Justicia al son que toque

La administración de la justicia en la revolución castrochavista se mueve al son de los intereses del proceso y va de la mano del Ejecutivo Nacional.
Prueba de ello sobran. El Sebin, Ramo Verde, el INOF, son algunas de las cárceles y centros de reclusión donde se extinguen sus días y muere la libertad de decenas de perseguidos por el régimen, acusados sin pruebas, por indistintas razones o sometidos a juicios espurios sin fin.
A nueve años de los sucesos de abril de 2002, pareciera que se renuevan en los revolucionarios comunistas las ansias de venganza y de pasar factura a quienes no se doblegaron a las órdenes de arrasar a más de un millón de venezolanos civiles y desarmados, que solicitaban a Hugo Chávez la rectificación de sus políticas antidemocráticas. Tal parece que no basta haber condenado sin pruebas a 30 años a los comisarios Lázaro Forero, Iván Simonovis y Henry Vivas, y a 16 años y más a ocho policías metropolitanos, sólo para salvaguardar y exculpar a los pistoleros que fueron grabados in fraganti mientras disparaban a los manifestantes desde Puente Llaguno.
En este noveno aniversario de la masacre de abril, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al tiempo que anunciaba la creación de una comisión especial para investigar los crímenes y lesiones ocurridos durante el 11, 12 y 13 de abril de 2002, informó que también investigarán unas supuestas "agresiones de las que fue víctima, en esos días, el Presidente de la República". Agresiones hasta ahora desconocidas y que nunca nadie había denunciado, ni siquiera el propio Chávez.
Las costuras de la trama que buscan armar el Gobierno se ven en dos hechos ocurridos entre el lunes y el martes de esta semana:
Por un lado, la llamada Asociación de Víctimas del Golpe de Estado pidió a la Fiscalía y a la Asamblea Nacional que se investigue a los diputados de la oposición María Corina Machado, Enrique Mendoza, Julio Borges y Miguel Ángel Rodríguez, como supuestos activos participantes intelectuales del "golpe".Por otro, el Ministerio Público libró órdenes de captura contra seis civiles y 15 militares por estar presuntamente implicados en los sucesos de aquel 11 de abril y anunciaron que solicitarán alerta roja a Interpol para aquéllos que se encuentren fuera del país.
Más claro no canta el gallo, el circo vuelve a abrirse para sacar del juego a opositores que podrían obstaculizar la nueva reelección presidencial, y para seguir armando la coraza ante un eventual juicio a Chávez en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos.