Criminales aquí
L os venezolanos debemos estar muy pendientes de las cuestiones de Colombia, en especial en estos días que se aproxima el traspaso de mando de manos del mandatario colombiano Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, el presidente electo. Son días de incertidumbre no sólo para los venezolanos que viven en la frontera y sufren la recalcitrante actitud de las huestes rojo rojitas, sino de los colombianos que viven en Venezuela y que son sospechosos habituales de la Guardia Nacional Bolivariana por el simple hecho de haber nacido en territorio de la hermana república.
Esta suerte de apartheid contra cualquier colombiano que cargue una cámara fotográfica y que, por esa idiota y racista razón, va preso, se le confina a un calabozo y se le interroga como si fuera un terrorista, nos recuerda tanto y muchísimo al fascismo europeo de la Segunda Guerra Mundial y que hoy trata de sobrevivir tanto en Europa como en Venezuela.
Reiteradas veces se ha acusado al gobierno de Uribe de ser derechista y de airear intenciones paramilitares. Pero, en ningún momento, se le ha vinculado rotundamente con el narcotráfico, como es el caso del ex presidente Samper, hoy aliado íntimo y por carambolas de Chávez.
Al contrario, a Álvaro Uribe se le puede señalar de tantas grandes y menudas cosas, como ocurre habitualmente con los presidentes de turno, pero jamás de estar maridado con el crimen organizado.
A Correa, que hoy en Ecuador se rasga las vestiduras por las agresiones de Colombia, se le ha descubierto, a través de sus ministros de confianza, una clandestina red de apoyos a las FARC que, si bien no se manejaba desde la presidencia, sí se la dejaba hacer y deshacer en la frontera sur. Que hubiera complicidad política está más que evidenciado, y que quizás el Ejército se hiciera de la vista gorda está en revisión.
En Venezuela pasa lo mismo. Tenemos un gobierno cuyo conductor máximo se ha dado el tupé de exigir a la comunidad internacional que ya "es hora de reconocer el estatus de beligerancia para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia". Valga decir, legalizar las bandas guerrilleras que no sólo custodian las redes del narcotráfico sino que hoy en día son cultivadores, procesadores y exportadores exitosos y globales de cocaína.
Cuando el Gobierno de Venezuela hace esta exigencia ante la opinión pública mundial, se está quitando la careta de enemigo del capitalismo porque las FARC, como rotundamente se sabe, forman parte de una extensa red del crimen organizado que usa los puertos, a los funcionarios y a los empleados de los bancos para materializar sus ganancias.
Los venezolanos honestos se preguntan si legalizar políticamente a las FARC es un acto de reivindicación revolucionaria o es un trato mafioso de alto vuelo con el crimen organizado que hoy es responsable de los secuestros, de la violencia permanente en nuestras grandes ciudades y de los asesinatos que ocurren en los barrios día a día.
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