Cada vez que el gobierno colombiano le hace concesiones a las Farc, éstas responden golpeando brutalmente. El carro-bomba que estalló en Bogotá el 12 de agosto de 2010 es la confirmación de esa triste ley.
El encuentro con Hugo Chávez en Santa Marta, la renuncia de Colombia a que haya una verificación de los campamentos de las Farc en Venezuela y la entrega a Rafael Correa de los discos duros del computador de Raúl Reyes fueron importantes concesiones que en lugar de aplacar a ese bloque “revolucionario”, lo reanimó.
A través de sus funcionarios, Rafael Correa se empeña en decir que esos discos que contienen información precisa sobre el accionar de las Farc en Ecuador, Venezuela, Colombia y otros países, son falsas pruebas “manipuladas” por Bogotá, como si Interpol no hubiera verificado esos contenidos. No contento con ese regalo, Correa le exige al presidente Juan Manuel Santos darle los detalles exactos de la operación contra el campamento permanente de Reyes en Ecuador. Nada menos.
Eso es lo que algunos ilusos llaman en estos días “superar las diferencias” en las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela.
El presidente Juan Manuel Santos cedió ante la presión interesada de Lula y se reunió con Chávez y le permitió a éste mentir una vez más con el cinismo de siempre: no, él no apoya, ni ha apoyado, ni apoyará a las Farc; sí, el es indiferente ante el hecho de que Colombia tenga siete bases militares con Estados Unidos.
Chávez se permite adoptar ese tipo de retórica, que contradice lo que decía siempre y hasta la víspera, pues sabe que la verdadera confrontación se está dando en otros escenarios: sus amigos dentro del aparato judicial colombiano ya están haciendo el trabajo: minar el piso jurídico de los acuerdos colombianos con Washington sobre las bases militares.
Ante ese panorama, el encuentro de Santa Marta parece más una jugada de Lula para apretarle la brida al nuevo gobierno de Colombia que un arreglo genuino de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas.
La verdadera línea sobre Colombia la expresó Chávez hace meses cuando se inmiscuyó en la campaña presidencial colombiana e intentó prohibirle a los colombianos que votaran por Juan Manuel Santos por ser un “mafioso” y un “peligro” para Venezuela y toda Latinoamérica. Esa línea real es coherente con lo que el dictador hace desde 1999 y con el episodio de la bomba en Bogotá del 12 de agosto de 2010.
Lo de Santa Marta no fue la conversión de Chávez a las buenas maneras diplomáticas, fue lo contrario: el obtuvo concesiones de Bogotá y espera que Santos se adapte a la estrategia de Caracas, por la vía de aceptar las apariencias equívocas, las palabras, en lugar de guiarse por los hechos tozudos de la vida real.
Para eso las camarillas gobernantes de Caracas, Quito y Brasilia, sin hablar de otras capitales, juran que el problema era el ex presidente Álvaro Uribe y que a Santos lo van a dejar gobernar tranquilamente.
El ex presidente Andrés Pastrana comenzó a construir el fracaso de su gobierno cuando pronunció esta frase: “Yo le creo a Marulanda Vélez”. Esa idea lo puso en la tabla mojada que lo condujo directamente a la catástrofe de la zona desmilitarizada de 42 000 km² en poder de las Farc.
Todo porque creyó en el juego de las promesas irresistibles. Cuando María Ángela Holguín Cuéllar, canciller de Colombia, parece creerle a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, toma graves riesgos en nombre de su país. ¿Cuál será su posición frente a la denuncia penal contra el presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI), y ante la demanda contra el Estado de Venezuela interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el abogado Jaime Granados en representación de las víctimas de las Farc y del Eln que se refugian en Venezuela?
Con su nuevo atentado en Bogotá, las Farc le dijeron a Colombia que Chávez, a pesar de sus frases en Santa Marta, no los expulsará y sí seguirá cubriendo sus crímenes. La prueba es que Chávez no ha condenado el atentado del 12 de agosto y no lo hará jamás. Este fue preparado y ejecutado con habilidad para que la responsabilidad recaiga sobre otros: usaron un vehículo robado a dos militares para que la desinformación haga de las suyas durante años en las redacciones de los periódicos.
Nada pues ha cambiado. Caracas espera que su actual operación candor debilite la vigilancia de los colombianos, precisamente porque su estrategia de avasallamiento sigue en pié y se refuerza. ¿O es que los contactos de Piedad Córdoba con Fidel Castro en La Habana, cuyo contenido es mantenido en secreto, pues la versión oficial es una salva de frases vacías, es una mera coincidencia? Ella y Danilo Rueda fueron allá, no para luchar “por la paz”, como dice la prensa castrista, sino para recibir instrucciones precisas del Foro de Sao Paulo.
¿O es que fue una pura coincidencia que el mismo día de ese encuentro, y de la bomba en Bogotá, Luis Germán Restrepo Maldonado, precursor del nuevo sindicalismo colombiano, defensor del TLC con Estados Unidos, dirigente de Sintraempaques y ferviente uribista, haya sido asesinado en Medellín?
La ofensiva de Alfonso Cano esta detrás de esos actos criminales. Aparentemente disímiles, esos actos hacen parte de un todo.
Como hace parte de esa misma totalidad lo que ocurre en el medio judicial. Seis personas que habían sido capturadas el 6 de agosto pasado en Bogotá con 180 kilos de anfo, el mismo explosivo de alta potencia empleado en la bomba del 12 de agosto, fueron dejadas en libertad por un juez irresponsable. Eso muestra que la gangrena que corroe el poder judicial, en la cúspide y en la base, tiene implicaciones en la marcha de la ofensiva terrorista.
El bloqueo del nombramiento del Fiscal General que hace la Corte Suprema de Justicia, la “ponencia negativa” que prepara un magistrado de la Corte Constitucional para hundir el pacto entre Bogotá y Washington sobre las bases militares, ponencia que él anuncia con gran desparpajo, y la increíble actitud de ciertos jueces ante delincuentes cogidos con explosivos, muestra que es cierto lo que algunos han visto desde hace meses: en el sector judicial hay parcelas de poder conquistadas por las Farc y por el chavismo y las Cortes no parecen dispuestas a reconocerlo ni a poner fin a esa gravísima anomalía. El presidente Juan Manuel Santos ha invitado a las Cortes a asumir posiciones razonables pero todo indica que sin reformas estructurales de ese sector Colombia no podrá recuperar la constitucionalidad perdida.
Con su nueva escuadra infiltrada en Bogotá, con sus agentes instalados en la justicia, las Farc podrán acrecentar su ofensiva global: atentados y asesinatos en las ciudades y terrorismo judicial contra el Estado, contra el uribismo y, en particular, contra los altos mandos de las fuerzas armadas, todo sazonado con falsas pistas para desviar las investigaciones. Cuando se ve el afán de Piedad Córdoba por atribuir el carro bomba de Bogotá a “la extrema derecha” hay que preguntarse: ¿cuándo sabe ella de ese atentado? ¿Esa imputación hace parte de una manipulación?
Esperemos que la respuesta del nuevo gobierno esté a la altura del desafío que lanzó Cano con sus atentados en Bogotá y Medellín y que los investigadores no se dejen llevar de las narices hacia callejones sin salida.
París, agosto 15 de 2010
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