El organismo instó al gobierno venezolano a excarcelar a la magistrada, detenida por orden del presidente. Indicó que no hay pruebas que sustenten el supuesto caso de corrupción y denunció el trato cruel al que es sometida
La relatora sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul Albuquerque e Silva, reiteró su pedido al gobierno de Venezuela. "No existen pruebas que acrediten las imputaciones formuladas. Nada justifica su mantenimiento en detención", afirmó la funcionaria, quien requirió la liberación ante el Consejo de Derechos Humanos.
María Lourdes Afiuni se encuentra bajo arresto domiciliario, donde mejora de una intervención quirúrgica. Eso provocó el reclamo del relator de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Anand Grover, quien advirtió que las condiciones de detención "podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante", equivalente a la tortura.
"Es trasladada, sea al hospital o al juzgado, con una fuerte escolta policial y con esposas en las muñecas, como si se tratara de una peligrosa delincuente", denunció Knaul Albuquerque e Silva. Agregó que "quienes desean visitarla son sometidos a un estricto control y cacheo, lo que representa una actitud de carácter intimidatorio para sus familiares y amigos".
La detención "arbitraria" de la jueza sucedió en diciembre de 2009. "Ocurrió inmediatamente después de haber ordenado la liberación condicional del Sr. Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años de detención preliminar en espera de juicio", recordó la relatora.
La orden fue dada por el presidente Chávez durante un acto público por considerar que la letrada había incurrido en un caso de corrupción al poner en libertad a un empresario opositor.
La delegación de Venezuela, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, replicó que la "ex jueza María Afiuni Mora es juzgada penalmente por la comisión de los delitos de corrupción, abuso de autoridad, asociación para delinquir y por el favorecimiento de la evasión de un banquero ahora prófugo".
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