Los permisos que el Gobierno de Guyana ha entregado en forma masiva en el territorio Esequibo están afectando a las comunidades indígenas de la zona, cuyos integrantes, según la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son venezolanos por nacimiento.
Un informe elaborado en 2002 por The North-South Institute, una organización no gubernamental canadiense dedicada a promover la justicia social, señala parte de las calamidades que vive la población originaria de esa zona.
Destrucción de cultivos, profanación de sus sitios sagrados, erosión del suelo, contaminación del agua y abusos a mujeres indígenas son parte de las injusticias a que son sometidas las etnias, según el informe.
El reporte fue producto de cuatro consultas a comunidades en la zona en reclamación, donde está casi toda la población indígena del territorio que hoy la República Cooperativa de Guyana considera suyo.
Las calamidades
Denis Canterbury de la Universidad de Guyana sostiene que los indígenas en esa zona están severamente afectados por las minas en términos lingüísticos, sociales y económicos".
"Estos efectos incluyen la disminución y desaparición de la pesca, cultivos y dialectos, la aparición de nuevas enfermedades como el Sida, inundaciones, y contaminación de ríos", señala el informe.
Añade que en algunas ocasiones "las personas indígenas son consideradas ocupantes ilegales en su propia tierra" y son víctimas de racismo velado y de explotación cuando se integran a trabajar en las minas.
Ante esta realidad el Gobierno de Guyana ha desarrollado algunas iniciativas legislativas, orientadas a organizar las comunidades de esta población.
Según un reporte de la Oficina de la Presidencia guyanesa durante mayo del año pasado los indígenas representaban el 9,1% de la población de ese país y son los dueños de aproximadamente el 13,9% de la tierra, no obstante, la distribución geográfica donde ellos se encuentran coincide con las zonas donde se está entregando la mayor cantidad de licencias para explorar o explotar minas, sobre todo de oro. Esa zona es en el territorio que Venezuela reclama como suyo y sujeto al Acuerdo de Ginebra de 1966.
La Presidencia guyanesa dice que existen 96 villas indígenas con títulos de sus tierras, pero el reporte de la ONG canadiense contabilizó en 2002 más de 35 compañías multinacionales que operan minas, muchas de ellas donde han habitado ancestralmente las etnias.
La forma irregular como los distintos gobiernos guyaneses han asumido el problema de las etnias indígenas (a quienes llaman amerindios) han sido además de conocimiento internacional. En su libro "La Venezolanidad del Esequibo", el general (r) Oscar José Márquez cita a un consultor jurídico del Banco Mundial quien señaló en 1995: "Cada informe que ha llega a conocimiento del que suscribe ha dedicado espacio a la mayor cuestión económica, política y psicológica que se plantea hoy día a los amerindios: la interrelación de ausencia de derechos territoriales estatutarios con título, y la conducta cada vez más agresiva de las empresas mineras nacionales e internacionales".
Por su parte, el expresidente de la Comisión de Ambiente del antiguo Senado de Venezuela y autor de las normas sobre ambiente y desarrollo sustentable de la Constitución Venezolana de 1999, Alexander Luzardo, señala que Guyana "debe respetar los recursos hídricos y la biodiversidad que se encuentran presentes en la zona en reclamación del Esequibo, que forman parte de las ultimas fronteras forestales del planeta, las cuales pueden ser arrasadas por las actividades mineras, petroleras y forestales que vienen promoviendo el Gobierno de la República Federativa de Guyana, en abierta violación de los convenios internacionales particularmente la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas así como también el Acuerdo de Ginebra suscrito con Venezuela".
Pero además del territorio y los recursos naturales que están allí presentes, es tarea del Gobierno de Venezuela velar por el respeto a la población esequibana ya que son considerados venezolanos, tanto así que el Estado les otorga cédula y pasaporte del país. Además, la Constitución de la República en su capítulo VIII desarrolla ampliamente los derechos de la población indígena.
No hay comentarios:
Publicar un comentario