órganos encargados de impartir justicia dejan impunes
delitos como los secuestros y los asesinatos. A eso hay que agregar la
crisis hospitalaria, el déficit de vivienda, el deterioro de la
educación en todos sus niveles y la caída de la matrícula pública de
educación básica, la proliferación del trabajo precario y el desempleo,
los salarios de hambre, la escasez y la inflación, en medio de una
corrupción exacerbada que le permite a la oligarquía política exhibir
estilos de vida de gran lujo y ostentación que ofenden a las grandes
mayorías. Y mientras se multiplican las carencias sociales que hace
diez años le dieron curso a una nueva Constitución, la atención
gubernamental se desplaza de los problemas nacionales a las agendas
extranjeras.

Se desconocen los derechos políticos y la libertad de expresión

Hoy, en Venezuela, a los dirigentes políticos que discrepan de las
ejecutorias gubernamentales, se les insulta, persigue, reprime o
inhabilita. Y las garantías constitucionales para el ejercicio de la
libertad de expresión y el derecho a la información no se cumplen.
Periodistas y medios no gubernamentales son perseguidos y/o
silenciados, mientras se obstruye el acceso a las fuentes de
información. Ejemplo obvio de lo que afirmamos es el caso de nuestro
agremiado, el comunicador social Gustavo Azocar, quien, por expresar
sus opiniones, enfrenta en la actualidad un proceso judicial cuyo
propósito es amedrentarlo para que se calle.

Se burlan los derechos sindicales

Así mismo, los gremios, sindicatos, colegios profesionales,
federaciones de trabajadores y de profesionales, son desconocidos y no
se les permite discutir con el Estado-patrón las condiciones y
contraprestació n al trabajo que realizan sus afiliados, lo cual se
pretende resolver con decretos o a través de acuerdos con
organizaciones fantasmas que nadie eligió, cuyos directivos están
dispuestos a suscribir cualquier cosa que exija el gobierno, aunque eso
suponga la violación de la progresividad de derechos laborales
establecida en la Constitución Nacional. Por ejemplo, en la Convención
Colectiva Marco del personal administrativo y obrero de las
universidades, la cláusula de extensión de beneficios, fundamental por
años para el logro de importantes mejoras socioeconómicas, no aparece
por ningún lado. La volaron. Y en la Asamblea Nacional se cocina una
nueva Ley Orgánica del Trabajo que contempla sustituir la libre
organización sindical y gremial por “consejos obreros” nombrados por El
Dedo.

Acoso al sector de Educación, Ciencia y Tecnología

El sector educativo, universitario, de ciencia y tecnología, es objeto
de ataques verbales, presupuestarios y físicos, cada vez mayores.

Violación de la autonomía universitaria

Se desconoce la autonomía de las universidades, se violan sus recintos,
se denigra de sus comunidades, se atropellan sus gremios. A pesar del
dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente Nº.
0445, de fecha 20-07-2000, cuatro universidades permanecen
intervenidas: la UNELLARG desde 1999; la UNEFM, desde 1999; la UNESR,
desde 2000, y la UNELLEZ desde 2001. Esta última es víctima de un
proceso de desarticulació n institucional y de violación de los derechos
laborales de su personal, en virtud del decreto Nº 5.914, Gaceta
Oficial Nº 38.884, de fecha 05 de marzo de 2008. Se aumenta el número
de instituciones de Educación Superior de sólo tiza y pizarrón, sin
laboratorios, ni prácticas de ningún tipo, con docentes sub-pagados y
designados sin pasar por concurso de credenciales ni de oposición.

Cerco presupuestario

El acoso presupuestario se expresa en la asignación para 2009 de un
monto igual al de 2005, que no considera crecimiento ni inflación,
centraliza ilegalmente en OPSU los incrementos salariales y niega toda
posibilidad de apertura de nuevas oportunidades de ingreso a la
Educación Superior de calidad que demanda la juventud venezolana y
manda la Constitución. Además, el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Superior (MPPES), impuso un recorte con base en el Decreto de
“Eliminación del Gasto Suntuario del Sector Público”, que corresponde
al 6% del presupuesto universitario global y se traduce en una
reducción de 30 a 90% en las partidas de funcionamiento, afectando
gravemente las actividades de docencia, investigación y extensión. La
adquisición de equipos, plataformas tecnológicas y uso de Internet se
somete a la consideración de la Vicepresidencia Ejecutiva, para limitar
aún más el desarrollo científico y el libre acceso al conocimiento.

Maltrato al personal docente y de investigación de la Educación Superior

El gobierno evade discutir con la Federación de Asociaciones de
Profesores Universitarios (FAPUV) los necesarios ajustes a través de la
correcta aplicación de las Normas de Homologación. Sigue pendiente el
pago del retroactivo por ajuste salarial del 30%, correspondiente a los
meses de enero a septiembre 2008 y no se ha solicitado el crédito
adicional para honrarlo. No hay fecha de pago de la deuda de pasivos
desde 1998, ni se han realizado los trámites para el pago de la prima
por hogar, el bono alimentario para los profesores eméritos y los 10
días adicionales de bono vacacional a partir del año 2009, que
corresponden por extensión de beneficios al personal docente.

Resulta alarmante, además, la política de amedrentamiento para que los
investigadores se abstengan de formular cualquier crítica al status quo
científico oficialista, como lo demuestra el reciente despido por
oficio de Jaime Requena, Profesor Titular del IDEA. El Presidente de la
República, sin mostrar soportes de lo que afirma, desvaloriza la labor
de nuestros investigadores y desconoce los aportes a la sociedad de las
universidades y de instituciones como el IVIC, que han sido pilares de
la Ciencia en Venezuela. La Misión Ciencia, por otra parte, ha
contribuido con la dispersión y pérdida de eficiencia de los recursos
que se destinan al sector sin ofrecer resultados que la justifiquen.

Desprecio de la carrera docente en Educación Básica y Media

Los artículos 102 y 103 de nuestra Carta Magna establecen el derecho a
una educación de calidad. Pero el Estado venezolano no garantiza
oportunidades similares para alcanzar un elevado nivel educativo, más
bien promueve educación de baja calidad para los sectores de menores
recursos, razón por la cual se ha profundizado la distribución desigual
del acceso al conocimiento. Esto responde a la precaria inversión en el
sector, la baja remuneración de la profesión docente, la interrupción
de clases, el incumplimiento de los programas de alimentación a la
población estudiantil, la dispersión de los recursos de la educación en
un sistema paralelo que reparte títulos vacíos y la escasez de docentes
calificados por falta de reposición oportuna de los cargos y por la
violación del sistema de ascenso e ingreso a la carrera docente
establecido en los artículos 104 y 146 de la Constitución, y en los
artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Educación.

El artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas
están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su
nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación
u orientación política”. En abierta contradicción, con la aplicación de
las Resoluciones 003 y 004 (Gaceta Oficial 39.098 del 14/01/09) y 015
(Gaceta Oficial 39.132 del 05/03/09), para la selección de los
profesionales de la docencia y evaluación para el reconocimiento de la
titularidad de los docentes contratados, recurre a prácticas y
parámetros de discriminació n político partidista. A eso hay que agregar
que los egresados de UPEL y de las carreras de educación de las
Universidades Autónomas no tienen ningún acceso a la contratación.

EXIGIMOS
· Defensa de la soberanía e integridad nacional.

· Cumplimiento estricto de las garantías y derechos constitucionales.

· Separación real de poderes y respeto a la descentralizació n para el ejercicio de la democracia participativa.

· Discusión con los gremios y sindicatos legítimos y representativos.

· Jerarquizació n de la salud, la educación, la generación de conocimiento y el trabajo en la agenda pública nacional.

· Respeto a la carrera docente.

· Cese inmediato del hostigamiento contra las universidades y restitución de la autonomía a las universidades intervenidas.

· Respeto a la integridad académica e institucional de UNELLEZ.

· Asignar los recursos presupuestarios requeridos para el normal
funcionamiento de las Universidades, así como para la ampliación y
diversificació n de la oferta en la Educación Superior; y superación del
cerco presupuestario.

· Mantener la condición de Internet como prioritaria, establecida en el
Decreto N° 825 y negada en el 6.649 sobre eliminación del gasto
suntuario.

· Cumplimiento de la normativa legal vigente que regula la materia
salarial del sector universitario, como lo son las Normas de
Homologación; reivindicaciones por extensión de derechos laborales,
como la prima de hogar para el personal docente de las universidades,
10 días adicionales de bono vacacional y el bono de salud para los
profesores jubilados y pensionados; y pago de las deudas por pasivos
desde 1998, y por retroactivo del anticipo de ajuste salarial de 30%
correspondiente a 2008.

La bonanza petrolera que vivió el país en los últimos años, permitía
tomar previsiones para cubrir los efectos de esta crisis financiera sin
atentar contra las instituciones universitarias, la educación, la salud
y las condiciones de trabajo de los venezolanos. Hoy, con el pretexto
de la crisis se afectan derechos fundamentales del pueblo venezolano,
como salud, educación y trabajo, pero continúa el despilfarro, las
donaciones exorbitantes a otros gobiernos, los viajes fastuosos con
enormes comitivas y la corrupción.

APUCV APULA APUCLA APUDO MONÁGAS APUDO NUEVA ESPARTA APUDO ANZOATEGUI
APUDO BOLÍVAR APUSB APUC APUNET APUNELLEZ APUNESR APAUNA APUNEFM
APUNERMB APUNEG APROUPEL APUNEXPO BARQUISIMETO APUNEXO L.C.M. APUNEXPO
GUAYANA APUNESUR

JUNTA DIRECTIVA

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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