En el articulado no se enumeran casos específicos de las actividades privadas que pueden ser objeto de contraloría social, aunque sí se prevé que el reglamento corresponderá elaborarlo al Ejecutivo Nacional en un lapso de seis meses posterior a la sanción de la ley por parte de la Asamblea Nacional.
Se ha objetado del texto la inclusión no sólo del Poder Popular, que como se ha dicho no es una rama del Poder Público según la Constitución, y que aparentemente se maneja como un término “supraconstitucional”, sino además la inclusión de características ideológicas como la “ética socialista” como principio de la Contraloría Social, lo cual deja abierta la duda sobre la facultad de una o más personas para ejercerla si no es militante del socialismo.
En ninguna parte aparecen las organizaciones no gubernamentales que suelen hacerle seguimiento a las situaciones de los servicios públicos o incluso de los diversos niveles del poder, pareciera que si no eligen vocero y suplente del mismo, como se estipula para la contraloría social colectiva, no podrán ser tomados en cuenta por los organismos competentes para implementar las sanciones a que haya lugar.
Hay otra disposición que contradice la Constitución en cuanto a la libertad de información, que es la reserva de los datos obtenidos durante la investigación, los cuales según el artículo 8 deben ser entregados exclusivamente a las autoridades, es decir, no pueden hacerse públicos, aunque los entes que sean objetos de contraloría social sí están obligados a ofrecer entrevistas y permitir la revisión de sus documentos.
La actividad de contraloría social no contempla pago económico de ningún tipo, y sí estipula sanciones, no definidas en este proyecto de ley, tanto para quienes la ejerzan y no cumplan con sus funciones, como para los organismos que no atiendan a los informes que reciban. Las investigaciones se iniciarán por “noticia criminis”, aunque esto lo ha evitado en varias ocasiones incluso la Fiscalía General de la República.
El texto que fue aprobado en primera discusión junio de este año, explica en su exposición de motivos que el principio de Contraloría Social se basa en el ideario bolivariano, mencionando textualmente la siguiente cita de El Libertador: “La Hacienda Nacional no es de quienes os gobiernan. Todos aquellos a los que habéis hecho depositarios de vuestros intereses, tienen la obligación de deciros el uso que de ellos han hecho”. Podríamos pensar entonces que una vez sancionado este instrumento, PDVSA rendirá cuentas públicas, por ejemplo.
Esta ley, que engrana con las de Comunas, de Planificación Pública y Popular, del Poder Popular y del Sistema Económico Popular, completa entonces el marco legal socialista y comunal que los diputados oficialistas que van de salida le dejarán al país que actualmente concentra su atención principalmente en la emergencia ocasionada por las lluvias.
(Especial LaPatilla.com)
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