Amparados por el aparente colapso del sistema judicial, grupos parapoliciales operan con total impunidad en Venezuela, fungiendo como escuadrones de la muerte para contener el hampa, y en casos contrarios, como pavorosas bandas abocadas al secuestro y al narcotráfico.
Según un estudio presentado por COFAVIC, organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos, los asesinatos y otros actos violentos cometidos por organizaciones parapoliciales han aumentado dramáticamente a lo largo de los últimos diez años en Venezuela, país donde el 96 por ciento de los crímenes no son esclarecidos.
“Vemos con profunda preocupación que en los últimos cuatro años han aumentado los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de homicidios múltiples”, sostuvo el informe de COFAVIC, antes de resaltar que los culpables en la abrumadora mayoría de estos casos nunca son sancionados.
“La consecuencia directa de la carencia de justicia es que la ciudadanía cada día se siente más indefensa ante lo que observan como una falta de castigo a los responsables de cometer acciones fuera de la ley”, resaltó.
Esa percepción ha ido en aumento en los últimos años, lo que ha conllevado a la mayoría de los venezolanos a sentir desconfianza de las autoridades y a abstenerse de denunciar los delitos.
Según la encuesta de Victimización y percepción de Seguridad Ciudadana elaborada por el oficial Instituto Nacional de Estadísticas, el 43,75 por ciento de las víctimas que no denunciaron los delitos dijeron que se abstuvieron de hacerlo debido a la creencia de que agentes de la policía participaron en ellos.
Esa encuesta refleja la percepción generalizada de que el sistema judicial ha colapsado y que la ciudadanía se encuentra bajo el permanente asedio del hampa, con un 60,89 por ciento de la población considerando a la situación de la inseguridad ciudadana como “muy grave” y 33,39 por ciento como “grave”.
La suma de ambas tasas significa que el 94,28 por ciento de los consultados considera la situación de inseguridad personal como “crítica”, percepción que no es compartida por el gobierno venezolano.
El criminalista venezolano Fermín Mármol León, señaló que esa sensación de inseguridad es atribuible al deterioro de las instituciones policiales de Venezuela.
Mármol, profesor de Criminalística en la Universidad Santa María de Caracas, dijo que el ambiente de impunidad que prevalece en Venezuela ha creado las condiciones para desvirtuar y corromper las fuerzas del orden público en el país, propiciando la formación de bandas compuestas por policías y ex policías.
Algunos de ellos han participado en la ejecución de delincuentes, pero Mármol considera que más preocupante aún es el hecho de que algunos de estos grupos se involucran en actividades delictivas como el secuestro y el narcotráfico.
Entre estos dos delitos , el secuestro tiene un impacto directo en la población del país sudamericano, señaló Mármol.
“No hay otro tipo de delito en Venezuela que haya crecido tanto, y en el caso del secuestro express, el secuestro de corta duración, en un gran número de casos están involucrados funcionarios policiales y ex funcionarios policiales”, dijo.
El informe de COFAVIC señaló que los grupos parapoliciales funcionan como bandas que son incluso más temibles que las del crimen organizado.
“Están conformadas por funcionarios adscritos a las policías regionales, quienes, en abuso de sus funciones oficiales asesinan, desaparecen, amenazan o lesionan a personas previamente seleccionadas, a través de aparatos de inteligencia informales, ligados a estructuras estatales”, enfatizó.
“El Ministerio Público ha reconocido que la mayoría de los responsables de estas acciones son miembros activos de organismos de seguridad que tienen una gran experiencia en detenciones y levantamiento de pruebas, lo que ha dificultado la identificación clara de los responsables”, añadió el informe.
Muchos de los casos denunciados contra agentes del orden público han involucrado precisamente a integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) de Venezuela, organismo designado para realizar los levantamientos de pruebas en el país.
“Ese es el cuerpo que ha sido más denunciado”, dijo Marco Antonio Ponce, integrante de el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Según datos recopilados por PROVEA, unas 237 personas fallecieron en manos de agentes de la policía entre octubre del 2009 y septiembre del 2010. De ese total, unos 199 casos fueron catalogados por la ONG como ejecuciones extrajudiciales; nueve muertes fueron por exceso del uso de la fuerza y diez fueron producto de la tortura o el trato cruel.
La versión de los funcionarios implicados muchas veces es la misma, aseguró el informe de COFAVIC.
“Una comisión de funcionarios se encontraba en labores de patrullaje y avistaron a un individuo en actitud sospechosa que al percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, abrió fuego; la comisión policial se ve obligada a repeler el ataque, accionando su arma de reglamento, resultando muerto el agresor”, puntualizo el informe.
En sólo uno de los casos conocidos, se reportó la existencia de un funcionario policial herido durante estos supuestos enfrentamientos, añadió.
La impunidad se suma a la inexistencia de una política de seguridad ciudadana para prevenir y controlar la delincuencia.
“Estas dos condiciones generan una consecuencia indeseable: el surgimiento de acciones de control del crimen con más crimen o el principio de usar delincuentes para atrapar delincuentes, con el agregado de que la población que diariamente se ve afectada por la inseguridad apoya estás soluciones al margen de la ley”, indicó el documento.
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