Internacional y Diplomacia
Embajada en Caracas emitió comunicado "preocupada por los rumores"
EE UU rechaza actos ilegales en Venezuela que buscan alterar el orden constitucional
La misión estadounidense anunció que tomará todas las acciones permitidas por las leyes de ese país “contra cualquier persona que participe en acciones violentas con el propósito de derrocar, o preservar, el actual Gobierno de Venezuela”
Estados Unidos admitió su inquietud por los rumores que circulan en el ambiente político venezolano y dijo que tomará todas las medidas legales posibles “contra cualquier persona que participe en acciones ilegales o violentas con el propósito de derrocar, o preservar, el actual Gobierno de Venezuela”.
“La Embajada de Estados Unidos observa con gran preocupación el hecho de que se estén intensificando los rumores, cada vez más específicos, sobre planes de recurrir a los medios violentos e inconstitucionales para resolver la crisis política actual”, afirmó esa misión en un comunicado.
El documento denuncia que “de una manera altamente irresponsable han aparecido anuncios en la prensa y se están distribuyendo volantes que exigen a los militares que se levanten contra el Gobierno constitucional y democráticamente electo de Venezuela”.
Llamó a ejercer la libertad de expresión “de una manera responsable y ética” y a abstenerse de “incitar a la violencia para provocar una ruptura del orden constitucional del país”..
Sin embargo, el texto también rechaza cualquier acto ilegal que busque alterar el orden constitucional “para mantener al Gobierno en el poder”. Además, exhorta a todas las partes a respetar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y a apoyar los esfuerzos para iniciar "un verdadero diálogo" emprendidos por ese organismo junto con el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Nuestras acciones legales podrían incluir la negativa de conceder visas para entrar a Estados Unidos”, explicó posteriormente un vocero de la embajada, consultado vía telefónica. Sin embargo, el funcionario se negó a profundizar sobre las medidas legales, puesto que aún no se ha estudiado a fondo las distintas posibilidades.
Otra fuente diplomática precisó que la preocupación de los estadounidenses se debía especialmente a un remitido publicado en la prensa y distribuido a manera de volante por la organización Fuerza Solidaria, de Alejandro Peña Esclusa, en el que se llama a la Fuerza Armada Nacional a “proteger a la sociedad civil, restablecer el hilo constitucional y deponer a los asesinos del 11-A”. El comunicado de la Embajada concluye con la siguiente frase: “Depende de los propios venezolanos trabajar conjuntamente para encontrar una solución pacífica, constitucional y democrática a la crisis política actual”. El pasado 13 de septiembre, el jefe de la misión estadounidense, Charles Shapiro, insistió en ello al afirmar: “En Estados Unidos vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar en ese proceso (la solución de la crisis política venezolana), pero no nos corresponde a nosotros dar las soluciones”.
El diplomático, que realizó esa declaración a propósito de la visita de la misión del Centro Carter, la OEA y el PNUD, comentó que cualquier decisión sobre la posibilidad de que se convoque nuevamente un proceso electoral, debe ser tomada por el pueblo venezolano.
La misión estadounidense ha aumentado sus expresiones de neutralidad a raíz de la polémica suscitada en el pasado mes de julio por el anuncio de la eventual inauguración de una Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés). La creación de ese despacho fue interpretada por algunos simpatizantes del presidente Chávez como una acción dirigida a producir un cambio de Gobierno en Venezuela.
La polémica llegó hasta el punto de que durante el mes de agosto Shapiro se reunió con varios líderes del partido Patria Para Todos y con integrantes de los círculos bolivarianos, quienes lo interrogaron sobre la OTI. Al décimo día de ese mes, en un artículo publicado en El Nacional, el embajador dio por cerrado el tema al afirmar que el objetivo de la oficina sería “promover un buen ejercicio del poder, mejor administració n pública, los valores democráticos, y el robustecimiento de las instituciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil”.
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