Venezuela: Sobre el “Corredor Seguro de la Cocaína”

Ramón Emilio Rodríguez Chacín, se impone con el aval de Miraflores

“… El que no sabe es un imbécil. El que sabe y calla es un criminal…” Bertolt Brecht (1898-1956)

Si dudas existían sobre el texto y el contexto de esta matanza del 22/11/11, como una expresión de la guerra a muerte entre las bandas armadas que operan dentro y en la periferia de la Reserva Forestal de San Camilo, con la última información publicada el viernes por Sebastiana Barraez en el semanario Quinto Día, éstas pueden ser despejadas.

Ya comentamos los escabrosos detalles de la degollina en nuestra nota anterior sobre este “Ajuste de Cuentas” que terminó en una nueva masacre.

Una más que sobre las mismas constantes imperantes en el mismo sector fronterizo, puede ser observada y que por las mismas causas impunemente se vienen ejecutando desde hace no menos de 23 años.

Sólo que ahora, con esta información más reciente sobre esta particular masacre, se consolida el ámbito de las exigibles responsabilidades; esto, desde el momento en que al menos hipotéticamente, se complementan para un cuadro mucho más nítido de los eventos sobre los que se desarrolla la dinámica de estos desempeños criminales.

Novedades

Como recordaremos, apenas ocurren los hechos, personalmente Hugo Chávez envía al jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), general Henry Rangel Silva, a investigar; luego el ocho de este mes el oficial al mando de esa operación, coronel (Ej) Ángel Rafael Seldeño Armas, es trasladado y mantenido en custodia en el DIM en Caracas; posteriormente, de nuevo en teoría, Hugo Chávez saca al CEO y el DIM y transfiere la responsabilidad de la investigación y designa a Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Trescientas y tantas horas después de ocurrida la masacre, la jurisdicción militar declararía incompetencia y abandona de improviso la escena del crimen y el caso y automáticamente, se asume, pasa la responsabilidad de la investigación a quien habría debido de asumirla desde el primer momento, pero que nada ha hecho ni hará: Luisa Ortega Díaz, la detentora del monopolio de la acción penal desde la FGR.

Todo eso pudiere resultar para algún observador –aún dentro de la particular truculencia–, si bien como algo anormal, en todo caso, propio quizás a las sempiternas improvisaciones a las que están habituados los funcionarios de seguridad, dada la manifiesta y programada incompetencia de este gobierno frente a las actividades del crimen, organizado o no.

Sin embargo, no resulta tan diáfano y la óptica con la que se ha observado hasta este momento el asunto, debe ser drásticamente ajustada a la luz de este nuevo dato en la información de Sebastiana Barraez:

“… un informe preparado por el exministro Ramón Rodríguez Chacín…”

Donde se “… concluye que tanto el comandante Moisés como tres de los miembros de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) fueron ejecutados…”

Experiencia

En forma irrefutable, si alguien en Venezuela ha conservado en los últimos 23 años, y conserva aún en sus manos, el palmares de masacres , es precisamente Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Desde el mes de octubre de 1982 hasta octubre de 1988 fue el planificador y ejecutor de diez masacres con un saldo no menor a cien civiles desarmados que fueron asesinados en supuestas operaciones policiales–militares.

Desde Cantaura hasta El Amparo; luego, en abril de 2002, con 20 muertos y 200 heridos en la periferia de Miraflores; más aún, salvo prueba en contrario, fue el cerebro, planificador y ejecutor de la otra masacre, esa vez fue frustrada, en mayo de 2004 y con lo que se conoció en su momento como el affaire de “Los Paracachitos”.

Por tanto, Hugo Rafael Chávez Frías a sabiendas que nadie mejor para conocer cómo se prepara y se planifica, cómo se seleccionan las victimas, cómo se ejecutan y se rematan los heridos, cómo se siembran las armas y luego, cómo se destruyen las evidencias y se cubre una masacre, y se mantiene la impunidad.

Nadie mejor para ello, que su designado y activo Presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV, Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Quizás por eso, pareciera lógico asumir, fue seleccionado y asignado a la tarea como el particular experto investigador criminal de Miraflores.

Obvio pero no es exacto

En múltiples notas hemos avanzado la especie de que si bien Hugo Rafael Chávez Frías tiene y ejerce la presidencia de la República, también es cierto que la cada vez más invasiva dinámica del Crimen Organizado, ha tomado posiciones y ejerce control no sólo sobre múltiples órganos de información y de preparación de las decisiones, sino también en el ámbito de la toma y del control ulterior en las ejecutorias de las decisiones políticas que se dicten desde Miraflores.

Por vía de derivados inevitables, tanto la impunidad como garantía para los asociados como el poder necesario de la maquinaria del crimen para mantener el control y su hegemonía por sobre cualquiera sea la competencia o por sobre cualquiera sean los grupos de intereses emergentes en sus áreas geográfica de influencia y de control, están en manos de quienes bajo el argumento de la cobertura de los intereses “soleados” y asoleados de los carteles, operan a sus anchas desde el propio Miraflores.

Y precisamente, la Reserva Forestal de San Camilo y su periferia, desde hace más de cuatro lustros, forma parte insustituible de la columna vertebral y para la seguridad del “Corredor Seguro para la Cocaína”.

Luego

Desde esta perspectiva criminosa, bien pudiésemos adelantar criterio y afirmar sin temor al error y salvo prueba irrefutable en contrario, que la selección y designación de Ramón Emilio Rodríguez Chacín como investigador criminal para la Masacre de San Camilo y a pesar de su declarado “espasmo cerebral”, la ulterior redacción y elaboración del “informe técnico”, no parecieran haber estado precisamente en las manos de Hugo Rafael Chávez Frías.

Pareciera haber sido más bien, una autoselección seguida de una autodesignación.

Queda en los hechos sustentado:

Sobre el “Corredor Seguro de la Cocaína” –ayer con Jaime Lusinchi, el CEJAP y su comandante, general Humberto Camejo Árias, hoy con Hugo Rafael Chávez Frías y el jefe del 923 Batallón Caribes Sucre de La Victoria de Apure, coronel (Ej) Ángel Rafael Seldeño Armas– el capitán de navío (r) Ramón Emilio Rodríguez, desde la Presidencia del Tribunal Disciplinario del PSUV y a pesar de su “espasmo cerebral”, afianza su poder y se impone por sobre cualquiera sea la expresión de competencia o de amenaza a los intereses del tráfico de cocaína, siempre con el aval y la protección de Miraflores.