Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo: responsables o cómplices en la estafa de USD 540 millones al Fondo de Pensiones de PDVSA

La estafa de Pancho Illaramendi y su Short Term Liquidity Fund I LLC no hubiera sido posible sin la participación de funcionarios ineptos, negligentes o cómplices en el desfalco, que autorizaron la inversión de enormes cantidades de dinero, propiedad de los trabajadores de PDVSA, en esas trampajaulas. Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo fueron al menos negligentes e ineptos, si no cómplices en la estafa. Ignoraron todas las alerta imaginables, entre las cuáles figuran:

1. Invirtieron en un fondo que no regulaban ni la SEC ni nadie;
2. Invirtieron en un fondo administrado por un asesor no registrado con ningún órgano supervisor;
3. Invirtieron en un fondo sin auditoría externa ni controles de ningún tipo;
4. No hicieron "Due Diligence" ni verificaron la existencia de los activos del fondo;
5. Contrariamente a los más elementales principios de diversificación de riesgos, concentraron una inmensa parte del portafolio del Fondo de Jubilaciones en una sola inversión;
6. El fondo no tenía calificaión de Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch Ratings o Morningstar;
   
7. Invirtieron en un fondo que realizada actividades ilícitas en Venezuela, detalladas claramente en su prospecto, como lo reportara VenePirámides;
8. Probablemente giraron al fondo instrucciones para hacer inversiones que PDVSA no podía hacer por ser ilegales en ese país.

A pesar de la incompetencia, desidia e imbecilidad imperantes en la Robolución del Siglo XXI, resulta difícil imaginar ejecutivos tan ineptos o negligentes como para colocar esta inmensa cantidad de recursos en medio de un fraude tan evidente; es muy probable que la motivación para hacer esas inversiones haya sido más bien el pago de sobornos como contraprestación por invertir casi USD 500 millones de los trabajadores de PDVSA en el fondo de Illaramendi.

En este caso hubo sin duda aún más señales de alerta que en el de Stanford International Bank. Los Directivos de PDVSA y los administradores del fondo deberán rendir cuentas por su negligencia, impericia o dolo frente a los trabajadores de PDVSA, cuyos ahorros se perdieron como consecuencia de su inexcusable conducta.