ANTE LA ENCRUCIJADA

“El golpe de estado del 18 de diciembre, cometido bajo circunstancias alevosas, desnuda en toda su crudeza la naturaleza represiva, retrógrada, dictatorial y autocrática del actual régimen. Y pone a la orden del día la necesidad imperiosa de recurrir a nuestras más profundas reservas éticas y morales, para, en consonancia con los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, actuar en todos los frentes y por todos los medios a nuestro alcance para erradicarla del suelo de la patria.”

Por Antonio Sánchez García

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Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

EL 18 DE DICIEMBRE DE 2010 marca un antes y un después en la turbia historia de este estado de excepción que vivimos desde hace 12 largos años. Desconociendo la Constitución, desconociendo la mayoría ciudadana expresada el 26 de Septiembre, y sobre todo desconociendo la grave crisis porque atraviesa su proyecto estratégico, condenado irremisiblemente a precipitarse en el vacío ante la voluntad democrática de las mayorías, el presidente de la república optó por asumir el derrotero dictatorial. Consciente de la irreparable crisis que enfrenta y de la amenaza de perder todo respaldo popular, se jugó el todo por el todo: apoderarse del poder legislativo reduciendo la recién electa asamblea nacional a mero ornamento, desprovista de todas las atribuciones que la Constitución y el derecho le confieren. Y aplastando el último reducto de autonomía relativa que detentaba el último de los Poderes. Hoy todos ellos en manos del dictador de la república.

Tienen razón los presidentes de las Academias, tiene razón el colegio de abogados, tiene razón el jurista Pedro Nikken, tiene razón Antonio Pasquali al afirmar que con el conjunto de leyes y particularmente con la concesión de la Ley Habilitante, aprobadas entre gallos y media noche, se le han arrebatado a la asamblea sus atributos constitucionales y se ha traspasado el límite que separa la democracia de la dictadura. Venezuela se ha convertido por ese acto cometido en condiciones de absoluta ilegalidad, según las clásicas circunstancias del agavillamiento, la alevosía y el despoblado que suele utilizar el teniente coronel para dar sus golpes de gracia contra la institucionalidad democrática, en una dictadura.

Que los actuales diputados del partido de gobierno y sus aliados del Partido Comunista se hayan hecho copartícipes de nuestro patético 18 Brumario y que algunos de ellos hayan servido de comparsa a la precipitada huida hacia el abismo protagonizada el 18D no hace más que poner de manifiesto la obscena perversión del organismo. Y la crisis terminal del régimen. Que siguiendo las órdenes del caudillo, exactamente como lo hacían hace un siglo los sigüises del dictador Cipriano Castro, le hayan entregado la presidencia del parlamento al tristemente célebre comandante Ramírez, una patética figura que se quedara empantanada en las fracasadas emboscadas guerrilleras de El Bachiller de hace cuarenta y cinco años, no hace más que agregarle al desafuero el oprobio del escarnio.

La historia se repite, decía Hegel. Marx apostillaba: como farsa. Imposible reiteración más carnavalesca y pervertida de la voluntad de ese dictador y sus diputados. Que ya eran una perversión.
Imposible una farsa más grotesca.

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En 1909, hace ciento dos años, el joven Rómulo Gallegos se refería con menosprecio, asco e indignación a la asamblea que seguía los dictados de Cipriano Castro, preludiando el obsceno comportamiento de quienes acaban de macular la tradición de ese cuerpo en sus esfuerzos por la democratización de la República. Estas eran sus palabras, aparecidas en uno de los números de su recién inaugurada revista, LA ALBORADA:

“Harto es sabido que este Alto Cuerpo, en quien reside, según el espíritu de la Ley, el Supremo Poder, ha sido de muchos años a esta parte un personaje de farsa, un instrumento dócil a los desmanes del gobernante que por sí solo, convoca o nombra los que han de formarlo, como si se tratara de una oficina pública dependiente del Ejecutivo y cuyas atribuciones están de un todo subordinadas a la iniciativa particular del Presidente. Naturalmente éste escoge aquellos delegados
entre los más fervorosos de sus sectarios, seleccionando, para la menor complicación, aquellos partidarios incondicionales cuyo más alto orgullo cifran en posponer todo deber ante las más arbitrarias ocurrencias del Jefe. Estos son los hombres propios para el caso y como además, en la mayoría de las veces, adunan a esta meritoria depravación moral, una casi absoluta incapacidad mental, la iniciativa del Presidente, después de ser posible llega a convertirse en necesaria”.

¿Qué pensar de este retrato en sepia, que podría corresponder con la fidelidad de un daguerrotipo, a la asamblea que acaba de fenecer y a la parte oficialista de la actual, que corre a postrarse, ahítos sus miembros de meritoria depravación moral, ante las botas del Jefe, para terminar, poseedores de una absoluta incapacidad mental, orgullosos de su obsecuencia? Que en nuestra desgraciada Venezuela, como en las palabras de Cohelet de hace dos mil quinientos años “nada hay nuevo bajo el sol”. O, si se prefiere, del mismo sabio testamentario, “que lo que nace torcido nada endereza”.

De modo que no vivimos un fenómeno nuevo, parido en los calderos del marxismo leninismo, ni estamos tampoco ante un proyecto revolucionario que debe sustentarse en una dictadura proletaria para refundar la república bajo nuevos parámetros, propios de los del bolchevismo soviético. Estamos ante la trágica reiteración de una vocación despótica, tiránica, represiva y autocrática de nuestra más profunda y arraigada tradición. Estamos ante el fondo oscuro y tenebroso del corazón de nuestras tinieblas. Estamos ante el nunca desaparecido sustrato del horror y de la barbarie.

La castración incruenta de la asamblea, el sometimiento de los representantes del pueblo electos por una mayoría popular y la automutilación de los acólitos y palafreneros del teniente coronel corresponden a un impulso vital que lastra a la república e impide el definitivo nacimiento y despegue, sin temores ni sobresaltos, de la república liberal democrática.

Es el trasfondo del gendarme necesario, escudado ahora, tras su absoluta futilidad, en la coartada del socialismo. Es la raíz del mal que nos agobia. Y que ahora revienta como una pústula en el rostro del siglo XXI.

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Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Refiriéndose a los años de estudios emprendidos por el autodidacta Rómulo Betancourt desde su primer exilio, en 1928, y que culminan en esa obra cumbre de la sociología y la economía política venezolana – Venezuela, Política y Petróleo – señala con acierto el historiador Germán Carrera Damas que no tuvieron por objeto motivaciones académicas, sino la imperiosa necesidad de conocer y precisar los males estructurales que habían hundido a la república en el subdesarrollo y, con él, en las más cruentas y terribles dictaduras, para erradicarlos mediante la construcción de la Venezuela moderna.

¿Es posible que tras ese esfuerzo verdaderamente colosal de nuestros cuarenta años de democracia, de paz y prosperidad, esté Venezuela hundida, una vez más, en el abismo de una dictadura? Por cierto: una dictadura bananera, en el más clásico de los estilos. Impuesta a sangre y fuego por un caudillo militar impregnado de la cultura cuartelera – si cabe el oxímoron - carente de los más indispensables conocimientos, aptitudes y valores morales como para ejercer la presidencia de la república.

El golpe de estado del 18 de diciembre, cometido bajo circunstancias alevosas, desnuda en toda su crudeza la naturaleza represiva, retrógrada, dictatorial y autocrática del actual régimen. Y pone a la orden del día la necesidad imperiosa de recurrir a nuestras más profundas reservas éticas y morales, para, en consonancia con los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, actuar en todos los frentes y por todos los medios a nuestro alcance para erradicarla del suelo de la patria.

Debe la sociedad civil, deben los liderazgos de universidades, academias, empresarios, trabajadores, iglesias, partidos políticos, sindicatos y gremios unirse como un solo hombre y exigir, conminar e imponer la restitución del Poder que le ha sido arrebatado de manera fraudulenta e inconstitucional al Parlamento de la República. Debe reclamarse mediante la voz activa de la soberanía popular la derogación inmediata de la Ley Habilitante y del paquete de leyes violatorias de nuestro Estado de Derecho.

Debemos luchar sin denuedo y con todas las fuerzas de nuestros corazones para impedir la consumación de la dictadura y reclamar el cumplimiento irrestricto, de acuerdo a la ley, del proceso electoral pautado para diciembre del 2012. Sin aquel logro, éste último no será posible. O será otra farsa más cometida sobre el oprobio del pueblo.

No debemos permitir que este golpe de Estado constituya un factor de perturbación de nuestra voluntad democrática. Debemos demostrar que nada ni nadie nos apartará de la senda que nos hemos trazado: salir de este régimen dictatorial por medios pacíficos, constitucionales y electorales. Con la voluntad mayoritaria del pueblo.

De lo contrario, el régimen dictatorial que se nos pretende imponer deberá asumir las consecuencias y enfrentar el cauce desbordado de una voluntad popular que no podrá ser represada ni por el engaño ni por la violencia de las armas. Venezuela vive uno de los momentos más cruciales de su historia: saldrá de esta crisis como lo ha hecho en todas las oportunidades anteriores. Mediante la unidad nacional y el concurso de todas las fuerzas vivas de la Nación.

Que cada cual asuma sus responsabilidades.