Lo tenemos hasta en la sopa. Los medios de comunicación del Estado, previstos para difundir información de interés para TODOS los venezolanos, financiados con dineros públicos y por principio, institucionales, son usados groseramente como armas comunicacionales del partido de Gobierno, difusores de la campaña electoral de su perpetuo candidato presidencial y de los candidaticos seleccionados a dedo, que como porfiados se mueven de un lado a otro a las órdenes de su comandante 24×7.
Peculadores en campaña
“Cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre primero el de hacerse odiar”.
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, (1689 – 1755), escritor y político francés.
Abusivas cadenas para nombrar a su comando de campaña y asignarle tareas son obviadas por el Consejo Nacional Electoral, que al igual que los tres monitos, no se da cuenta que todas las transmisiones de noticieros, que todos los programas de los canales del Estado, que todos los órganos de prensa, carteleras, avisos, páginas web de organismos del Gobierno, son tomados por los funcionarios a cargo de los cuales está la administración de esos bienes públicos, para el beneficio de la campaña electoral de un grupo político. Eso, según las leyes anticorrupción vigentes en Venezuela es un delito que tiene un nombre: peculado doloso.
Disponer de bienes que se le han confiado como empleados del Estado, como si fuesen los propietarios de los mismos, distrayendo la finalidad de esos bienes que pertenecen al colectivo nacional y no a un grupo, modificando el destino del bien, es peculado.
Y en este caso es absolutamente doloso puesto que, del Comandante para abajo, todos ellos tienen conciencia que jamás hubieran podido disponer y desviar la función de esos bienes a su entero placer si no fuese por el cargo que ejercen. Más aún cuando la acción les favorece a ellos directamente, en perjuicio de quienes no pertenecen a su grupo político.
Esta gente no se ha leído la Ley contra la Corrupción que ellos mismos aprobaron en abril del 2003. En el artículo 52 de la misma se señala que cualquier funcionario público o persona que administre fondos públicos “que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito”.
Es entonces cuando me pregunto por qué la Contraloría General de la República no ha investigado de dónde salen los fondos para los numerosos banner de “Pa’lante Comandante” que están en todas las páginas web del país. Seguro que hay un “cabeza de chola” que figura con Rif y todo pagando el aviso, pero ¿no se preguntará la Contraloría de dónde el “cabeza de chola” tiene tanto real para pagar esa publicidad, que es evidentemente un slogan de campaña del candidato presidente? ¿No interviene el CNE, que ha dicho que la campaña electoral comienza el 1º de julio?
Invito a estos dos organismos a que hagan su trabajo y vean por ejemplo en el circuito cerrado de televisión del aeropuerto de Porlamar, la propaganda electoral de Mata Figueroa, de rojo y con sombrero de cogollo. O que entren en las páginas oficiales de los ministerios, plagadas de propaganda electoral. O que pregunten cómo se están utilizando los aviones, viáticos y otros fondos públicos para trasladar y alojar a todo trapo en Cuba al Consejo de Ministros y a toda la familia presidencial. ¿O será que cambiaron la Constitución y no nos dimos cuenta? Porque en la Carta Magna dice que la sede del Gobierno de Venezuela está en Caracas y en su defecto en cualquier parte del territorio nacional. Por más que busco, leo y releo, en ninguna parte dice que la sede del Ejecutivo Nacional ni de ningún poder está donde esté el Presidente.
Lo más patético de esto es ver a funcionarios como Jaua, con camisa roja y puño en alto, tratando de convencer a los mismos mirandinos que sacaron a Diosdado Cabello para que voten por él, pero a los cinco minutos protesta una caminata de Capriles en Cotiza, “porque aquí no hay campaña electoral todavía”.
Ellos están violando abiertamente su función imparcial de funcionarios públicos, utilizando dineros del Estado para movilizarse y movilizar masas a reuniones netamente electorales, pagando publicidad de campaña y abusando de los medios de comunicación que pertenecen a los venezolanos. ¿Desde cuándo el Psuv adquirió, compró o alquiló VTV, Vive TV, Tves o Antv? Todas televisoras propiedad del Estado venezolano y cuyos mensajes deben ser dirigidos a todos los venezolanos, para favorecerlos por igual. Eso es igualdad, eso es inclusión.
Pero estos personajes de circo ni siquiera quieren enterarse de lo que les viene. Por ejemplo ¿dónde se van a meter cuando esto termine? ¿Ya compraron su casita en Cuba? ¿O cómo que es en Dubai? Pocos de ellos aguantan una prueba de honradez. ¡Y pensar que se montaron allí acusando de corruptos a quienes hoy parecen nenés de pecho al lado de éstos grandeligas del peculado!
Una última información, para que vayan preparándose, se las doy de gratis. Según el artículo 54, “El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis meses (6) a cuatro (4) años. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos”. O sea, hasta los cómplices serán sancionados.
Cada uno de los venezolanos debe convertirse en un observador activo de los múltiples delitos de corrupción y peculado que ya hemos visto en campañas anteriores, pero que para estas elecciones presidenciales se están magnificando, ante la mirada inerme de unos poderes públicos que indignamente no ejercen su poder.
Literalmente, se están jugando tanto la bolsa como la vida. Los escrúpulos y las leyes sobran.
Peculadores en campaña
“Cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre primero el de hacerse odiar”.
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, (1689 – 1755), escritor y político francés.
Abusivas cadenas para nombrar a su comando de campaña y asignarle tareas son obviadas por el Consejo Nacional Electoral, que al igual que los tres monitos, no se da cuenta que todas las transmisiones de noticieros, que todos los programas de los canales del Estado, que todos los órganos de prensa, carteleras, avisos, páginas web de organismos del Gobierno, son tomados por los funcionarios a cargo de los cuales está la administración de esos bienes públicos, para el beneficio de la campaña electoral de un grupo político. Eso, según las leyes anticorrupción vigentes en Venezuela es un delito que tiene un nombre: peculado doloso.
Disponer de bienes que se le han confiado como empleados del Estado, como si fuesen los propietarios de los mismos, distrayendo la finalidad de esos bienes que pertenecen al colectivo nacional y no a un grupo, modificando el destino del bien, es peculado.
Y en este caso es absolutamente doloso puesto que, del Comandante para abajo, todos ellos tienen conciencia que jamás hubieran podido disponer y desviar la función de esos bienes a su entero placer si no fuese por el cargo que ejercen. Más aún cuando la acción les favorece a ellos directamente, en perjuicio de quienes no pertenecen a su grupo político.
Esta gente no se ha leído la Ley contra la Corrupción que ellos mismos aprobaron en abril del 2003. En el artículo 52 de la misma se señala que cualquier funcionario público o persona que administre fondos públicos “que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito”.
Es entonces cuando me pregunto por qué la Contraloría General de la República no ha investigado de dónde salen los fondos para los numerosos banner de “Pa’lante Comandante” que están en todas las páginas web del país. Seguro que hay un “cabeza de chola” que figura con Rif y todo pagando el aviso, pero ¿no se preguntará la Contraloría de dónde el “cabeza de chola” tiene tanto real para pagar esa publicidad, que es evidentemente un slogan de campaña del candidato presidente? ¿No interviene el CNE, que ha dicho que la campaña electoral comienza el 1º de julio?
Invito a estos dos organismos a que hagan su trabajo y vean por ejemplo en el circuito cerrado de televisión del aeropuerto de Porlamar, la propaganda electoral de Mata Figueroa, de rojo y con sombrero de cogollo. O que entren en las páginas oficiales de los ministerios, plagadas de propaganda electoral. O que pregunten cómo se están utilizando los aviones, viáticos y otros fondos públicos para trasladar y alojar a todo trapo en Cuba al Consejo de Ministros y a toda la familia presidencial. ¿O será que cambiaron la Constitución y no nos dimos cuenta? Porque en la Carta Magna dice que la sede del Gobierno de Venezuela está en Caracas y en su defecto en cualquier parte del territorio nacional. Por más que busco, leo y releo, en ninguna parte dice que la sede del Ejecutivo Nacional ni de ningún poder está donde esté el Presidente.
Lo más patético de esto es ver a funcionarios como Jaua, con camisa roja y puño en alto, tratando de convencer a los mismos mirandinos que sacaron a Diosdado Cabello para que voten por él, pero a los cinco minutos protesta una caminata de Capriles en Cotiza, “porque aquí no hay campaña electoral todavía”.
Ellos están violando abiertamente su función imparcial de funcionarios públicos, utilizando dineros del Estado para movilizarse y movilizar masas a reuniones netamente electorales, pagando publicidad de campaña y abusando de los medios de comunicación que pertenecen a los venezolanos. ¿Desde cuándo el Psuv adquirió, compró o alquiló VTV, Vive TV, Tves o Antv? Todas televisoras propiedad del Estado venezolano y cuyos mensajes deben ser dirigidos a todos los venezolanos, para favorecerlos por igual. Eso es igualdad, eso es inclusión.
Pero estos personajes de circo ni siquiera quieren enterarse de lo que les viene. Por ejemplo ¿dónde se van a meter cuando esto termine? ¿Ya compraron su casita en Cuba? ¿O cómo que es en Dubai? Pocos de ellos aguantan una prueba de honradez. ¡Y pensar que se montaron allí acusando de corruptos a quienes hoy parecen nenés de pecho al lado de éstos grandeligas del peculado!
Una última información, para que vayan preparándose, se las doy de gratis. Según el artículo 54, “El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis meses (6) a cuatro (4) años. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos”. O sea, hasta los cómplices serán sancionados.
Cada uno de los venezolanos debe convertirse en un observador activo de los múltiples delitos de corrupción y peculado que ya hemos visto en campañas anteriores, pero que para estas elecciones presidenciales se están magnificando, ante la mirada inerme de unos poderes públicos que indignamente no ejercen su poder.
Literalmente, se están jugando tanto la bolsa como la vida. Los escrúpulos y las leyes sobran.
No hay comentarios:
Publicar un comentario