Las instituciones de justicia en Venezuela, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta los miembros del Poder Moral se han convertido, bajo el régimen de Hugo Chávez, en instrumentos de venganza o en instrumentos para la glorificación del delito. Así vemos que con el silencio cómplice de estas instituciones se condecoró a un grupo de reos de alta traición por su participación en el golpe gorilesco de Febrero de 1992, el cual incluyó un intento de asesinato de la familia del presidente constitucional de aquél momento, Carlos Andrés Pérez. Estos asesinos y traidores a su juramento militar fueron condecorados por Hugo Chávez hace escasos días, bajo la mirada complaciente o indiferente de las instituciones de justicia venezolanas, cómplices del despotismo que hoy azota a la nación.
En paralelo estas mismas instituciones de justicia, en este caso específico la Fiscalía general, adelanta un juicio contra el General (R ) Italo del Valle Alliegro por su participación en los eventos llamados El Caracazo, ocurridos hace 21 años. Según la Fiscalía, manejada por una simple ficha de Hugo Chávez, el Ministro de la Defensa de ese momento, el General Alliegro, sería culpable de violaciones a los derechos humanos de venezolanos durante esos eventos.
Esta misma fiscalía ha determinado la prescripción de la responsabilidad por eventos similares ocurridos hace mucho menos tiempo (la de los etarras quienes hoy reciben la protección del régimen chavista) mientras que los tribunales de la república han declarado prescritos los casos de tres venezolanos ( Blanco Berroterán, Colmenares Gómez y Yánez Figueredo) involucrados en los sucesos del Caracazo. La pretensión de la justicia a la Chávez, de acusar al General Alliegro sin límite de tiempo, es inconsistente con estas actuaciones en casos similares y es una buena muestra del deseo de venganza política que hay detrás de esta acusación.
La Fiscalía hace al General Alliegro responsable de todos los sucesos irregulares que pudiesen haberse cometido durante la ejecución del Plan Avila. Este plan fue ordenado por el Presidente Pérez, en Consejo de Ministros, hasta tardiamente, puesto que ha debido hacerlo antes, según alega un oficial activo en aquella época, el Coronel Luis Alfonso Dávila García, quien después tuvo destacada posición en el gobierno de Hugo Chávez. Según este mismo oficial, y es algo que todo militar conoce, el Plan Avila es de ejecución descentralizada, existiendo tantos “Planes Avilas” como grupos están a cargo de su ejecución. Por ello, la concentración de responsabilidad en una sola persona que no actuó como ejecutora de los planes sino que simplemente transmitió la órden emanada de la presidencia de la república, no tiene lógica alguna. Más aún, la fiscalía no parace haber hecho ningún intento de establecer responsabilidades personales por hechos irregulares específicos. Ni siquiera ha podido establecer con claridad cuales fueron esos hechos irregulares específicos, pués maneja información errada sobre esos sucesos, incluyendo una lista de víctimas en la cual figuran personas quienes habían muerto antes de los eventos mencionados como El Caracazo.
La acusación urdida por la Fiscalía en manos de Hugo Chávez representa un acto de venganza destinado a desprestigiar al gobierno de su enémigo, Carlos Andrés Pérez. Este odio contra Pérez, quien lo venció y llevó a prisión, se demostró cuando ordenó asesinar a su familia en La Casona, en un acto, ese sí, de naturaleza imprescriptible y directamente atribuíble a la responsabilidad del golpista (Así lo admitió Francisco Arias Cárdenas, uno de los golpistas, luego traidor a Chávez y luego amanuense de Chávez, tres veces traidor). Nadie ordenó a Chávez alzarse contra el presidente constitucional. Nadie le ordenó tratar de asesinar a la familia del presidente. El solito lo decidió y ello lo hace reo de traición y de intento de magnicidio.
En ese acto de venganza de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez el chivo expiatorio resulta ser un militar de conducta intachable, Ítalo del Valle Alliegro, quien actuó bajo órdenes presidenciales para implantar un Plan Avila, el cual aun existe por cierto, prueba de que no es un plan diabólico de la cuarta república. En el momento en el cual el Plan Avila fue ordenado el país se encontraba rebasado por la violencia y la anarquía y solo el ejército quedaba como garante del órden. Hasta José Vicente Rangel, quien luego sería Ministro de la Defensa de Hugo Chávez, elogió la actuación del ejército en aquel momento, en declaraciones dadas el 20 de marzo de 1989. En contraste, Chávez ordenó el Plan Avila para reprimir una marcha ciudadana en su contra, no actos vandálicos, y esta orden fue repudiada por sus oficiales, quiens le pidieron la renuncia, la cual aceptó lloroso, agarrado de las sotanas de Moseñor Baltazar Porras.
Este régimen está formado por hombres y mujeres despreciables desde el punto de vista ético. Nunca pensé que Venezuela pudiera parir tanto desvergonzado, capaz de hacer cualquier cosa para obtener venganza a sus complejos y resentimientos.
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