El magistrado Aponte Aponte solicitó amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para impedir que la Asamblea Nacional lo destituya del cargo
"Por primera vez desde su constitución, el Consejo Moral Republicano dio respuesta oportuna a la petición de un ciudadano", afirmó Rafael Rodríguez Mudarra, presidente de Unión Republicana Democrática, a propósito del fallo de esa instancia contra el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte por su supuesta vinculación con Walid Makled, que fue calificada de falta grave y que acarrea su destitución del cargo.
"Esta decisión es trascendental porque se cumplió rigurosamente el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para analizar las supuestas irregularidades cometidas por un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ello indica prosiguió Rodríguez Mudarra que cuando el Estado tiene la voluntad se pueden aplicar los dispositivos constitucionales en materia de prevención y sanción de la corrupción".
El presidente de Unión Republicana considera que la decisión del Consejo Moral Republicano también constituye un reconocimiento del valor probatorio de las informaciones publicadas por los medios de comunicación social sobre el apoyo que le brindaron a Makled diversas instancias del Gobierno para desarrollar las actividades que el Ministerio Público ha calificado como delitos.
"No podemos olvidar que la prensa también reseñó las declaraciones de Makled que incriminan a altos funcionarios, entre ellos militares como el actual ministro de la Defensa Henry Rangel Silva. Si, en verdad, el Estado está dispuesto a ejercer su poder punitivo para evitar la impunidad de delitos tan graves como el narcotráfico y el sicariato debe investigar eficientemente las supuestas vinculaciones de Makled con otros altos funcionarios y divulgar con la mayor transparencia posible los resultados", insistió Rodríguez Mudarra.
Investigación limitada
El dirigente político lamentó que el Ministerio Público se haya limitado a comprobar la responsabilidad penal de Makled por los asesinatos del periodista Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, así como por transacciones bancarias que sugieren lavado de dinero.
"Los venezolanos todavía esperamos respuestas sobre el respaldo que obtuvo Makled para controlar la actividad comercial en Puerto Cabello y en el aeropuerto de Valencia", indicó.
"Nuestra obligación como abogado y presidente de un partido político argumentó Rafael Rodríguez Mudarra es contribuir al fortalecimiento de las instituciones y, especialmente, del Poder Judicial como garante de la legalidad. Exhortamos a todas las autoridades a que efectúen investigaciones de manera exhaustiva, orientadas a explorar todas circunstancias que permitan la identificación de los autores de los hechos para su posterior juzgamiento y sanción en caso de que atenten contra de la ética pública y la moral administrativa. En esa materia ningún funcionario público debe tener privilegios. Además, es oportuno recordar que el Estado puede ser responsable por no investigar el esclarecimiento de los hechos relacionados con la delincuencia organizada".
Contra la subcontralora
Tal como lo había anunciado, el abogado de Aponte Aponte, Luis Ramos Reyes, interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evitar los efectos de la resolución que dictó el Consejo Moral Republicano el 7 de marzo; es decir, que la Asamblea Nacional destituya al magistrado.
La solicitud de amparo se fundamenta en la supuesta violación del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales, pues consideran que Adelina González, que ejerce el cargo de contralora general de la República desde el fallecimiento de Clodosbaldo Russián, no podía incorporarse al Consejo Moral Republicano.
Ramos Reyes aseguró que no bastaba con que la contralora encargada se inhibiera de intervenir en el caso de Aponte Aponte y que la decisión en su contra sólo fuese suscrita por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. "La ley exige que la decisión cuente con el respaldo unánime de las tres autoridades que integran el Consejo Moral Republicano", afirmó.
Advirtió que todas las decisiones de la máxima instancia del Poder Ciudadano firmadas por Adelina González como contralora general de la República encargada son irritas y pudieran ser impugnadas.
"Esta decisión es trascendental porque se cumplió rigurosamente el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para analizar las supuestas irregularidades cometidas por un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ello indica prosiguió Rodríguez Mudarra que cuando el Estado tiene la voluntad se pueden aplicar los dispositivos constitucionales en materia de prevención y sanción de la corrupción".
El presidente de Unión Republicana considera que la decisión del Consejo Moral Republicano también constituye un reconocimiento del valor probatorio de las informaciones publicadas por los medios de comunicación social sobre el apoyo que le brindaron a Makled diversas instancias del Gobierno para desarrollar las actividades que el Ministerio Público ha calificado como delitos.
"No podemos olvidar que la prensa también reseñó las declaraciones de Makled que incriminan a altos funcionarios, entre ellos militares como el actual ministro de la Defensa Henry Rangel Silva. Si, en verdad, el Estado está dispuesto a ejercer su poder punitivo para evitar la impunidad de delitos tan graves como el narcotráfico y el sicariato debe investigar eficientemente las supuestas vinculaciones de Makled con otros altos funcionarios y divulgar con la mayor transparencia posible los resultados", insistió Rodríguez Mudarra.
Investigación limitada
El dirigente político lamentó que el Ministerio Público se haya limitado a comprobar la responsabilidad penal de Makled por los asesinatos del periodista Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, así como por transacciones bancarias que sugieren lavado de dinero.
"Los venezolanos todavía esperamos respuestas sobre el respaldo que obtuvo Makled para controlar la actividad comercial en Puerto Cabello y en el aeropuerto de Valencia", indicó.
"Nuestra obligación como abogado y presidente de un partido político argumentó Rafael Rodríguez Mudarra es contribuir al fortalecimiento de las instituciones y, especialmente, del Poder Judicial como garante de la legalidad. Exhortamos a todas las autoridades a que efectúen investigaciones de manera exhaustiva, orientadas a explorar todas circunstancias que permitan la identificación de los autores de los hechos para su posterior juzgamiento y sanción en caso de que atenten contra de la ética pública y la moral administrativa. En esa materia ningún funcionario público debe tener privilegios. Además, es oportuno recordar que el Estado puede ser responsable por no investigar el esclarecimiento de los hechos relacionados con la delincuencia organizada".
Contra la subcontralora
Tal como lo había anunciado, el abogado de Aponte Aponte, Luis Ramos Reyes, interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evitar los efectos de la resolución que dictó el Consejo Moral Republicano el 7 de marzo; es decir, que la Asamblea Nacional destituya al magistrado.
La solicitud de amparo se fundamenta en la supuesta violación del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales, pues consideran que Adelina González, que ejerce el cargo de contralora general de la República desde el fallecimiento de Clodosbaldo Russián, no podía incorporarse al Consejo Moral Republicano.
Ramos Reyes aseguró que no bastaba con que la contralora encargada se inhibiera de intervenir en el caso de Aponte Aponte y que la decisión en su contra sólo fuese suscrita por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. "La ley exige que la decisión cuente con el respaldo unánime de las tres autoridades que integran el Consejo Moral Republicano", afirmó.
Advirtió que todas las decisiones de la máxima instancia del Poder Ciudadano firmadas por Adelina González como contralora general de la República encargada son irritas y pudieran ser impugnadas.
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