La abogada Lyli López, quien libra una batalla en defensa de la Constitución Nacional, con 27 demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia, ha llegado a la conclusión de que en este país no tenemos justicia porque los magistrados del Poder Judicial contravienen las normas y no respetan al país, ni al estado de derecho.
"Si los propios magistrados -manifiesta- contravienen las normas de la Constitución, de supervisión y control del Poder Judicial, podemos decir que no tendremos justicia mientras no haya magistrados que den ejemplo, respetando al país y al estado de derecho".
Lyli López siempre ha sido dirigente desde los tiempos de liceísta en su natal Valle de la Pascua. Allá fue ejemplo para los jóvenes de su generación que creían en la igualdad de los ciudadanos. Por eso escogió la carrera de abogada, que estudió en la Universidad de Carabobo, donde se graduó en 1993.
En Valencia lleva 17 años ejerciendo su profesión como abogada litigante y constitucional, demostrando su capacidad de luchadora incansable en la defensa de la Constitución, con denuncias que ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, poco dispuesto a escuchar a quienes no comparten el criterio de que el presidente Chávez está por encima de todos los poderes.
- Usted se ha dedicado a la defensa de la Constitución porque considera que sus principios son violados por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República. ¿Cuáles son los más graves de esos atropellos?
- En los cambios que se están dando en el país, hay violaciones de garantías de la Constitución, cuyo artículo 49 contiene normas que garantizan derechos como la presunción de la inocencia, por lo cual debemos ser juzgados por un juez natural e imparcial.
Está establecido que sólo podemos ser detenidos si estamos en flagrancia y que debemos estar asistidos de un abogado de confianza. Pero, cada día, se atropellan y se menoscaban esas garantías constitucionales.
Sin ninguna garantía, hay privación ilegítima de la libertad, del derecho a la información. Hay casos puntuales de personas privadas ilegítimamente de su libertad, maltratadas y golpeadas. Pero, a muchas personas, les da miedo denunciar esas actuaciones excesivas.
Vemos, con mucha preocupación, cómo la seguridad y la vida están en riesgo. Porque esos derechos no están siendo garantizados por los organismos correspondientes, para permitir que los ciudadanos vivamos con tranquilidad, con paz. Vemos cómo siguen aumentando los homicidios, los robos, los hurtos.
No podemos seguir viviendo en este estado de zozobra, por excesos y extralimitaciones de algunos funcionarios que no respetan, ni siquiera, la Constitución y la institucionalidad de la democracia.
- Usted ha solicitado la nulidad de 27 leyes. ¿Cree que el Poder Judicial atenderá esas demandas?
- El 28 de julio de 2009 introdujimos, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una recurso de nulidad por un conjunto de leyes que contravienen disposiciones consagradas por la Constitución. Son 27 leyes que utilizan la expresión estado socialista, revolución socialista, socialismo del siglo XXI.
Una de esas leyes inconstitucionales es la del Ince, que fue cambiada por el presidente de la República, Hugo Chávez, para ponerle el nombre de Instituto de Educación y Capacitación Socialista.
Esa ley tiene 59 veces la expresión socialista. Algo totalmente flagrante, contradictorio a lo que consagra el artículo 2 de la Constitución bolivariana, que establece que Venezuela es un estado democrático, social, de derecho y de justicia, que están por encima de cualquier otra disposición.
Es decir que todos los ciudadanos venezolanos, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, tenemos acceso a los órganos de justicia. Por lo tanto, debe haber celeridad y respuesta por parte de los funcionarios públicos.
En esas 27 leyes, el Presidente de la República ha permitido expresiones que no corresponden a la legislación venezolana, a las tradiciones, a las luchas y a las conquistas de nuestros libertadores. Ahora, a los años que van de la Independencia y de la Federación se le agregan los de la revolución bolivariana. Jamás y nunca ha sido autorizado ningún ciudadano para utilizar expresiones distintas a las consagradas por la República.
El artículo 132 del Código Penal establece que todo ciudadano, dentro o fuera del territorio nacional, que conspire para cambiar la forma política republicana de la nación, será penado con presidio de 8 a 16 años.
La república es la libertad, la democracia, el manifiesto del poder originario que, a través de una Constituyente, dio paso a una nueva Constitución que siguió el legado que nos dejaron los libertadores desde 1811.
- ¿Cuál ha sido el destino de sus demandas?
- Esa denuncia demuestra que el Ejecutivo Nacional se extralimitó en sus funciones junto con los ministros que, con sus rúbricas, refrendaron esas leyes. Ellos han desestabilizado a la democracia en nuestro país, creando una estructura distinta. Porque tenemos un estado constitucional y un estado que choca con la Constitución, creado por el Ejecutivo Nacional y por el órgano legislativo, que no representan al soberano.
No tenemos respuesta de la Sala Constitucional, pero investigamos por qué no se había decidido sobre algo tan fundamental, cuando en 2007 dijimos "no" a una reforma constitucional que iba en contra de nuestros valores. Se pretendía legitimar un sistema socialista que, jamás y nunca, se le ha explicado a los ciudadanos y que nunca ha existido en las 25 constituciones que ha tenido la República.
En nuestras investigaciones, nos encontramos con una declaración sumamente grave, grotesca, dada por la magistrada Luisa Estella Morales. Ella propuso que deberíamos ir a la disolución de los poderes. Esto es una aberración jurídica, porque no puede cambiarse el sistema democrático si no es por la voluntad del pueblo, como poder originario que decide.
La Constitución debe ser respetada, como se establece en su artículo 7. Además, el Tribunal Supremo de Justicia, como Poder Judicial, es el garante de la Constitución, cuyo máximo intérprete es la Sala Constitucional.
Seguimos investigando y nos encontramos con que, el 14 de enero de este año, en una resolución publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, resolución 2010-001, se establece que, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución, el Tribunal establece que su comisión judicial está integrada por seis magistrados, en representació n de cada una de las salas que lo integran.
De acuerdo con disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia, los presidentes de esas salas no podrán formar parte de la comisión judicial. Sin embargo, de los seis magistrados, cuatro son presidentes de salas: Luisa Estella Morales Lamuño, presidenta del Tribunal, de la Comisión Judicial y de la Sala Constitucional; Iris Armenia Peña Espinoza, presidenta de la Sala de Casación Civil; Eladio Aponte Aponte, presidenta de la Sala de Casación Penal; Luis Alfredo Sucre, presidente de la Sala Electoral; y Evelín Marrero, presidenta de la Sala Político Administrativa.
- Sin embargo, se atendió su denuncia según la cual a los diputados de la Asamblea Nacional se les estaban limitando sus derechos.
- Es cierto, presentamos, a la Asamblea Nacional, el 6 de agosto de 2009, el informe sobre el proyecto de ley especial contra delitos mediáticos que la Fiscal General de la República presentó. Allí se violaban garantías constitucionales y derechos humanos. El mismo día obtuvimos respuesta porque el proyecto limitaba las competencias de los diputados.
- ¿Cómo intentaron limitarle los derechos a los parlamentarios?
- Había un artículo especial según el cual, los diputados tenían inmunidad, únicamente, cuando estaban en el recinto del Palacio Federal donde se producen las leyes. Pusimos un alerta ante la Asamblea Nacional, y ese mismo día, la presidenta Cilia Flores se pronunció y dijo que no iba la ley.
Pero hemos hecho otras denuncias importantes, de las cuales no hemos tenido respuesta. El problema está en que no hay autonomía de los poderes y no se respeta el estado de derecho, y el pueblo está a un lado. No se respeta la Constitución, aprobada por el poder originario que garantiza la democracia. Entonces, cada uno de esos funcionarios, que milita en el partido del presidente Chávez, no defienden a su patria. Nosotros sí la defendemos y trabajamos por sus valores.
- ¿Por qué denunció al ex presidente del Consejo Legislativo, Augusto Martínez?
- Denunciamos, ante la fiscal superior del Estado Carabobo, al ex presidente del Consejo Legislativo, Augusto Martínez, porque emitió una circular dirigida a los legisladores, con el sello del estado, y colocó al final: "patria, socialismo o muerte, venceremos".
No hemos recibido respuesta. Es evidente que no se están respetando las instituciones y la división de poderes. El legislador Martínez no podía hacer eso porque está conspirando en contra de la República, de la patria y de la libertad.
Seguiremos defendiendo esta patria que nos dejaron los libertadores. No nos rendiremos ante la arbitrariedad ni la extralimitació n de poderes de un funcionario público, que es un transeúnte de este gobierno.
Una experiencia
- ¿Cómo fue su experiencia en el gobierno del general Luis Felipe Acosta Carles?
- Fue una buena experiencia por el trabajo que desarrollamos para beneficio de la gente más necesitada. Participamos en la campaña electoral de Acosta Carles, como candidato a gobernador de Carabobo, en la Fundación Para mi Pueblo.
Daba asesoría jurídica y redactaba documentos de manera gratuita. Durante seis meses estuvimos trabajando y sentimos un alto compromiso social con el Estado Carabobo. Había demasiada debilidad jurídica de los más pobres, por lo cual creí que era mi deber colaborar.
Soñaba con que lo novedoso de la Constitución en el aspecto social, impondría cambios trascendentales en el país. Con esa esperanza entré al gobierno de Carabobo. Me nombraron secretaria de gobierno para la Descentralizació n.
Estuve seis meses asesorando al gobernador Acosta Carles, en el Consejo Estadal de Gobierno de Coordinación de Políticas Públicas.
Redactamos el reglamento interno de ese consejo. Al poco tiempo eliminaron la secretaría. No me imaginé que había la orden del Gobierno Nacional de acabar con todo lo que tuviera que ver con la descentralizació n.
A pesar de todo, seguí trabajando en la Fundación de Unidades de Batalla Social (Funbas), que había creado con el objetivo de que, a través de la autogestión, la cogestión y el desarrollo sustentable, se pudieran solucionar problemas de las comunidades. Creamos
también 18 casas de justicia. Con un grupo de abogados, nos trasladábamos a dar asesoría jurídica en sectores populares, insistiendo en que todos somos iguales ante la ley.
También nos desempeñamos como vicepresidenta del comité de Protección Civil y Administració n de Desastres del estado, donde tuvo actuación destacada, durante la vaguada ocurrida en los carnavales de 2004, en Puerto Cabello.
- ¿Por qué dejó de colaborar con la gestión de Acosta Carles?
- No había motivos para continuar participando en una administració n con la cual no estábamos de acuerdo, porque no se estaban cumpliendo los objetivos por los cuales luchamos.
Preferimos pasar a actividades privadas.
Actualmente presido la Comisión del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, y la organización de Justicia Social Integral del Colegio de Abogados. WWW.EL-CARABOBENO. COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario