Contra lo que podría pensarse, el Parlamento no analizó la grave situación que reventó con el motín de El Rodeo, hace ya más de once días. Ni se abocó a recoger y acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que viene ordenando desde 2009 al Estado venezolano que adopte "las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad, para evitar heridas y muertes violentas".
Los parlamentarios rojos se dedicaron a cambiarle el foco al problema y a diluir responsabilidades con las consabidas acusaciones a mansalva en contra de los parlamentarios de la oposición y medios de comunicación.
La agenda del día incluyó la discusión de las propuestas de Yelitze Santaella, diputada del PSUV y presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional que, entre otras, solicitaba:
1) Una moción para "rechazar y deplorar la actitud inhumana y con pretensiones desestabilizadoras de factores de la oposición que han contribuido a crear un clima de inestabilidad entre las familias de los privados de libertad".
2) El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados que supuestamente incitaron a la violencia y se extralimitaron en sus funciones.
3) La destitución del diputado de la oposición, William Ojeda, de la Vicepresidencia de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. A este Diputado se le achaca la manida acusación de "incitación a la violencia" además de "deformación informativa sobre la situación carcelaria", cuando lo que realmente hizo fue ejercer su mandato legislativo como Vicepresidente de esa misma Comisión.
4) La apertura de una investigación a diversos medios privados que supuestamente han divulgado los acontecimientos en El Rodeo, "con un tratamiento informativo tergiversado y desestabilizador".
Excepto por el allanamiento a la inmunidad de los parlamentarios, las propuestas fueron acogidas casi en su totalidad, incluyendo: La injustificable destitución de Ojeda de la Comisión y un inconcebible reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo "por el restablecimiento de la legalidad y la gobernabilidad en los recintos penitenciarios, con pleno apego a los Derechos Humanos".
Lo usual en la jornada parlamentaria de este martes fue ver a los parlamentarios rojos saltar toda institucionalidad democrática para imponer la línea de la dictadura.
Lo positivo, fue ver a los diputados de la oposición unidos contraponiéndose con determinación a la barbarie dictatorial de los rojos diputados.
Lo inaudito y grave fue que no se planteó solución alguna para la crisis del sistema penitenciario ni se discutió sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.
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