L
MARINO ALVARADO B.- Coordinador General de Provea
Uno
de los argumentos expuestos por el gobierno nacional para justificar su
posible retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que
en Venezuela se garantiza el derecho a la justicia.
Tal afirmación se contradice con
el reconocimiento realizado por el presidente Chávez, la Fiscal General
y la Defensora del Pueblo en el sentido de que en Venezuela tenemos
altos índices de impunidad y problemas estructurales en la
administración de justicia. Desde la perspectiva de dichos funcionarios
se han logrado avances pero el problema persiste.
Y es esa la realidad que viven cotidianamente las miles de personas afectadas por sus derechos en el país.
Con esperanza acuden a los
órganos de administración de justicia ya sea para que se establezcan
sanciones a los responsables de las violaciones o para que se
restablezcan los derechos cercenados. Con frecuencia, por ejemplo, en
situaciones de abuso policial o militar, no pasan de las averiguaciones
iniciales sin que se presenten acusaciones formales. Y de las pocas que
se realizan son escasas las que llegan a determinar responsabilidades.
Si se trata de derechos sociales
es muy probable que una causa dure varios años esperando sentencia. Y
en muchos casos la decisión judicial no restablece los derechos
violentados o la sentencia no es acatada.
Ante una situación como esa la
Constitución en su artículo 31 ofrece una alternativa a todas las
personas que habitan en el país y esa alternativa es acudir al Sistema
Internacional de Protección de los Derechos Humanos. De tal manera que
frente a las deficiencias del sistema de justicia nacional las personas
tienen pleno derecho de acudir a instancias internacionales. Dos casos
emblemáticos sirven de ejemplo. El 28 de octubre de 1988 se produjo la
masacre de El Amparo, en el estado apure.
Funcionarios policiales y
militares asesinaron a 14 personas inocentes. El caso fue procesado en
la justicia militar y mediante una cadena de irregularidades bien
diseñadas se declaró no culpables a los responsables. Los familiares de
las víctimas y los dos sobrevivientes acudieron primero a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente el caso fue
presentado en la Corte Interamericana, quien dictó sentencia. La
justicia parcial lograda hasta ahora en este caso se alcanzó
precisamente más allá de nuestras fronteras. El otro caso es el de
jubilados de Venezolana Internacional de Aviación Compañía Anónima
(Viasa). Mediante una acción de amparo constitucional logran que un
tribunal les restituya su derecho a la jubilación. Sin embargo, la
sentencia se quedó en el papel y las autoridades competentes se negaban a
cumplirla, mientras tanto iban falleciendo jubilados en el camino.
Acudieron a la Comisión Interamericana y en esa instancia se logró un
acuerdo amistoso que les permite hoy recibir mensualmente sus pensiones.
Forzados a llevar el caso a la Comisión Interamericana fue como lograron finalmente que se hiciera justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario