EXPEDIENTE CUBANO, SUPERIORIDAD VENEZOLANA

El 3 de diciembre de 1963, tres días después de las elecciones que dieron como triunfador a Raúl Leoni, el Consejo Supremo Electoral informaba que más de tres millones de votantes -95% de los ciudadanos inscritos- habían concurrido pacíficamente a las urnas electorales. Los intoxicados por una literatura habanera habían transmitido al exterior que “una organización clandestina” había decretado el toque de queda desde las seis de la mañana del día de las elecciones hasta las seis de la tarde del otro día. Pero la masiva participación electoral de la ciudadanía dejaba claro que el país afrontaba el problema de unas minorías terroristas, y que contra esas minorías estaba no solamente el gobierno sino que también el pueblo de Venezuela.

Alberto Rodríguez Barrera
EXPEDIENTE CUBANO, SUPERIORIDAD VENEZOLANA


Cuba, en su deseo de establecer otras cabeceras comunistas en América Latina con los recursos que le suministraba la Unión Soviética, envió a Venezuela un equipo bélico de cierta magnitud, quedando perfectamente comprobado que esas armas venían de Cuba (lanzacohetes, cañones de tiro sin retroceso, fusiles automáticos, ametralladoras punto 50, etc.); eran tres toneladas de armas de guerra con el sello de las Fuerzas Armadas de Cuba, habiéndose constatado con la fábrica de armas en Bélgica que los seriales se correspondían con armas vendidas al gobierno de Cuba.

Antes que caer en la provocación guerrera de Fidel Castro, el Gobierno de Coalición presentó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una acusación contra el régimen de Cuba basada en el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947, convención multilateral que obliga a todos los países de América. En los artículos 2º y 3º de ese tratado estaban tipificados los actos de agresión y en el artículo 8º se establecían las sanciones posibles que podían comenzar por la ruptura colectiva de relaciones, el aislamiento económico y aun la acción colectiva armada contra el país agresor. No se trataba, en este caso concreto, de agresiones verbales; ya esas agresiones verbales lanzadas por el grupo de gobernantes de La Habana no producían ni frío ni calor a los gobernantes de la América Latina. Eran exabruptos que se lanzaban a diario desde las emisoras habaneras y ya sin ninguna importancia ni significación, y que sólo encontraban en los pueblos ecos de repudio. Nuestro país actuó dentro del sistema interamericano y mediante la acción colectiva, y no la acción unilateral.

En Venezuela estaban detenidos un número que fluctuaba entre 200 y 400 activistas de los partidos Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detenidos de acuerdo con el artículo 244 de la Constitución Nacional, el cual autorizaba al Presidente de la República para ordenar la detención o confinamiento de las personas que estuviesen alterando el orden público. Y había un número de entre 80 y 100 individuos, calificados como delincuentes, que habían sido condenados por los tribunales a largas penas de presidio, o a penas medias de presidio, según el grado de su culpa. Eran quienes habían participado en los alzamientos militares de Puerto Cabello y Carúpano, influidos por los comunistas; terroristas y seudoguerrilleros que habían sido capturados con bombas y armas en las manos; individuos convictos y confesos de haber asesinado a policías, a guardias nacionales y a civiles. En Venezuela no se podía hablar de presos políticos, como tampoco se hacía en Francia, donde muchos ni siquiera estaban presos sino en el cementerio, porque allá –de acuerdo con la leyes- se les aplicaba la pena de muerte (como era el caso con los terroristas de la OAS, condenados por los tribunales).

Venezuela estaba consciente de la nueva estrategia cubana después de quedar perfectamente determinado que en Cuba se habían instalado armas atómicas, medias e intermedias, cuando la OEA, con el voto unánime de sus veinte integrantes, acordó la adopción de todas las medidas, inclusiva la acción armada, para impedir que continuaran esas armas nucleares en suelo cubano. En esa oportunidad se había determinado el bloqueo aéreo-naval de Cuba. Venezuela concurrió, modestamente, a ese bloqueo porque éste no era un país superarmado, con dos destructores y con un submarino, y porque conceptuaba el gobierno que así se estaba cumpliendo con los compromisos internacionales del país. En ese momento hubiera podido estallar un conflicto general y nosotros sabíamos que en un conflicto general Venezuela corría muchos riesgos, ya que nuestro país no producía bananos sino petróleo, producto estratégico de primera clase.

Con la captación de incautos y la exportación de armas se hacía evidente que el régimen comunista de Cuba trataba de derrocar al régimen de Venezuela y de hacer de Venezuela otra sucursal de Pekín o de Moscú, ya no sólo enviando y adiestrando activistas para el uso de TNT y de plástico en acciones criminales, también enviando morteros, bazukas y otras armas bélicas.

Venezuela no iba al escenario internacional con un desiderátum ni con una posición última, inmodificable e inflexible; iba en busca de acuerdos y compromisos, como en toda reunión internacional. Había una serie de medidas posibles: la ruptura total de relaciones, el bloqueo aéreo-naval de Cuba para impedir que de allí se siguieran exportando armas, un bloqueo que dejara claro que aquí no estaba en juego un gobierno, sino la seguridad misma del continente. En Venezuela operaban unas Fuerzas Armadas institucionalistas y no corrompidas, no desintegradas moralmente como eran las Fuerzas Armadas de Cuba. Aquí había unas Fuerzas Armadas sólidamente organizadas y estructuradas y un pueblo a quien no le llegó la independencia por correo, sino que le costó medio millón de muertos. Si los comunistas hubieran cogido las armas que se descubrieron en el litoral de Falcón, se les hubiera liquidado en 24 horas, como sucedió en Carúpano y Puerto Cabello.

Venezuela tampoco tenía la dependencia de Cuba, ya que aquí habíamos incrementado fuertemente el ingreso de divisas ($1.500 millones) y un presupuesto coherentemente administrado (7.000 millones de bolívares), con reservas adecuadas ($700 millones), y una política de cambio social que asentaba a las familias campesinas, duplicaba la población escolar, multiplicaba carreteras, acueductos, cloacas, y un conjunto de mejoras sociales que para nada llevaban al pueblo a envidiar lo que sucedía en Cuba.

Para este momento histórico las cifras eran tercas: Venezuela tenía un crecimiento territorial bruto del 6% (2% era normal y satisfactorio para América Latina; el crecimiento promedio era de 1%); el sector industrial tenía un crecimiento acumulativo anual del 10%; el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 6% acumulativo anual durante el período; había autoabastecimiento de una serie de productos básicos antes importados; la energía ascendió de 2.500 millones de kilovatios en 1050 hasta 5.800 millones en 1962.

Este gran salto en la producción agropecuaria e industrial –y el desarrollo económico en general, que no se acelera solo con las inversiones de capital- no se podía acelerar más sin la planificación y los hombres que la ejecuten. Poca importancia se le da normalmente a la preparación del material humano, no solamente de la mano de obra, también del sector gerencial; esto también formó parte esencial de la labor realizada durante el Gobierno de Coalición. Ejemplo de esto fue la gestión petrolera.

Para este momento, era absurdo plantearse la nacionalización del petróleo. Venezuela obtenía una participación más alta que la que obtenía de su petróleo nacionalizado algún otro país de América Latina: 41% en 1962 sobre el producido total de la industria. Venezuela producía 3 millones y medio de barriles de petróleo; era imposible que Venezuela pudiese comercializar, mediante la nacionalización, todo ese petróleo. Y lo que se hizo fue impulsar una Corporación Venezolana del Petróleo, que comenzó a explorar, explotar, refinar y comercializar una parte del petróleo, orientada fundamentalmente al mercado interno. Sin esta formación o preparación previa –sumamente requerida por el país- no hubiésemos creado nunca PDVSA.

Por otra parte, el Gobierno de Coalición había cumplido con la revisión de la política petrolera, prometida en la campaña electoral de 1958, cuyos lineamientos básicos fueron los siguientes: aumento de la participación de Venezuela en el producido de la industria; se dictó un decreto-ley que aumentaba el impuesto sobre la renta y llevaba la participación de Venezuela a un límite razonable y competitivo con el de los petróleos de otras zonas del mundo. Se prometió que se iba a crear una empresa nacional del petróleo y esa empresa, la Corporación Venezolana del Petróleo, tenía para 1963 dos años funcionando. Se prometió luchar por la creación de un compacto mundial de países productores de petróleo para defender los precios, y estaba funcionando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), habiéndose logrado un acuerdo y entendimiento mundial entre los países productores.

Pero de las realizaciones del Gobierno de Coalición, quizás nada era más satisfactorio que el poner en funcionamiento el régimen democrático y representativo, y el que haya funcionado en un país azotado por tantas dictaduras. Que funcionara no solamente en el sentido de respeto de las libertades públicas, sino con un ritmo dinámico de cambio en lo social, de la mejor distribución de la renta y de la riqueza y de orientación del gasto público con dos objetivos fundamentales: los del desarrollo económico y los del mejoramiento en el aspecto cultural y en la defensa de la salud de las mayorías empobrecidas de Venezuela.