Caracas,(Vía Ministerio Público).- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aclaró que el Ministerio Público (MP) es la instancia encargada de dirigir la investigación relacionada con el homicidio de dos oficiales militares, acaecido el pasado sábado 21 de agosto, pues es un delito común ocurrido dentro de una instalación castrense.
Así lo señaló la titular del MP tras ser consultada sobre si era posible que este caso fuese conocido también por la jurisdicción militar, en vista de que sucedió en la sede del Batallón Bolívar, situado en las instalaciones del Fuerte Tiuna, donde el cabo segundo, Jeffersson José Trujillo Vásquez, presuntamente le ocasionó la muerte al capitán del Ejército Nacional Bolivariano, Miguel Ángel Rosales Montoya (33) y al teniente Alfredo Daniel Ruiz Montesino (25), además en el hecho fueron heridos otros seis militares.
En este sentido, explicó que el Ministerio Público en vista de que no posee una policía de investigación, comisiona a los órganos de investigaciones penales para que intervengan, como auxiliares en la pesquisa.
De allí, que de acuerdo con la naturaleza de los casos, el Ministerio Público seleccione al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) o a otro cuerpo policial.
Dijo que en este caso, por ser un homicidio, los fiscales designados están frente a un delito ordinario. Por lo tanto, corresponde a esa jurisdicción conocer del hecho punible.
En relación con los detalles de la investigación, Ortega Díaz, declaró que "no puede hacer mención a ello, pues forma parte de la reserva legal. Sin embargo, se están adelantando todas las actuaciones como lo prevé la ley", acotó.
Respecto al caso Econoinvest, la Fiscal General aclaró que a solicitud del Ministerio Público fueron dictadas, hace casi dos semanas, medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes, aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueo e inmovilización de cuentas pertenecientes a cinco directivos de esta casa de bolsa, al igual que otras nueve empresas relacionadas.
La finalidad de esta medida cautelar se produce debido a la presunta comisión de varios delitos, entre ellos la negociación ilícita de divisas. "De ser así, es un deber asegurar la posible reparación que deba hacerse a las víctimas de este caso", indicó.
La decisión se extiende a las empresas Econoinvest Capital, Econoinvest Factoring, Econoinvest Servicios Financieros, Seguros Carabobo, Corporación Secono, Fundación para la Cultura Urbana, Inversora Insecar, Insecar Autos e Infocar C.A.
Asimismo, puntualizó que fue incorporado en la base de datos de la Policía Internacional el alerta roja contra el ex presidente del Banco Del Sol, Gustavo Adolfo Higuerey, y de otros seis directivos, por las presuntas irregularidades cometidas en el manejo de la referida institución financiera.
Caso Pdval
Respecto al caso Pdval, Ortega Díaz ratificó que "una de las causas del retardo procesal, entre otras, es la incomparecencia de los abogados defensores de los imputados. En este caso, las tres veces en las que ha sido suspendida la audiencia preliminar, son por hechos no imputables al Ministerio Público, ni a los tribunales, sino a los abogados defensores".
Señaló que desconoce si existe una táctica dilatoria por parte de los abogados defensores, al tiempo que dijo no presumir de la mala fe de los defensores.
Sin embargo, refirió que instruyó a los fiscales del caso para que "si la defensa no se presenta a la próxima convocatoria (para el 8 de septiembre a las 10:30 am en Puerto Cabello), soliciten que se designe un defensor público para que pueda realizarse la audiencia preliminar, indicó.
Por otra parte, Ortega Díaz se refirió a la solicitud de extradición del empresario Nelson Mezerhane. En ese contexto, dijo que el Tribunal Supremo Justicia tiene que remitir todas las actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se solicite dicho trámite procesal por la vía diplomática.
Igualmente, señaló que la solicitud de extradición del empresario Guillermo Zuloaga, está en manos de la Cancillería, y la misma fue requerida a Estados Unidos por la vía diplomática.
De igual manera, anunció la inauguración para este jueves, 26 de agosto, de una fiscalía laboral en Caracas que beneficiará a todos los venezolanos, especialmente a los trabajadores.
Vale señalar que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de Trabajo (Lopcymat) prevé e impone la obligación al Ministerio Público de crear unas fiscalías de salud y seguridad laboral.
Esa ley es del 2004, es decir, era una deuda que tenía la Institución con la ciudadanía, concluyó la Fiscal General. (SC)
Fuente: www.notitarde.com
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