En vista de la grave situación de violación de los derechos
humanos en el país, los estudiantes venezolanos dirigen una carta ya
no sólo a la OEA sino también a los demás organismos y movimientos
sociales en el mundo.
Comunicado:
Nosotros, estudiantes de diferentes universidades de Venezuela, en el
espíritu de la libertad, la democracia, la solidaridad y el humanismo,
quiero decir a los ciudadanos de Venezuela y otras naciones, lo
siguiente:
Considerando que en los últimos años, y especialmente durante los
últimos meses, los venezolanos han sido testigos de una escalada de
represión a través de acoso policial, las auditorías fiscales, y
contaminado los procedimientos judiciales contra los opositores
políticos del gobierno, a pesar de su derecho constitucional a
expresar opiniones políticas y denunciar los abusos del gobierno y de
bajo rendimiento.
Como consecuencia del gobierno de abuso de poder antidemocrático de
cientos de ciudadanos han sido perseguidos y se enfrentan a cargos
criminales con las cuentas de ellos en la cárcel sin cargos y en
violación de la ley venezolana.
Entre los detenidos hay hombres de negocios, oficiales de policía,
oficiales de las fuerzas armadas, trabajadores, representantes
sindicales, líderes políticos, funcionarios electos, estudiantes, y
los organizadores de la juventud. Su ?delito? ha sido la de denunciar
los abusos del gobierno y la corrupción.
Considerando lo siguiente: Hemos llegado a la conclusión de que el
Gobierno tiene la intención de criminalizar toda oposición y ha
cerrado de diálogo democrático como medio para resolver los conflictos
sociales.
El gobierno usa tácticas de miedo para intimidar a la ciudadanía.
Estas tácticas incluyen el uso ilegal de recursos del gobierno, la
manipulación de la justicia y la falta de respeto de los derechos de
los ciudadanos en flagrante violación de la Constitución venezolana,
en particular los derechos consagrados en el artículo 2.
Acordamos: Denunciar a la comunidad mundial la existencia de una
política del gobierno venezolano, ampliamente difundida y sistemática
para perseguir a los adversarios políticos usando y abusando del
sistema judicial, ahora bajo el control de la rama ejecutiva del
gobierno.
Este uso indebido de las fronteras de la tiranía y la invalida
oposición legal y democrática o extremadamente arriesgado.
Organizaciones internacionales interesadas en la democracia y los
derechos humanos debe verificar lo que está ocurriendo hoy en
Venezuela, y si están de acuerdo en que la democracia y los derechos
humanos están en peligro grave, que dichas organizaciones tomen las
medidas necesarias para que el Gobierno de cesar y desistir de acoso a
sus ciudadanos.
Decidimos:
Primero: Expresar nuestra solidaridad con todos los presos políticos
en Venezuela y los que sufren la persecución del gobierno por causas
políticas.
Segundo: la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Organización de Estados Americanos para que se apruebe una
inspección oficial, in loco, para verificar lo que aquí denunciamos.
Tras verificar los abusos del gobierno, las organizaciones
internacionales deben intervenir para desenmascarar la persecución
ilegal de los opositores políticos y para hacer tales persecuciones a
una parada completa.
Tercero: Le informamos que seguimos nuestra huelga de hambre que tiene
lugar en frente de la oficina local de la OEA. También declaramos que
vamos a participar en otros actos de desobediencia civil con el fin de
obtener:
1. Nacional y la conciencia internacional de que el gobierno
venezolano está dedicada a la criminalizació n de la oposición
política;
2: conciencia nacional e internacional sobre la existencia de un gran
número de presos políticos en Venezuela, así como la existencia de un
gran número de personas que enfrentan cargos penales por fraude de sus
creencias políticas;
3. La libertad inmediata de Julio Rivas, Carlos Lozada, Nixon Moreno,
y otros estudiantes en la cárcel frente a un sistema judicial corrupto
e injusto.
Reafirmamos la expresión pacífica de ideas, el derecho a decidir de
acuerdo a nuestra conciencia, el derecho a manifestar opiniones, y la
preeminencia del diálogo como herramienta principal del proceso
democrático.
Exigimos a las instituciones nacionales e internacionales el
cumplimiento de sus obligaciones según lo convenido en tratados
internacionales, según lo establecido en la Constitución venezolana,
según lo establecido en las leyes y declaraciones universales que
protegen la libertad y la dignidad.
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We, students from different Venezuelan universities, in the spirit of
freedom, democracy, solidarity and humanism, want to say to the
citizens of Venezuela and other nations the following:
Whereas Over the last few years, and specially over the last few
months, Venezuelans have witnessed an escalation of repression through
police harassment, tax audits, and tainted judicial procedures
directed against political opponents of the government, despite their
constitutional right to express political views and denounce
government abuses and poor performance.
Wehereas: As a consequence of the government undemocratic abuse of
power hundreds of citizens have been persecuted and face criminal
charges with scores of them in jail with no charges and in violation
of Venezuelan law. Among the detainees are businessmen, police
officers, officers of the armed forces, workers, union
representatives, political leaders, elected officials, students, and
youth organizers. Their ?crime? has been to denounce government abuses
and corruption.
Wehereas: We have come to the conclusion that the government intends
to criminalize all opposition and has closed off democratic dialog as
a means to resolve social conflicts. The government uses fear tactics
to intimidate the citizenry. Such tactics include the unlawful use of
government resources, the manipulation of justice, and lack of respect
for the rights of citizens in flagrant violation of the Venezuelan
constitution, particularly the rights enshrined in Article 2.
We Resolve: To denounce to the world community the existence of a
Venezuelan government policy, widely spread and systematic to
persecute political opponents using and abusing the judicial system,
now under the control of the executive branch of government. This
abuse borders on tyranny and renders legal and democratic opposition
void or extremely risky. International organizations concerned with
democracy and human rights must verify what is happening in Venezuela
today, and if they agree that democracy and human rights are under
serious threat, that said organizations take necessary measures so
that the government cease and desist harassing its citizens.
Hereby We Decide:
First: Express our solidarity with all Venezuelan political prisoners
and those that suffer government persecution for political causes.
Second: Petition the Inter-American Commission of Human Rights and the
Organization of American States so that they approve an official
inspection, In Loco, to verify what we here denounce. Having verified
the government?s abuses, the international organizations should
intervene to unmask the illegal persecution of political opponents and
bring such persecutions to a complete stop.
Third: We inform that we continue our hunger strike taking place in
front of the local office of the OAS. We further declare that we will
engage in other legal acts of civil disobedience in order to obtain:
1. National and international awareness that the Venezuelan government
is dedicated to the criminalization of political opposition;
2: National and international awareness concerning the existence of a
large number of political prisoners in Venezuela as well and the
existence of a large number of people facing fraudulent criminal
charges because of their political beliefs;
3. Immediate freedom for Julio Rivas, Carlos Lozada, Nixon Moreno, and
other students now in jail facing a corrupt and unjust judicial
system.
We Reaffirm the peaceful expression of ideas, the right to decide
according to our consciousness, the right to manifest opinions, and
the preeminence of dialog as the main tool of the democratic process.
We Demand from national and international institutions the fulfillment
of their obligations as agreed upon in international treaties, as
established in the Venezuelan Constitution, and as stated in universal
laws and declarations that protect freedom and dignity.
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