Buenos Aires.- El testigo que en 2007 denunció en Argentina el supuesto pago de sobornos para hacer negocios con Venezuela dio un nombre falso y no puede ser hallado en el país, asegura hoy el diario bonaerense Clarín.
Rogelio Martínez es el nombre que el testigo dio a la Defensoría del Pueblo cuando hace tres años denunció el escándalo ante este organismo por entonces conducido por Eduardo Mondino, citó Efe.
Según Clarín, el hombre dijo vivir en la localidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba (centro), y dio una dirección en la que nunca pudo ser hallado, pese a los esfuerzos de Mondino, quien lo buscó para obtener precisiones sobre el caso.
Martínez aseguró que conocía la existencia de irregularidades en la relación comercial entre Argentina y Venezuela, la imposición de un "gestor" para la venta de maquinaria agrícola y el modo en el que se pagaban las comisiones.
Este viernes, el matutino publicó un correo electrónico escrito en 2005 por José Luis Médica, por entonces titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, quien avisa a sus socios que deben aceptar pagar un 15 por ciento de comisiones a Palmat, una de las empresas investigadas como intermediarias en el eventual pago de sobornos.
Hace unos días, el canciller argentino, Héctor Timerman, afirmó que "no hay nada secreto" en las relaciones con Venezuela y volvió a negar la existencia de "una embajada paralela" en cuanto a las relaciones comerciales con ese país, como denuncia la oposición.
El escándalo se desató en abril, cuando el ex embajador argentino en Caracas Eduardo Sadous denunció ante la Justicia la existencia de una "embajada paralela" para el comercio bilateral y semanas después ratificó sus dichos ante una comisión parlamentaria.
Las acusaciones de Sadous, en el marco de una causa por "asociación ilícita" presentada por la opositora Coalición Cívica contra el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la mandataria, Cristina Fernández, han sido tajantemente negadas por el Gobierno.
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