Guerrilla Boliche: ¿a quién defiende?

¿Se trata de hechos aislados o se asoma la responsabilidad del Estado en la violencia?

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El régimen pretende bajarle el tono a las acciones de las guerrillas que operan en el Alto Apure, por eso la información que se conoce no es oficial y es imposible saber si las fuerzas irregulares irán tomando nuevos espacios o se frenará su avance, ya que se mezclan con las mafias del narcotráfico, secuestros y extorsiones. Nos referimos a los grupos uniformados con armas largas, que se desplazan como un verdadero territorio de operaciones: hay zonas, como El Amparo, donde se produce un dramático toque de queda al ponerse el Sol.

El diario UN ha estado investigando el tema de las acciones de la Fuerza Bolivariana de Liberación Nacional y la Patriótica Bolivariana de Liberación, determinando que en una acción ocurrida el 22 de noviembre de 2011, se incautó un lote de armas y documentos con hojas de cálculo que precisan la persona que cobra, el monto, la fecha de pago y su relación con los ganaderos, productores agropecuarios y comerciantes extorsionados. La Sala Penal del TSJ, el 14 de diciembre del año pasado, se pronunció sobre los detenidos por el delito de Rebelión y acogió para la radicación del juicio el criterio Fiscal, al tratarse de un grupo armado, con denominación y debidamente estructurado, estudiando la identificación, el armamento decomisado y la confesión de uno de sus integrantes. Sin embargo es poco lo que el Ejecutivo ha dicho sobre el particular, a pesar de tratarse de la presencia activa de decenas de venezolanos armados, generadores de violencia e incursos en delitos sancionados por nuestra legislación.

La investigadora de la USB, Verónica Zubillaga, durante un Seminario dictado en la UCV, ha resaltado que la Violencia amenaza en múltiples áreas y mezcla lo lucrativo con lo político, mediante la aparición de redes criminales armadas, destacando la atomización de la violencia; después se refirió a las organizaciones subversivas que actúan de forma abierta, en espacios geográficos bien definidos y que se han hecho muy visibles, atemorizando a los habitantes de las zonas donde operan.

En este esquema de grupos subversivos urbanos y rurales, que se desempeñan como presuntos defensores del régimen con una impunidad inexplicable, salvo que cuenten con la permisividad y discreto apoyo del Estado, todo el mundo sabe y nadie habla, porque los vecinos tienen temor de las represalias y lo evidente es que amplían su capacidad de acción y actúan igual que una franquicia, por el apoyo que ofrecen al régimen, movilizándose con libertad en acciones que sólo se pueden calificar de delictivas, al extremo que el TSJ ha convalidado el trabajo realizado por la FAN y la Fiscalía en Apure, en cuanto al delito de rebelión.

¿Se trata de hechos aislados o se asoma la responsabilidad del Estado en la violencia?, al permitir que civiles armados defiendan el proceso político que vive Venezuela, dentro de una visión de alta sospecha que abarca al país entero, donde se le da prioridad a fantasmagóricas conspiraciones, reduciendo a una expresión simbólica la obligación constitucional de protección a los ciudadanos.