Lima (dpa) Venezuela compró armas y equipos antimotines en 2008 para entregárselos a la policía de Bolivia, según documentación que está en manos de la Justicia del Perú y que fue hecha pública este viernes por el diario limeño "La República".
Venezuela, a través de su embajada en La Paz, le pagó 280.000 dólares por el material y por capacitación para la policía boliviana al capitán de fragata en retiro peruano Carlos Tomasio, entonces representante para América Latina de la firma estadounidense Non Lethal Solutions (NLS), especializada en equipos antimotines.
"El cargamento consistió en 30 carabinas y ametralladoras TAC-700, 80 pistolas semiautomáticas y un sinnúmero de municiones, compresoras de aire y equipo de entrenamiento", afirma la versión del diario, que se sustenta en correos electrónicos, videos y facturas que le fueron incautados a Tomasio.
La documentación señala que en la transacción participó directamente el entonces embajador venezolano en La Paz, Julio Montes Prado, aunque toda la parte operativa estuvo a cargo de un funcionario de la delegación diplomática, Gabriel Martínez.
La transacción se produjo en momentos en que el gobierno del presidente Evo Morales enfrentaba una ola de protestas promovidas por la oposición.
La información salió a la luz después de que el domingo el congresista peruano Oswaldo Luizar, presidente de una comisión parlamentaria que investiga los casos de espionaje, revelara que dentro del material incautado a Business Track (BTR), una de las firmas dedicadas a esa práctica ilegal en el Perú, se encontraran pagos de la embajada venezolana en La Paz.
Lo aportado ahora por "La República" apunta a que esos pagos no fueron hechos a BTR sino al ahora preso Tomasio, uno de los dueños de esa empresa, pero en su condición de representante de NLS. De los 280.000 dólares pagados, el marino le entregó 210.000 a la firma estadounidense y se quedó con el resto por entrenamiento y comisión.
El abogado de Tomasio, Fernando Silva La Rosa, aseguró que la revelación de que el dinero pagado por la embajada venezolana fue por las armas no perjudica a su cliente, sino, al contrario, "esta operación lícita desmiente las especulaciones sobre un supuesto lavado de activos que le pretende atribuir la comisión de Luizar".
Todo el material está en manos de la jueza María Martínez, quien tiene a su cargo el caso de BTR. Tomasio y el también oficial de la Marina en retiro Elías Ponce Feijóo eran dueños de BTR, empresa que según varias pruebas ofrecía servicios de seguridad electrónica a sus clientes, pero que en realidad se dedicaba al espionaje ilegal por encargo de terceros con intereses empresariales, comerciales o de otra índole.
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