El informe de la Cidh

Luis Izquiel
El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), sobre la situación de los derechos fundamentales en nuestro país, refleja de forma precisa la manera en la que el Gobierno venezolano ha venido conculcando nuestras principales libertades en los últimos años.
La elaboración del documento titulado "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", costó más de un año de trabajo de la Cidh. Consta de 326 páginas, divididas en nueve contundentes capítulos. Antes de su publicación el 24 de febrero pasado, el informe le había sido enviado al Gobierno venezolano el 9 de noviembre de 2009 para que ejerciera su defensa y le realizara las observaciones que considerara. La respuesta con el descargo fue enviada a la Cidh el 19 de diciembre. Todo se hizo ajustado a derecho.
Uno de sus puntos, se refiere a la falta de separación de poderes en Venezuela. Allí se señala que los jueces y fiscales son nombrados de forma discrecional, sin concursos de oposición. Asimismo, La destitución de estos funcionarios, se realiza sin el correspondiente proceso administrativo. No tienen ningún tipo de estabilidad en el cargo. Sin independencia, el Poder Ejecutivo interfiere con facilidad en las decisiones de los jueces y fiscales.
La inseguridad en nuestro país, también queda plasmada en el informe. En él se deja constancia de que sólo en 2008, en Venezuela se produjeron 13.780 homicidios, lo que representa un promedio de 1.148 mensuales y 38 diarios. Se destaca que es alarmante la cifra de niños y adolescentes asesinados. A la hora de identificar a los criminales, la impunidad es la que reina.
En cuanto al secuestro, se señala que entre 2005 y 2007, ocurrieron un promedio de 200 al año. Esta cifra se incrementó a 300 en 2008. Todo esto, sin contar con la gran cantidad de delitos similares que no son denunciados.
En el informe se observa con gravedad la violencia en las cárceles venezolanas. Entre 1999 y 2008, han muerto en los centros penitenciarios cerca de 4.000 reclusos. Casi uno diario. Los heridos suman alrededor de 12.000. El hacinamiento y el retardo procesal, son también males recurrentes. El 65% de los presos son procesados sin condena. Lejos de ser sitios de regeneración, nuestras cárceles son escuelas de delincuentes.
El documento de la Cidh, refleja la criminalizació n de la disidencia. Muchos de los adversarios políticos son imputados por delitos comunes y algunos han sido encarcelados injustamente. Por otra parte, los opositores que alcanzaron victorias en las elecciones de noviembre de 2008, han sido despojados de gran parte de las competencias de sus cargos. Al mismo tiempo, 260 venezolanos contrarios a las políticas del Gobierno, han sido inhabilitados inconstitucionalmen te. La persecución del que piensa distinto es la regla del régimen.
Los constantes ataques a la libertad de expresión son plasmados en el informe. Allí se hace mención del cierre de 32 radioemisoras y las amenazas contra otras 240. La reiterada apertura de expedientes administrativos a canales como Globovisión y el encarcelamiento de periodistas como Gustavo Azocar son igualmente motivo de preocupación.
En cuanto la violencia política, se deja constancia de la existencia de grupos como la Piedrita, los Tupamaros, Alexis Vive y otros, que actúan libremente con la protección y auspicio de organismos del Estado.
Las manifestaciones pacíficas, han sido atacadas violentamente por los cuerpos de seguridad del Estado. En ellas muchos venezolanos han perdido la vida y otros han sido heridos. Algunos ciudadanos han sido encarcelados o sometidos a procesos penales, simplemente por protestar.
Ante la contundencia del informe, la respuesta oficial ha sido la de descalificar a la Cidh y amenazar con salirse del tratado que la rige: la "Convención Americana Sobre Derechos Humanos". Sin embargo, con este histórico documento, el Gobierno de Hugo Chávez ha quedado desenmascarado ante el mundo como un régimen que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los venezolanos.