¿ Qué sería de la revolución bolivariana y su ALBA sin la chequera petrolera del chavismo? ¿Tendría como aliados a mandatarios parásitos como Daniel Ortega, Evo Morales, Raúl Castro o Rafael Correa? Sin duda que la cooperación internacional en petrodólares que entrega el presidente Chávez a estos líderes tiene una connotación política muy marcada, que pone a la defensiva y en abierta desventaja a quienes se oponen a los desvaríos de estos gobernantes dentro de sus propios países.
TUTANKABRON APRETANDO LA SOGA
Contra las ONG
Chávez ha transferido en "ayuda" internacional cerca de 62 millardos de dólares en los últimos 4 años, según cálculos del partido Primero Justicia. También sabemos que muchos de esos recursos fueron destinados a campañas presidenciales, como en el caso del maletín de Antonini y Cristina Kichner.
No es difícil darse cuenta, por lo contrario, de que la sumatoria total de la ayuda internacional que recibe Venezuela no llega ni siquiera a un mísero 5% del monto que ha regalado el Presidente en estos últimos años a sus protegidos internacionales.
Venezuela no es un gran recipiente de ayuda internacional, su producto interno bruto y per cápita es uno de los más altos de la región. Es por ello que la mayoría de la cooperación internacional que se recibe en el país no está orientada hacia labores sociales asistencialistas, sino a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión, la pluralidad política y otros derechos civiles que son violados en regímenes con rasgos autocráticos y totalitarios.
Por definición, sólo el Estado puede ser autor de una violación de derechos humanos, porque ningún particular o grupo puede hacerlo tal como se le define. Es por ello muy difícil, por no decir absurdo, creer que en América Latina el Estado pueda financiar a las ONG de su propio país. La razón es muy sencilla: de entrada las consideran enemigas.
En los países desarrollados la existencia de las ONG cumplen una labor de observadores críticos y de denuncia de violaciones de derechos humanos, lo que permite a las instituciones gubernamentales obtener una visión imparcial de sus acciones para corregir posibles desviaciones en las que puedan incurrir.
Si hay una parte del financiamiento internacional que tiene como destino Venezuela, no debemos ver ningún problema en ello.
Eso sucede en todos los países del mundo y es un elemento fundamental de la dinámica saludable de las democracias.
Pero en este país, el Comandante no puede ser criticado ni sus instituciones vigiladas, y arde Troya si se permite que una organización imparcial, diferente a la revolución, pueda recibir algún tipo de ayuda del exterior.
La ley de cooperación que pretende pasar este gobierno es simplemente un síntoma más de la descomposición y caída estrepitosa de un régimen que, en su desesperación, ataca rabiosamente a todo aquello que no comulgue con sus ideas, por pequeño que sea, como lo son las ONG.
TUTANKABRON APRETANDO LA SOGA
Contra las ONG
Chávez ha transferido en "ayuda" internacional cerca de 62 millardos de dólares en los últimos 4 años, según cálculos del partido Primero Justicia. También sabemos que muchos de esos recursos fueron destinados a campañas presidenciales, como en el caso del maletín de Antonini y Cristina Kichner.
No es difícil darse cuenta, por lo contrario, de que la sumatoria total de la ayuda internacional que recibe Venezuela no llega ni siquiera a un mísero 5% del monto que ha regalado el Presidente en estos últimos años a sus protegidos internacionales.
Venezuela no es un gran recipiente de ayuda internacional, su producto interno bruto y per cápita es uno de los más altos de la región. Es por ello que la mayoría de la cooperación internacional que se recibe en el país no está orientada hacia labores sociales asistencialistas, sino a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión, la pluralidad política y otros derechos civiles que son violados en regímenes con rasgos autocráticos y totalitarios.
Por definición, sólo el Estado puede ser autor de una violación de derechos humanos, porque ningún particular o grupo puede hacerlo tal como se le define. Es por ello muy difícil, por no decir absurdo, creer que en América Latina el Estado pueda financiar a las ONG de su propio país. La razón es muy sencilla: de entrada las consideran enemigas.
En los países desarrollados la existencia de las ONG cumplen una labor de observadores críticos y de denuncia de violaciones de derechos humanos, lo que permite a las instituciones gubernamentales obtener una visión imparcial de sus acciones para corregir posibles desviaciones en las que puedan incurrir.
Si hay una parte del financiamiento internacional que tiene como destino Venezuela, no debemos ver ningún problema en ello.
Eso sucede en todos los países del mundo y es un elemento fundamental de la dinámica saludable de las democracias.
Pero en este país, el Comandante no puede ser criticado ni sus instituciones vigiladas, y arde Troya si se permite que una organización imparcial, diferente a la revolución, pueda recibir algún tipo de ayuda del exterior.
La ley de cooperación que pretende pasar este gobierno es simplemente un síntoma más de la descomposición y caída estrepitosa de un régimen que, en su desesperación, ataca rabiosamente a todo aquello que no comulgue con sus ideas, por pequeño que sea, como lo son las ONG.
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