Provea reclamó de la Fiscalía rectificar su postura frente a manifestaciones
Salir con una pancarta y trancar una calle para reclamar por la falta de agua, por el mal estado de una escuela, por el incumplimiento en el pago de los sueldos o para expresar su disconformidad con una autoridad le ha costado a 2.220 venezolanos tener que estar sometidos a un proceso penal, en casi 9 años.
La denuncia la formuló Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acció n en Derechos Humanos (Provea), quien rechazó la amenaza de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de enjuiciar a todo aquel manifestante que "altere la paz pública".
Tras precisar que estas cifras las han obtenido de las informaciones publicadas por el Ministerio Público, por organizaciones sindicales y campesinas y por los medios de comunicación, Alvarado reclamó de Ortega
Díaz que rectifique.
"La fiscal general genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia. Impedirle a quienes buscan un cambio expresarse es la excusa perfecta para la violencia", advirtió.
Asimismo indicó que la postura de la jefa del Ministerio Público es contraria a la Constitución, la cual propugna una democracia "participativa".
"¿Cuándo se es más protagónico y participativo que cuando se reclama un derecho o se protesta por algo que se considera que está mal?", se preguntó Alvarado, quien acto seguido recordó que el presidente Hugo Chávez en reiteradas ocasiones ha invitado a la población a manifestarse cuando las instituciones no respondan oportunamente a las demandas ciudadanas.
Campesinos en la mira El movimiento campesino Jirajara denunció meses atrás que los trabajadores del campo son una de las principales víctimas de la criminalizació n de la protesta. En abril, la organización oficialista informó que 1.507 pequeños agricultores se encontraban en libertad condicional, debido a sus actividades en pro de la guerra contra el latifundio iniciada por el Gobierno.
El diputado Braulio Álvarez ha encabezado distintas movilizaciones hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público para reclamar el fin de los procesos contra los campesinos y para exigir que se identifique y sancione a los autores de los asesinatos de los más de 200 líderes agrarios ocurridos en los últimos años.
A las cifras de Jirajara, Provea suma también las de los distintos sindicatos, los cuales reportan que 150 trabajadores tienen abiertos expedientes en el Ministerio Público por ejercer sus derechos a la manifestación y asociación.
Igualmente Alvarado recordó que sólo en 2007 la Fiscalía inició investigaciones penales contra 120 estudiantes universitarios por participar en las protestas contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión.
"Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar", sentenció.
El domingo, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Chávez aseguró que en Venezuela no se persigue a nadie por lo que piense o haga.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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