CARACAS
Importantes organizaciones no gubernamentales de Venezuela advirtieron el jueves que una ley que preparan los legisladores leales al presidente Hugo Chávez podría ser utilizada para sofocar financieramente a los grupos que critiquen al Gobierno.
Los legisladores que apoyan al Gobierno alegan que el nuevo proyecto de ley es necesario para aumentar la supervisión de los fondos extranjeros destinados a las organizaciones no gubernamentales (ONG), aunque se comprometieron a escuchar las preocupaciones de sus adversarios antes de redactarla para su posible aprobación en los próximos meses.
El proyecto de ley fue redactado por la Asamblea Nacional que predominantemente favorece a Chávez, y fue en parte una respuesta a la preocupación de que algunas organizaciones podrían estar usando fondos extranjeros en sus esfuerzos para debilitar al gobierno.
''Vamos a oír todas las opiniones de todas las organizaciones que tengan alguna observación'' , destacó el legislador Roy Daza en una entrevista con The Associated Press.
El mandatario y sus aliados en el Congreso han centrado reiteradamente muchas de sus críticas en Súmate, un grupo sin fines de lucro que ayudó a organizar un referendo en el 2004 sobre la permanencia de Chávez en el cargo.
La directora de Súmate, María Corina Machado, calificó a la ley de ''peligrosísima' ', señalando que ''es un mecanismo para acallar voces que tengan gran credibilidad dentro y fuera del país''. Su organización de observación electoral ha recibido $31,000 de la Junta Nacional para la Democracia que financia el gobierno estadounidense y otros donantes, a fin de organizar cursos de educación electoral.
A Machado le preocupa que Súmate pueda ser excluida del registro creado en cumplimiento de la ley y por lo tanto le negaría autorización para continuar trabajando. Agregó que Súmate desafiaría la ley en la Corte Suprema si fuese aprobada.
''Estas organizaciones tienen que ser autónomas y la forma de financiarse a través de la cooperación internacional les permite ser autónomas'', dijo Machado a la AP en una entrevista en la oficina del grupo en Caracas.
Daza, presidente del comité de política extranjera de la asamblea, dijo que la ley sería sometida a ''una revisión'' antes de convocar a una votación final, la cual tendrá que ser programada.
''La política de Súmate es una intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, algo que debe cesar'', afirmó Daza.
Un proyecto de ley señala que las donaciones extranjeras para las ONGs ya no serían enviadas directamente a las agrupaciones sino serán depositadas en un fondo controlado por el Gobierno y las autoridades distribuirían el dinero como consideren conveniente.
''La ley daría al Gobierno poder discrecional para restringir el trabajo de algunas ONG o eliminarlas' ', señaló Feliciano Reyna, director de Sinergia, defensor de derechos humanos, en declaraciones a los periodistas.
Reina dijo que decenas de ONG de Venezuela dependen casi enteramente de la financiación de organizaciones y gobiernos extranjeros. Gran parte de los recursos de Sinergia proceden de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y de Canadá.
Liliana Ortega, que dirige Cofavic, un grupo de derechos humanos, expresó su preocupación, alegando que ``se pone en peligro la existencia de las organizaciones que son incómodas para el gobierno''.
El legislador Carlos Escarra, que respalda a Chávez, indicó que era demasiado prematuro para determinar cómo la ley podría afectar el trabajo de las organizaciones. Pero agregó que Súmate tiene razón para preocuparse.
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