elnuevoherald.com.- Las confiscaciones de tierras productivas han tenido también un impacto palpable para la vida cotidiana de los venezolanos. A fines del 2009, se habían intervenido un tercio de las 6.6 millones de hectáreas productivas del país, según el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Pero apenas 50,000 hectáreas se encuentran en plena producción, de acuerdo con estimados de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).
“‘En el 2003 todavía los productores venezolanos estábamos en capacidad de prácticamente autoabastecernos de carne”, dijo Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedenaga.
Actualmente, agregó, la producción nacional es ya inferior al 30 por ciento de la oferta, y el país importa el 70 por ciento de la carne que consume.
La decadente situación del país ha promovido una descomunal fuga de talentos y recursos, sin comparación con anteriores gobiernos. Un estudio del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), un organismo intergubernamental con sede en Caracas, indicó que la emigración de profesionales venezolanos altamente calificados creció 216 por ciento entre 1999 y el 2007.
Por ejemplo, un tercio de los 21,000 profesionales petroleros despedidos por Chávez durante el paro del sector del 2002 al 2003, entre ellos una élite de 2,000 científicos e investigadores, ahora trabajan para firmas en Arabia Saudita, Kuwait, Canadá y Estados Unidos, entre otros, dijo Juan Fernández, ex ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que reside en Miami.
Según Claudio Bifano, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, la fuga de talentos “asola a las universidades y centros científicos en el país como nunca antes”.
Bifano citó entre las razones del fenómeno la reducción del sector empresarial privado, que restringe las oportunidades para la investigación aplicada, y “el privilegio de las inclinaciones políticas sobre las condiciones académicas”.
A la par de la fuga de cerebros ha ido la de los capitales. Entre 1999 y el 2009 salieron más de $110,000 millones en capitales privados, un monto que supera los recursos que se fugaron entre 1950 y 1999, según cifras del Banco Central de Venezuela y cálculos de los economistas independientes Emilio Medina-Smith y Jesús Casique, que han estudiado el fenómeno.
Una parte importante de estos dineros han salido como parte de la descomunal corrupción pública que ha afectado al país.
“En comparación con los chavistas, los gobiernos del pasado son unos niños en el vientre de sus madres en materia de corrupción”, dijo a El Nuevo Herald Ismael García, diputado del Partido Por la Democracia Social (Podemos).
García denunció en noviembre que una red de banqueros y empresarios conocidos como ‘‘boliburgueses”, obtuvo enormes ganancias gracias a la colocación de bonos de la deuda pública venezolana en el mercado internacional.
También los banqueros utilizaron préstamos y depósitos de entidades oficiales para adquirir bancos privados. A su vez, con los depósitos de los bancos recién adquiridos, adquirieron nuevas entidades financieras, un procedimiento penado por las leyes venezolanas.
Semanas después de estas denuncias, varios de estos banqueros fueron encarcelados y acusados por la Fiscalía General de Venezuela, una de las pocas veces en que el gobierno dio la razón a opositores por sus críticas a los altos niveles de corrupción.
A medida que la crisis se agudiza, Chávez restringe las libertades de expresión. En los últimos días, cerró media docena de estaciones de televisión por cable, en medio de crecientes críticas nacionales e internacionales.
Las proveedoras de cables de Venezuela dejaron de transmitir la programación de seis canales privados, entre ellos RCTV Internacional, desde el 23 de enero. Esta decisión, en particular, fue un detonante de las protestas.
El director del Consejo Nacional de telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, argumentó que los canales suspendidos se negaron a transmitir en cadena nacional en dos ocasiones los mensajes y discursos de Chávez.
Marcel Granier, presidente de RCTV Internacional denunció que el gobierno les impuso la categorización de canal nacional para obligarlos a transmitir las cadenas presidenciales, a pesar de que se trata de un canal registrado en Miami, y que se transmite a través de servicios de suscripción por cable.
“Ni siquiera nos dieron la oportunidad legal para argumentar por qué nos consideramos un canal internacional”, declaró Granier a El Nuevo Herald.
La reducción de los medios privados, contrasta con el auge de los estatales. Según Antonio Pasquali, experto comunicacional, Chávez ha construido un “latifundio mediático”, que pasó de apenas una decena de medios en 1998, a más de 700 periódicos, canales de televisión y radioemisoras.
Para Pasquali, Chávez es el primer político en la historia del país “en haber asumido a plenitud el poder de las comunicaciones, sobre todo radioeléctricas, para garantizarse por saturación de mensajes un predominio ideológico que lo eternice en el poder”.
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