Con la decisión anunciada el jueves por un portavoz del Departamento del Tesoro, el Gobierno estadounidense reafirma su interés en golpear las finanzas de los funcionarios y políticos venezolanos que, según las evidencias disponibles, han brindado apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El director de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), Adam Szubin, informó que bloquearían todos los fondos y bienes que puedan tener en Estados Unidos el general de división Clíver Alcalá Cordones, los diputados Freddy Bernal y Amílcar Figueroa y el comisario (Sebin) Ramón Isidro Madriz, por considerar que han facilitado "armas, seguridad, entrenamiento y asistencia" a la organización guerrillera.
Las sanciones contra el jefe militar, los dos diputados y el comisario son de carácter administrativo, y por tanto se basan en evidencias que no necesariamente serán incluidas en expedientes penales.
En este caso se tomó en cuenta la data de las computadoras incautadas a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, en febrero de 2008. Por esto, Szubin llamó a dos de los sancionados por los sobrenombres que tenían en los correos electrónicos del llamado Canciller de las FARC.
Esos archivos indican: 1) Clíver Alcalá supuestamente prestó seguridad a delegados del secretariado del grupo guerrillero y ofreció a Iván Márquez por lo menos 20 lanzagranadas; 2) Amílcar Figueroa (Tino) trasladó documentos y dinero de las FARC; 3) Ramón Madriz (Amín) supuestamente dio seguridad y gestionó cédulas y visas a los guerrilleros, y 4) Bernal financió desde la Alcaldía de Libertador eventos de la Coordinadora Continental Bolivariana, fachada de las FARC.
El abogado venezolano Glenn Morales, especializado en asuntos consulares, considera que la decisión del Gobierno estadounidense no tiene instancias de apelación. "Al que cae en esa lista le congelan de inmediato los activos. Es un proceso bastante agresivo e invasivo", dice.
Guerra avisada. Las FARC fueron incluidas en 2003 en el registro estadounidense de organizaciones y personas dedicadas al tráfico de drogas en el mundo. Lo llaman Lista Clinton, por el presidente que la instituyó. Según el Acta Kingpin (ley vigente en Estados Unidos desde 1999), se prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones con el grupo o persona incluidas en esa lista.
El desacato de la norma es sancionado con multas hasta por 10 millones de dólares y el señalamiento como otro colaborador del narcotráfico.
Morales precisó que las personas especialmente señaladas como cooperantes de esas organizaciones ilegales no podrán obtener visa y si ya la poseen les será revocada. Añadió que la identificación del sancionado ingresa a otra lista, que es revisada por las líneas aéreas con destinos en territorio estadounidense.
Indicó que defensores de derechos humanos en Estados Unidos han criticado la norma.
Dijo que muchas empresas se han visto afectadas por haber recibido cheques sin verificar si el emisor está en el registro del Departamento del Tesoro, en el que ahora aparecen Alcalá y Bernal. El abogado Michael Díaz aseguró desde Estados Unidos que la decisión del Departamento del Tesoro es reflejo de una averiguación penal, actualmente secreta.
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