23/10/09

Denuncian que Venezuela financió armas para Bolivia

Gobiernos de Morales y Chávez no se pronuncian sobre denuncia peruana
Lima.- El Gobierno de Venezuela armó a la policía boliviana a través de la empresa Business Track (BTR), vinculada a la Marina de Perú e investigada por presunto espionaje telefónico, según asegura el diario La República.

Según la versión del diario peruano la embajada venezolana en La Paz pagó a un intermediario peruano unos 280.000 dólares en 2008 para equipos antimotines destinados a la policía boliviana. El rotativo explicó que esta denuncia se sustenta en diversos correos electrónicos, videos y facturas que fueron decomisadas a BTR. El partido opositor Plan Progreso para Bolivia (PPB), que postula a la Presidencia al ex militar derechista Manfred Reyes Villa, criticó fuertemente al gobierno de Evo Morales y le endilgó una supuesta dependencia de Caracas. "Hay una contradicción absoluta entre el discurso del presidente Morales y su actuar político; él habla de soberanía, él habla de respeto a los DDHH y en los hechos propicia la intervención de una potencia extranjera", dijo Erick Fajardo, vocero de PPB, dando entera credibilidad a la publicación. Según el trabajo publicado en el diario La República, el ex oficial de la Marina peruana Carlos Tomasio de Lambarri, hizo gestiones ante la empresa estadounidense Non Lethal Solutions para comprar equipos antimotines, gases lacrimógenos y balines de pimienta. De acuerdo a la versión del diario, Tomasio, quien fungía como representante de la empresa estadounidense, concretó el negocio en enero de 2008 y para ello se reunió con el embajador venezolano en La Paz, Julio Montes Prado. El diputado oficialista César Navarro, presidente de la comisión parlamentaria que investiga los caso de terrorismo, desestimó la versión "porque es fundamentalmente malintencionada porque hay mucha prensa en el Perú, que está subordinada de manera irresponsable a Alan García", añadió. Por el momento ni la Embajada de Venezuela en Bolivia ni el Comando de la Policía ni el Ministerio de Gobierno aceptaron pronunciarse sobre el tema.

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