La gran estafa
Ángel Rafael Lombardi Boscán
Siento y percibo al país de una manera aletargada e irreconocible. La miseria se ha extendido a recónditos inimaginables. La desidia gubernamental es pasmosa y suicida. Pareciera que el propósito del actual gobernante es la de llevarnos a una regresión histórica que busca una especie de nivelación desde lo precario, haciendo énfasis en la necesidades insatisfechas y el envilecimiento progresivo de la ciudadanía. De los servicios públicos casi nada funciona de manera óptima. La inseguridad con su ola de secuestros y sicarios adolescentes son expresión de una sociedad profundamente enferma y colapsada. La corrupción gubernamental es obscena y carece de límites, incluso, adecos y copeyanos, hoy lucen auténticos niños de pecho, al lado de éste saqueo inescrupuloso y aberrante.
Aunque lo más grave es la hipocresía, la mentira y la manipulación sin un dejo de vergüenza, incluso, llegando a niveles de cinismo pocas veces visto. Dice el valiente padre jesuita José María Korta que en el país: Hay una justicia teórica pero no hay ejercicio de la justicia. ¿Qué sentido tiene dictar unas leyes en defensa de los pueblos indígenas cuando a estos se les sigue maltratando y negándoseles en la práctica ancestrales derechos sobre sus tierras? ¿Qué sentido tiene expropiar empresas y haciendas que luego se convierten en ociosas e improductivas? ¿Qué sentido tiene “emancipar” a las comunidades de nuestros barrios a través de las llamadas comunas y el ejercicio del poder popular si se les abandona a la buena de Dios?
¿Qué son nuestros barrios más miserables? Expresión de la desidia y el abandono gubernamental. La más evidente demostración del fracaso como sociedad y proyecto de país.
Un barrio se construye desde la improvisación y la necesidad de la supervivencia. No hay planificación, ni previsión, ni normas, ni leyes ni reglamentos a cumplir. La gente se apropia por la fuerza de unos terrenos que no le pertenecen y construyen casas y techos de cartón y lata cuyo piso es la tierra que quema. La luz, el agua, las cloacas y otros servicios fundamentales, son asaltados por la poblada, a los cuales progresivamente acceden aunque estos funcionen casi siempre mal. Y todo esto se hace prácticamente a la espalda del gobernante y la sociedad legal.
Hoy día la ciudadanía, el venezolano de a pie, se siente estafado por una dirigencia nacional incompetente y mezquina, y lo que es más grave, sin intenciones serias de autocritica y enmienda. Aquí en el país no se está construyendo nada que tenga que ver con la aspiración socialista fundamentada en una prosperidad extensiva a todos los estratos sociales de la población, aquí lo se está produciendo, y de una forma dramática, trágica y dolorosa, es la demolición de todo un país.
EL INFIERNO GEOPOLÍTICO VENEZOLANO
Alexander Gamero
La distribución geopolítica del país parece haber sido hecha, intencionalmente, mal.
El Municipio Libertador cuenta con más de dos millones de habitantes. Por otra parte, el Estado Nueva Esparta, con una población que no llega a los 400 mil habitantes, tiene 11 municipios. Totalmente lógico…
Pero vamos más allá. En todo el territorio nacional existen 335 municipios. La población de Venezuela es de 30 millones de habitantes, lo que da un promedio de 89.500 habitantes por municipio. En Francia existen 36.781 municipios, con una población de 65 millones de habitantes, lo que da un promedio de 1.767 habitantes por municipio.
¿Cuáles alcaldías funcionarán más eficientemente, las que atienden a menos de dos mil habitantes o las que atienden a casi 90 mil, es decir 50 veces más ciudadanos?
Las incongruencias continúan. En Vargas, que antes era parte del territorio de Caracas, existe un estado con un solo municipio. Es decir, dos órganos ejecutivos tienen exactamente la misma jurisprudencia. En teoría, las gobernaciones deben coordinar la labor de varias alcaldías y emprender proyectos que, por su complejidad o costo, no puedan ejecutar los municipios. Pero en Vargas la alcaldía y la gobernación se ocupan, básicamente, de las mismas tareas. Dos entidades para un único fin.
El Estado Zulia, por su parte, tiene 21 municipios, con casi 4 millones de habitantes. Por otra parte, el Estado Táchira tiene 29 municipios, con 1 millón y medio de habitantes. De nuevo, ¿pueden compararse las gestiones de alcaldías que tienen que gestionar la solución de los problemas de poblaciones de tamaño considerablemente distinto?.
La organización territorial de Venezuela ha de repensarse, reorganizarse y redistribuirse, tomando el modelo de naciones exitosas como Francia. Por ejemplo, debe rescatarse un proyecto de 1999 de dividir el Municipio Libertador en tres: Libertador, Aquiles Nazoa y Ávila.
Más allá de las cifras, el drama geopolítico refleja el paradigma de la centralización del poder. De que un hombre “poderoso” e “inteligente” puede resolver los problemas de mucha gente. La versión municipal del mesianismo, que tantos problemas le ha traído al país.
Como dijera el célebre alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal “¿Para qué crear más municipios, eso sólo aumentará la burocracia?”. El hecho es que municipios con menos habitantes podrían resolver con mayor eficiencia los problemas de sus colectividades.
Las barreras a una mejor distribución territorial están precisamente en que las alcaldías – y por ende los alcaldes – perderán poder. El cambio del status quo se vislumbra difícil, debido a la resistencia de las actuales estructuras de poder. Pero si queremos salir del infierno geopolítico venezolano, no queda de otra…
Expropiaciones y confiscaciones
Juan Páez Ávila
La ocupación de tierras del sector privado por parte del Gobierno, sin el debido proceso o apego a lo establecido en la Constitución de Venezuela de compensar adecuadamente a los expropiados, según denuncian los afectados, no se ha cumplido en la mayoría de los casos, lo cual constituye una apropiación indebida y por lo tanto un delito, que tarde o temprano los tribunales de la República dictaminarán y obligarán al Estado a pagar el justo precio o a devolver las tierras a sus antiguos dueños y, posiblemente, cancelando daños y perjuicios.
Denominar confiscaciones a esas apropiaciones por parte del Estado de tierras particulares es algo peor, porque la Constitución establece que sólo se pueden confiscar bienes provenientes de un delito como el narcotráfico, y ninguno de los afectados ha sido juzgado por tales delitos.
De lo que se desprende que el Gobierno toma medidas de carácter político violando el ordenamiento jurídico vigente porque obstaculiza su proceso revolucionario, y juega a permanecer por los siglos en el poder, durante cuyo tiempo nadie podrá hacer cumplir la Constitución Nacional, porque mientras el Poder Judicial obedezca al Presidente de la República o esté de acuerdo con sus decisiones, las llamadas expropiaciones y confiscaciones no serán revertidas por apelación.
De allí que puede demostrase que estamos ante un régimen de facto, que desconoce el Estado de Derecho vigente, y en la práctica crea un orden jurídico que favorece al pensamiento único del Jefe del Estado, que sus subalternos ejecutan por simple obediencia o por complicidad con los actos violatorios de las leyes venezolanas.
Y como no hay apelación que pueda ser atendida por alguna instancia jurídica constituida por jueces nombrados por el comandante Presidente, la única esperanza que les queda a los agricultores, industriales y comerciantes es un cambio democrático de gobierno, que por lo estampado en la Constitución Nacional, se podrá producir en las elecciones de 2012.
Queda, desde luego, el derecho a dejar constancia de haber sido despojado de sus bienes adquiridos legítimamente, y en vez de gastar dinero en juicios interminables, que incluso algunos que han favorecido a las víctimas no se cumplen, el camino que deben transitar es apoyar a la Mesa de la Unidad Democrática para derrotar al candidato militarista, centralista y personalista representado en la candidatura de Hugo Chávez.
Enrique Pereira
El papel aguanta todo. Ahora la OEA –antes un muerto- es un organismo creíble. El presidente Hugo Chávez exhibió ayer un informe preparado por algunos personajes latinoamericanos y auspiciados y financiados por la OEA, el PNUD y otros organismos internacionales, en donde se estudian las democracias del continente americano: “Nuestra Democracia”. Es un informe de 261 páginas, disponible en la red.
Armado de un resumen, nos enseño un par de gráficas en las que se demuestra una disminución importante, más allá del promedio latinoamericano, de la pobreza, de la indigencia y del desempleo. Ese es tan sólo uno de los cuadros que contiene el reporte. No mostró los cuadros relativos a independencia de poderes, legislación por vía del poder ejecutivo, muertes violentas, situación carcelaria, trabajo informal y otras situaciones que empañan nuestro camino a convertirnos en una democracia modelo.
Tampoco hace referencia a que las cifras que maneja el informe son las entregadas por los organismos venezolanos a los centros de datos de los organismos internacionales. Un país que ha venido maquillando las cifras de producción petrolera, ocultando la estadística de deserción estudiantil, omitiendo la presentación de datos con relación a los ingresos de la población, no puede ser creíble en sus cifras. Un gobierno que no permite revisar las cuentas de la nación, y no avanza a la generación de un censo creíble y estructurado, no puede afirmar lo que se afirma en el informe.
El informe afirma que aproximadamente 21por ciento de la población era indigente y vagaba por las calles en 1999 y ahora se ha reducido a 9.9 por ciento. ¿Es eso creíble? Es creíble una estadística de población estudiantil, cuando usted y yo sabemos que ahora un estudiante universitario recibe ese nombre aun cuando en algunas de sus materias no recibió en un semestre sino cuatro horas de clase. ¿Por qué no habla de la desinversión industrial y de la destrucción de la producción en nuestros campos? ¿Por qué no se da una vuelta a Charallave, Cua, La urb. Industrial san Vicente en Aragua, la Victoria o la zona industrial de Valencia? Allí encontrará el resultado que no se enseña en las estadísticas que entregamos a los organismos internacionales. Un país con más de la mitad de su fuerza laboral en condición informal. Una visita a los hospitales que regenta el gobierno le enseñará la verdadera cara de las estadísticas que nos quieren vender. El papel aguanta todo, es fácil enviar un sobre lleno de números, en un disco preparado por el gobierno, para quedar bien en los informes. La OEA, según Chávez, es un muerto internacional que debería cerrar, ahora es un organismo serio que emitió un informe que habla bonito de la revolución.
Los números de esta revolución no aguantan una auditoria. Una disminución de la pobreza a casi la mitad en una década, nos hubiese convertido en un país del primer mundo. A otro con ese cuento. Sigan aplaudiéndose y dándose palmaditas, mientras el país se desarma a su alrededor.
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