Fondos públicos, problemas de solvencia y regulación dócil en la trama
Con la intervención de BaNorte suman ocho las entidades financieras que han quebrado en las últimas dos semanas
Queremos fusiones
El desmoronamiento de Bolívar, Banpro, Confederado, Canarias, BaNorte, Real, Central y Baninvest ha desnudado la crisis de un sistema financiero paraestatal, oxigenado con recursos provenientes del sector público y mansamente regulado.
Se trata de una vicisitud bancaria con pocos depositantes afectados, donde una buena porción de las captaciones proviene de organismos del Estado.
Al cierre de octubre, de acuerdo con las estadísticas oficiales, un tercio de las captaciones en cuentas de ahorro, corriente y a plazo emanan del sector público y si se toman en cuenta otras vías para succionar bolívares como el mercado overnight y mesas de dinero, afloran casos como el del Canarias, donde 41,5% del dinero fue aportado por el Estado venezolano.
El grueso de los recursos gestionados a través de fideicomisos no escapa a esta peculiaridad. Al cierre de junio de este año 52,69% de los recursos administrados por el Canarias bajo esta figura provienen de organismos públicos; en Banpro se trata de 53,22%; en Central de 84,44%; en Confederado 78,22% y en Bolívar la astronómica proporción de 94,94%.
Otro sello característico es la fragilidad de los indicadores de solvencia, rasgo que es evidente en diciembre de 2008 cuando en cuatro casos ya no es posible cumplir con la norma que obliga a que el dinero de los dueños del banco equivalga al menos a 8% de los activos.
Para esa fecha el índice de capitalización del Bolívar sólo ascendía a 7,30%, en Confederado 5,74%, en Central 5,5% y en BaNorte 5,15%.
Notas pesadas De acuerdo con los reglamentos, los bancos venezolanos sólo pueden tener dólares o bonos y papeles en divisas por una cantidad que no supere 30% del patrimonio, pero los bancos hoy intervenidos, junto a otras entidades del sistema, van a idear un mecanismo que por mucho tiempo fue ignorado por las autoridades.
La ingeniería consistió en comprar bonos en divisas o notas en dólares confeccionadas por el Ministerio de Finanzas con títulos ecuatorianos y argentinos, que fueron depositados en instituciones del exterior, entre las que se encuentran Lehman Brothers y Merill Lynch, entre otros.
A su vez, estas instituciones emitieron notas en bolívares, respaldadas con los dólares y papeles recibidos en depósitos y se las entregaron a los bancos venezolanos.
De esta forma, en los balances aparecían papeles en bolívares y no en divisas.
El 19 de mayo de 2008 el Ministerio de Finanzas decidió desmontar las voluminosas notas estructuradas y obligó a una serie de bancos a vender los bonos, entre ellos Central, Banpro, Bolívar, Canarias y Confederado, que solicitaron un plazo mayor argumentando que registrarían fuertes pérdidas.
Analistas financieros consideran que es digno de observar que las autoridades dejan que el negocio de las notas estructuradas prospere durante más de un año entre los bancos, sobre todo en los paraestatales.
Fondos y juntas A pesar de enviar documentos, recaudos y activar abogados a su servicio, Ricardo Fernández Barrueco no logró que la Superintendencia de Bancos aprobara el origen de fondos para la compra de Bolívar y Banpro, sin embargo, pudo modificar las juntas directivas y colocar a personal de su entera confianza.
La solicitud de compra de los dos bancos se introduce el 30 de diciembre de 2008 y sin que se hubiese aprobado la operación en julio de 2009 cambia la conformación de la junta directiva del Bolívar cuando José López Pernalette, hoy con prohibición de salida del país, sustituye a Gustavo Morales en la presidencia del banco.
En Banpro José López Pernalette también asume el mando y sustituye en la presidencia a Guido González.
Paradójicamente estos cambios en la junta directiva que permiten en la práctica una nueva administración, cercana a Ricardo Fernández, tuvieron que ser admitidos por la propia Superintendencia de Bancos.
Además, la Superintendencia está encargada de certificar que los integrantes de la junta directiva de una entidad financiera cumplan con los requisitos de "experiencia, honorabilidad y solvencia" que exige la Ley General de Bancos.
De acuerdo con las normas del organismo, establecidas en resoluciones de 2005, para que se produzca la modificación de la junta directiva es necesaria su aprobación previa.
Los cambios en las juntas directivas van a facilitar la entrega de millones de bolívares en créditos a las empresas de Ricardo Fernández Barrueco.
Episodio BaNorte Un año y siete meses atrás, explican fuentes cercanas a la operación, José Zambrano le compró a Carlos Gill la totalidad de las acciones de BaNorte.
Carlos Gill recibió el permiso para vender y el traspaso de las acciones se concretó a través de la Bolsa de Valores de Caracas por una cifra que al tipo de cambio paralelo de la época representó 16 millones de dólares.
Aunque se mantuvo al frente de BaNorte por más de un año y medio, fuentes financieras aseguran que increíblemente José Zambrano no recibió la aprobación del origen de fondos.
La Superintendencia de Bancos destaca entre las razones que explican la intervención de Banorte que "venía siendo objeto de medidas administrativas por parte de la autoridad supervisora y había visto objetada su solicitud de traspaso de acciones".
Entre el grupo de empresas de Zambrano también se encuentra Zuma Seguros.
El Universal
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