No se termina salir del asombro de una noticia roja rojita para tener que entrar en otra aún más sórdida, inútil y mal intencionada. Pareciera que el afán del régimen que gobierna y de sus secuaces en altos cargos, todos seleccionados a dedo por el comandante Chávez, no es otro que distraernos en advertencias, proyectos y planes que nunca llegan a su fin pero que le sirven para nutrir la propaganda oficial.
Vimos las declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en las que anunció que su despacho “investigará los casos de 1.600 venezolanas y venezolanos desaparecidos, ajusticiados en las calles o torturados por los cuerpos de seguridad del Estado entre los años 60, 70 y 80, durante el periodo político conocido como la Cuarta República”, es decir durante los gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei.
La funcionaria, elegida a dedo por Chávez -aunque su selección fue montada como si fuera una selección independiente de la Asamblea roja- en una conversación con Carlos Croes en Televen citó los casos de Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez y Alberto Lovera. Dijo ella: “El primero fue asesinado en 1966 -durante el gobierno de Raúl Leoni- en los calabozos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA), hoy Dirección de Inteligencia Militar (aunque en su momento se habló de suicidio por ahorcamiento en su celda); el segundo, golpeado hasta la muerte en la sede de la Disip, cuando Carlos Andrés Pérez gobernaba por primera vez (1976) y el tercero, secuestrado y ajusticiado por los cuerpos de seguridad del Estado en 1965, también durante el mandato de Raúl Leoni. Durante 40 años el Estado venezolano tenía la política de la tortura. La de ahora es respetuosa de los derechos humanos aun cuando pueda haber excesos individuales”.
Nada extraño para un gobierno que no acepta críticas -ni mucho menos estadísticas- que demuestren su fracaso en todos los órdenes de la vida nacional pero primordialmente en el tema seguridad. Cuando las cifras de muertos en doce años sobrepasan los 150 mil muertos y fue apenas el 15 de enero pasado que Chávez lo reconoce pero echándole la culpa a todos menos a él, sería impensable, en un gobierno serio, ver solo al pasado y no preocuparse de las razones que llevan a Venezuela a tener el tercer puesto mundial en las estadísticas del crimen. Por encima de México que está en lucha con los carteles del narcotráfico o de Colombia que lleva 50 años peleando con la guerrilla.
Vergüenza debería darle a la funcionaria roja rojita mirar hacia atrás y no a sus lados. Quizás algún gobierno que llegue en el futuro a manejar Venezuela también vea a los presentes gobernantes como algo del pasado y los juzgue.
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