Los emblemáticos sucesos del 11 de abril,
enturbiados conceptual e históricamente por la autocracia gobernante,
quedaron en el limbo de la verdad histórica por el propósito del
régimen de falsearlos a cualquier precio. Ha invertido miles de
millones de dólares para convertirlos en una suerte de pinochetazo y
cargar con la mácula del golpismo - de su propio golpismo visceral -
sobre los hombros de los cientos y cientos de miles de mujeres
y de hombres demócratas y venezolanos que los protagonizaron,
escamoteando la única verdad: a pesar de sus
consecuencias políticas inmediatas, se trató de una expresión legítima
y popular de una ciudadanía dispuesta a ponerle fin a un régimen ya
por entonces inconstitucional y antidemocrático. Si así no fuera, el
régimen no habría boicoteado sistemáticamente la conformación de la
comisión de la verdad propuesta por la OEA para esclarecer dichos
sucesos. Con lo cual no habría tenido justificación jurídica como para
condenar a treinta años de cárcel - una virtual condena a muerte - a
ciudadanos absolutamente inocentes.
El ensayo que presentamos a continuación forma parte de mi libro de
próxima aparición, CRISIS Y ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA VENEZUELA
ACTUAL. Lo público hoy para contribuir al esclarecimiento de los hechos,
para reivindicar una acción heroica llevada a cabo por la sociedad
civil y para contrarrestar cualquier estrategia de manipulación
política que emprenda el gobierno, o quienes se plieguen a sus chantajes.
EN TORNO AL 11 DE ABRIL
ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA
"Pues en rigor ésa es la disyuntiva: ¿dictadura o democracia?
¿Legitimación de un Estado forajido o retorno a la democracia? La
cuestión fue y seguirá siendo de una claridad meridiana: desde el 11
de abril de 2002 vivimos un Estado de Excepción. Aún no se resuelve
el enfrentamiento existencial que arrastramos desde entonces. ¿Se
resolverá mediante una transición pacífica y electoral a partir de un
cambio en la correlación de fuerzas?"
1
La teoría del estado de excepción, desarrollada por Carl Schmitt y
que constituye el tema de estos ensayos, nos provee del más certero
aparato conceptual para comprender la situación de excepcionalidad y
sin duda la crisis más prominente vivida en estos últimos once años de
excepcionalidad: la colosal rebelión popular del 11 de abril de 2002.
Una sociedad pasa a un estado de excepción cuando su legitimidad, sus
instituciones y su juridicidad se ven suspendidas sine día por causa
de hechos extraordinarios. Nos referimos al momento en que una
sociedad queda momentáneamente a la deriva ante la ausencia de
legitimidad y la quiebra de los fundamentos éticos y jurídicos del
Poder. Exactamente lo que sucediera el 11 de abril, cuando debido a
las circunstancias de Puente Llaguno, el alto mando pidiera la
renuncia del presidente de la república – “la cual aceptó” - y pusiera
sus cargos a la orden de las nuevas autoridades. Un hecho imposible de
satisfacer, pues el país se encontraba huérfano de toda autoridad.
Pues independientemente de lo establecido en una Constitución cuya
vigencia se encontraba suspendida de facto, no existían ni podían
existir tales autoridades. Esas nuevas autoridades, desaparecidas
todas las instancias regladas por la Constitución, debían imponerse
mediante un ejercicio inédito en la historia de la república
democrática: el de la imposición y establecimiento de una nueva
soberanía.
Era, en efecto, el momento preciso para que dicho estado de excepción
fuera resuelto. Quien tuviera la capacidad de resolverlo, esto es:
IMPUSIERA un nuevo poder: ése sería el soberano. Incluso imponiendo
mediante la fuerza legítima del Estado el cumplimiento de las normas
pautadas en la Constitución para un caso de excepción como el que
entonces se viviera. Como lo dice la primera frase del escrito más
importante de Carl Schmitt: “es soberano quien resuelve el estado de
excepción”. Su legitimidad es un acto legítimo en sí mismo, no
derivado. Es fundante, no consecuente. La aparente contradicción entre
esa nueva vida que busca expresarse y el marco institucional
suspendido sine día por la excepcionalidad de las circunstancias se
resuelve por vía de la acción misma: la decisión soberana. Una
situación intrínsecamente contradictoria, pero inevitable: la
legalidad de una ilegalidad, la emergencia de una nueva realidad que
nace de entre las ruinas de la que desaparece. El futuro que se
introduce en el presente, incluso siguiendo el acierto hegeliano: la
violencia como partera de la historia. Una violencia especular,
metafórica, absolutamente inerme, pero de una gigantesca capacidad
disuasiva: la mera exhibición de una fuerza popular como no se la
viera nunca antes en la historia de Venezuela. Contra la que un
régimen deslegitimado actuaría derrochando el máximo atributo del
poder establecido: decidir del derecho de vida o muerte de sus
ciudadanos. En el caso: ordenando que francotiradores al servicio del
régimen asesinaran a mansalva una veintena de ciudadanos, honrados
luego de superada la crisis de excepción como héroes mientras los
auténticos héroes eran condenados a treinta años de cárcel.
Es a través de la acción de tal soberano, capaz de ser fiel expresión
de esa fuerza fundante de derecho, que se hubiera debido crear un
nuevo orden e introducir en el corpus jurídico, la nueva juridicidad,
y en la sociedad misma, un nuevo protagonismo histórico. Más aún en el
caso que nos compete, en el que se intentaba recuperar la legitimidad
democrática violada por un acto brutal cometido consciente y
manifiestamente por el mandatario que dejara el Poder motu proprio.
Como ha quedado suficientemente consignado por documentos gráficos y
el testimonio de todos los protagonistas. Así una patraña jurídica y
conceptual montada cinematográficamente a costos dignos de las Mil y
Una Noches y reiterada hasta la saciedad por un aparato partidista y
mediático inescrupuloso pretendan lo contrario. El hecho político,
histórico y jurídico cierto es que el 11 de abril se vivió un estado
de excepción, se suspendió por fuerza de los hechos la vigencia de la
Constitución, el Poder cayó en la acefalia y sólo la imprudencia, la
pusilanimidad y la incapacidad existencial de los protagonistas para
asumir y llevar hasta sus últimas consecuencias la decisión de fundar
una nueva soberanía mediante la fuerza de los hechos impuso la
necesidad de traicionar la voluntad popular regresando al status quo
ante bellum. En la circunstancia, se confirmó de manera paradigmática
la falencia congénita de sociedades liberales en crisis – la confusión
e ineptitud de una dirigencia política que hizo honor de aquel
comportamiento propio de “una clase discutidora” denunciado por Donoso
Cortés : postergar sine día la decisión crucial y dejarla en manos del
sector más radical del ejército, fiel a Hugo Chávez. En el caso del
vacío de Poder creado a partir de los sucesos del 11 de abril esa
pusilánime dirigencia alternativa que no supo decidir llegó al extremo
de renunciar incluso al derecho a establecer la verdad. La comisión de
la verdad exigida por la sociedad civil e impulsada por la OEA y el
Centro Carter jamás sesionó. Hasta el día de hoy: a una década de los
sucesos aún se nos niega a los venezolanos el derecho a establecer de
una vez por todas, la verdad del 11 de abril.
2
El 11 de Abril reproduce así, en la impotencia del tirano, que
renuncia, y en la incapacidad de decidir por parte de quienes se la
exigen, la clásica situación retratada por Walter Benjamín en su
gran obra, Origen del Drama Barroco Alemán, dedicada a estudiar la
impotencia política del soberano en el siglo XVII: “Se trata de la
incapacidad para decidir que aqueja al tirano. El príncipe, que tiene
la responsabilidad de tomar una decisión durante el estado de
excepción, en la primera ocasión que se le presenta se revela
prácticamente incapaz de hacerlo” . Aprisionado entre el Poder y la
Facultad de gobernar, cae en la mayor impotencia, no decide por
enfrentarse a una situación inédita: “cuando despliega su poder sumido
en la máxima embriaguez…cae víctima de su pobre esencia humana”.
Una situación en extremo paradójica, pues el máximo despliegue de
poder exhibido por las masas populares que ponen un millón de
combatientes frente a Miraflores, coincide con su máxima impotencia
decisoria: un gobierno de utilería. La historia ha descorrido el telón
para que entre en escena el nuevo protagonista e inaugure un nuevo
ciclo histórico. La absoluta orfandad de un liderazgo a la altura de
las circunstancia permite la transmutación de un parto de soberanía en
sacrificio ritual de un feto muerto. Venezuela arrastra esa primera
gran frustración histórica. El resultado ha sido la parálisis y la
degradación de la capacidad política de su dirigencia.
3
Vivimos desde entonces las circunstancias derivadas de la ausencia de
un factor capaz de resolver el estado de excepción sufrido durante los
sucesos del 11 de abril. Vacío de Poder, le llamaron los
constitucionalistas. Ante la falta absoluta de quien asumiera la
responsabilidad histórica, militar, política, existencial de la crisis
resolviendo el impasse, y el horror al vacío y la desintegración
puestos de manifiesto por la incompetencia de quienes usurparan el
papel de un auténtico soberano, la historia dio un paso atrás y la
sociedad retrocedió al statu quo ante bellum, reponiendo en el cargo a
quien había perdido factual, real, manifiestamente toda legitimidad.
El 11 dejó Miraflores un presidente que, por ese mismo acto, perdía su
legitimidad. El 13 regresó una figura sin legitimidad alguna, un
fantoche. Que auxiliado por Fidel Castro y con la venia de la nueva y
la vieja izquierda latinoamericana se convertiría en el dictador de
nuevo cuño que busca su entronización vitalicia. Es la situación que
vivimos desde entonces. El carácter fraudulento de su legitimación del
15 de agosto – otro simbólico 11 de abril, con iguales resultados - no
ha terminado por resolver esa crisis: antes bien, la ha agravado.
Tampoco su derrota del 2 de diciembre y el torpe intento por
remediarlo en el plebiscito de febrero. El estado de excepción se ha
convertido en norma y la legitimidad ha asumido carácter estrictamente
simbólico, metafórico, ilusorio. Venezuela se ha partido en dos: la
que detenta el Poder al margen de la Constitución y legisla para
establecer una imaginaria dictadura proletaria, y la absolutamente
mayoritaria que le da la espalda y espera el momento propicio para
derribarlo. La parte mayoritaria, de creer en todas las encuestas, y
sin duda la de mayor jerarquía específica de nuestra sociedad, no le
reconoce legitimidad alguna. Espera por una nueva ocasión de
excepcionalidad extrema, posiblemente provocada por la negativa del
régimen a reconocer su derrota electoral, para resolver la crisis de
raíz, abriendo la historia hacia un nuevo tiempo. Mientras quien
usurpa el cargo espera resolver su transitoriedad convenciendo a la
sociedad civil de respaldarlo electoralmente, mediante la expresión
consensuada de las mayorías y dotando así de relegitimación a un
régimen intrínsecamente ilegítimo, “revolucionario”, espurio. Asunto
altamente problemático, dado el estado de virtual rebelión civil –
incluso de naturaleza electoral - que caracteriza a la voluntad
ciudadana contra esa “revolución”, por una parte; y la decisión
inquebrantable de quien ejerce el Poder de no permitir un traspaso de
poderes que revierta en 180 grados su voluntad transgresora,
falsamente trascendente, “revolucionaria”.
4
Ese es el auténtico significado de todas las mediciones electorales
que tuvimos y tengan lugar en el futuro: una lucha tenaz de vida o
muerte por la defensa o la destrucción del sistema de libertades y el
estado de derecho. Puesto seriamente en duda por la clarinada de
excepcionalidad del 4 de diciembre de 2005, cuando ocho de cada diez
venezolanos desconocieran el acto de legitimación electoral y se
negaran a convalidarlo con su presencia en las urnas. Un hecho
objetivo de inmensa trascendencia que perdió toda significación
política al no encontrar, una vez más, un liderazgo capaz de asumirlo
y continuarlo hasta sus últimas consecuencias. No se tratará, pues, de
elecciones corrientes dentro de los límites de la normalidad
institucional, como en los casos de todas las elecciones
presidenciales, parlamentarias o edilicias que están ocurriendo en
América Latina. Se trata del intento por obtener legitimidad de parte
de quien no la posee o resolver la grave crisis existencial que vive
la república recuperando una auténtica legitimidad, por ahora nacida
de las urnas. Mientras el régimen insiste en dichos eventos bajo su
regimentación a la búsqueda de legitimación, la oposición debiera
participar plenamente consciente del estado de excepción que vivimos.
Y de que en juego no están unos cargos, ni siquiera una asamblea, sino
la República. Sea imponiéndose electoralmente – hecho inmensamente
dificultoso sin el cumplimiento por parte del régimen de las
condiciones electorales exigidas por la oposición – sea volviendo a
aflorar en toda su crudeza el estado de excepción latente en que
vivimos.
Pues en rigor ésa es la disyuntiva: ¿dictadura o democracia?
¿Legitimación de un Estado forajido o retorno a la democracia? La
cuestión fue y seguirá siendo de una claridad meridiana: desde el 11
de abril de 2002 vivimos un estado de excepción. Aún no se resuelve
el enfrentamiento existencial que arrastramos desde entonces. ¿Se
resolverá mediante una transición pacífica y electoral a partir de un
cambio en la correlación de fuerzas? ¿Contribuirán las elecciones del
26 de septiembre a descorrer el velo e inaugurar una fase superior del
enfrentamiento? ¿Permitirá el gobierno que se lleven a cabo si
vislumbra su derrota? ¿La aceptará de buen grado si la victoria
popular es irrebatible? ¿Permitirá el pueblo que se le escamotee su
voluntad democrática? ¿O decidirá asumir su rol supremo, el del
soberano, expulsando del poder al usurpador mediante los medios extra
parlamentarios que la Constitución le faculta, incluso si ella, la
Constitución, se encuentre suspendida de facto?
Esas son las preguntas cruciales que debemos responder. Esperamos que
estos ensayos que presentamos a continuación contribuyan a
resolverlas.
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