| Entre febrero de 1999 y diciembre de 2008, el presidente Chávez habló en cadena nacional de radio y televisión un total de 1.179 horas, equivalente a 49 días de monólogo sin ininterrupciones |
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| Por: Andrés Cañizález |
Conforme tanto a la Convención Americana como a la Convención Europea de Derechos Humanos los Estados tienen la obligación de garantizar el pluralismo, no sólo a través de abstenerse de sancionar a los medios por sus líneas editoriales críticas, sino a través de acciones positivas, legislativas o de otra índole, destinadas a garantizar tal componente fundamental del derecho a la libertad de opinión y expresión.
Una de las situaciones que puede afectar drásticamente el pluralismo en material de libertad de opinión y expresión es la existencia de monopolios públicos o privados en la propiedad y en el control de los medios de comunicación social.
En Venezuela existen enormes desafíos para el pluralismo en materia de derecho a la libertad de opinión y expresión. Hasta hace algunos años había prácticamente un monopolio privado en la propiedad y control de los medios.
En la actualidad, el poder ejecutivo ha declarado públicamente que sus políticas en la materia implican no sólo equilibrar la situación para que haya más pluralismo sino que se propone avanzar en la consolidación de una hegemonía comunicacional e informativa del gobierno.
En la práctica, según han señalado diversos estudios, el gobierno de Venezuela ha ejecutado una serie de acciones que apuntan efectivamente en la dirección de una hegemonía, y ha creado serios problemas y limitaciones para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión.
Así, por ejemplo el número de medios televisivos administrados por el gobierno aumentó significativamente entre 2002 y 2009. Tradicionalmente en Venezuela existió un solo canal público, Venezolana de Televisión, a éste se han sumado en los últimos años otros seis: TVES, Vive, ANTV, Ávila TV y Telesur (con dos señales, una nacional y otra internacional). Asimismo, el gobierno maneja tres circuitos radiales con carácter nacional, Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y Rumbos y más de 250 emisoras comunitarias, la mayoría de las cuales, según se ha señalado “son meras repetidoras de la línea oficialista”; a todo ello se suman tres diarios financiados por los fondos públicos: Vea, El Correo del Orinoco y Ciudad CCS.
De acuerdo con diversos monitoreos, estos medios tienen un evidente sesgo político, como lo indicaron sendos estudios del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV (ININCO-UCV) tanto en 2004 como en 2007.
Reporteros Sin Fronteras ha señalado que el gobierno venezolano hace un uso “excesivo y discrecional” del espectro de radio y televisión. Entre el 2 de febrero de 1999 y el 31 de diciembre de 2008, el presidente Chávez habló en cadena nacional de radio y televisión durante 1.179 horas, lo cual equivale a 49 días ininterrumpidos de intervenciones.
Durante estas “cadenas” todo el sistema de radio y televisión del país (privado, estatal y comunitario) está obligado a transmitir un único y exclusivo mensaje.
Se ha indicado, asimismo, que la política oficial de avanzar hacia la hegemonía comunicacional tiene dos vertientes: por un lado establecer un excesivo aparato comunicacional del Estado, y por el otro cerrar o neutralizar, por diferentes vías a los medios independientes.
En ese orden de ideas, un caso que tuvo amplia repercusión internacional fue el cese de la concesión de la señal abierta del canal RCTV, que fue interpretado como un castigo por su línea editorial crítica.
Y a esto se sumó la decisión del poder ejecutivo de revocar en 2009 las licencias de 34 estaciones radiales, presuntamente porque no cumplían con las normas de la Ley de Telecomunicaciones.
Al respecto, Amnistía Internacional señaló que dicha decisión, en realidad, estaría vinculada con la línea editorial de los medios. De acuerdo con organizaciones internacionales reconocidas, el gobierno de Venezuela acosa, intimida y amenaza a los periodistas y medios independientes, lo que ha traído como consecuencia un clima de autocensura y un lógico impacto negativo en el pluralismo.
Ésta última sólo es posible en un ambiente en donde exista pluralidad de fuentes de información, que permita a las personas estar expuestas a diferentes ideas y puntos de vista de los asuntos que les conciernen, para que puedan tener plena libertad de opinión y puedan adoptar libremente sus opciones en una sociedad democrática.
Como ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación”.
Los relatores para libertad de opinión y expresión de la ONU, OSCE y OEA han señalado igualmente, en declaración conjunta, que “los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable”.
El Parlamento Europeo ha emitido varias resoluciones destacando la importancia del pluralismo. En una de ellas, por ejemplo, señaló que “el pluralismo político consiste en la necesidad de que, en interés de la democracia, toda una gama de opiniones y puntos de vista políticos se expresen a través de los medios de comunicación (…) la democracia estaría en peligro si una voz única, con poder para propagar un solo punto de vista, llegase a tener dominio excesivo”.
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