Expertos afirman que diputados electos ya gozan de inmunidad
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Como un error. Así calificaron los abogados constitucionalistas Juan Manuel Raffali y Ricardo Antela la afirmación hecha por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre el momento en que los diputados electos comienzan a gozar de la inmunidad.
El jueves la jefa del Ministerio Público dijo que los funcionarios electos disfrutan de esa protección a partir del momento que comienzan a ejercer su cargo: 5 de enero de 2011.
"La interpretación hecha por la fiscal no es la correcta, porque la Carta Magna establece claramente que la inmunidad comienza a regir desde el momento de la proclamación. Esta disposición es clara y no necesita interpretación. Es lo que en derecho se llama una norma autoaplicativa, es decir que no necesita de una ley que la desarrolle", afirmó Raffali.
Asimismo recordó que en el supuesto de que el artículo pudiera entenderse de múltiples formas, entonces las autoridades deberían optar por aquella que fuera más favorable a los Derechos Humanos.
"Si hay una persona detenida y resulta que hay una norma que pudiera favorecerlo, pero que tiene varias interpretaciones, pues debería optarse por la que permita su liberación", dijo.
Antela respaldó la posición de Raffali e indicó que si la interpretación correcta fuera la de la fiscal general, entonces se podrían presentar otras interrogantes. "Si la inmunidad solo ampara a los diputados en funciones, entonces cuándo están en funciones. ¿Cuándo están en el hemiciclo sesionando o también cuando están en la calle?", se preguntó, al tiempo que rechazó que la Constitución establezca dos condiciones, tal y como lo sostuvo Ortega Díaz, quien dijo que además de estar proclamados los legisladores deben estar en ejercicio de su cargo para poder gozar del privilegio que impide arrestarlos o enjuiciarlos sin autorización del Tribunal Supremo.
El experto remató agregando que la inmunidad tiene por objeto proteger al funcionario para evitar que el Poder Judicial pueda ser utilizado por un Gobierno, que desee impedir que un ciudadano electo legislador asuma su curul y ordene su arresto.
Por último, Raffali consideró que la actual situación es una de las consecuencias de adelantar las elecciones legislativas tres meses.
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