La oposición venezolana señaló hoy que inició una campaña internacional en solicitud de apoyo contra el presidente Hugo Chávez y especialmente contra lo que sus líderes consideran una "criminalización de las protestas".
El secretario general del partido opositor Acción Democrática, Henry Ramos, dijo que han acudido a diversos partidos e instancias internacionales para que cuanto antes emitan documentos de "angustia y respaldo" en favor de la oposición venezolana. Entre los partidos a los que se ha pedido su cooperación, Ramos citó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Revolucionario Democrático (PRD, panameño), la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, de Perú) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD, dominicano). Igualmente, fueron contactados los partidos socialistas de Chile y Francia, la Unión Cívica Radical de Argentina y el partido del presidente costarricense Óscar Arias.
También han sido contactados, según Ramos, el Partido Liberal de Colombia y el partido socialista griego, del que forma parte Andreas Papandreu, presidente de la Internacional Socialista. Ramos explicó que se trata de "agotar todos los recursos internacionales" a pesar de que esas gestiones no produzcan resultados favorables inmediatos.
El dirigente opositor explicó que el mundo internacional tiene "sus tiempos" y que el hecho de que no se produzcan reacciones instantáneas no quiere decir que las iniciativas en ese campo sean baldías.
La actual campaña opositora tiene por objeto llamar la atención sobre lo que denomina "criminalización de las protestas", en referencia a la actuación de los cuerpos de orden público y de la fiscalía de la nación frente a marchas de protesta de la oposición.
Citan en ese sentido el lanzamiento de gases el sábado 22 de agosto contra grupos opositores que previamente habían lanzado botellas y piedras contra los agentes y derribado la valla que marcaba el fin de la manifestación convocada para rechazar la nueva ley de educación.
Igualmente, se refieren a declaraciones de la Fiscal general, Luisa Ortega, en las que advirtió de que perseguirá las acciones de violencia o contrarias a la ley que puedan registrarse en marchas opositoras que inicialmente se desarrollen pacíficamente, pero que en algún momento deriven en disturbios.
Además, hubo alusiones a la detención preventiva del dirigente opositor Richard Blanco que la Fiscalía ordenó por entender que agredió y lesionó a un policía que hacía tareas de inteligencia el 22 de agosto.
Ramos negó hoy la versión de la Fiscalía y aseguró que Blanco, que preside el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), protegió al policía de los opositores que lo rodearon al darse cuenta que estaba sacando fotos de los manifestantes.
Por otra parte, portavoces opositores han invitado a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que observen la marcha convocada para el 5 de septiembre como rechazo a la "criminalización de la protesta".
También reconocieron hoy que todavía no han tramitado el permiso necesario para que la marcha del sábado sea legal, pero aseguraron que lo harán en los próximos días.
EFE
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