Mecanismo ilegal para obtener dólares preferenciales

La Tesorera General de la República TFR (Claudia P. Díaz Guillén), el presidente del Banco Central de Venezuela BCV (Nelson Merentes) y algunos bancos privados y brokers, con el aval del Ministro de Finanzas (Jorge Giordani), habrían acordado un mecanismo ilegal para obtener dólares preferenciales y venderlos luego en el mercado paralelo con el objeto de financiar parte de la campaña política del partido de gobierno, además de obtener jugosas ganancias para algunos de los involucrados, tanto del sector público como privado.

Una de las primeras operaciones de este esquema ilegal tuvo lugar a mediados de 2011 y se basó en la negociación de certificados en libras esterlinas (UKT) a través del banco suizo EFG, que luego fueron convertidos en dólares por el operador financiero o broker principal de este nuevo esquema ilegal, Luis Ignacio Oberto (hijo de un alto dirigente de COPEI en tiempos de la IV Republica), a través de un fondo de inversiones de su propiedad en NYC.

De acuerdo a la información suministrada a WAC, la realización de esta operación de varios cientos de millones de dólares se hizo mediante un banco offshore de Curazao. Los bolívares involucrados en este tinglado financiero los aportó un banco venezolano relacionado con la entidad financiera de la isla holandesa, con el cual el broker, por cierto, tiene lazos familiares.

El esquema ilegal se apoya en la necesidad expresada por la Tesorera General de cumplir con compromisos de deuda externa, para lo cual solicita a Nelson Merentes (BCV) las correspondientes divisas.

Hasta allí, todo normal. Sin embargo, el punto oscuro está en el hecho de que Claudia Díaz pide una cantidad mayor a la requerida para cumplir con el compromiso. El inconfesable objetivo es negociar la diferencia en el mercado negro ($1/ Bs. 8.6)

Bajo este esquema, la Tesorera General se habría “excedido” en sus solicitudes en varios cientos de millones de dólares desde el año pasado hasta la fecha.

Las operaciones son llevadas a cabo preferiblemente en libras esterlinas a través de bancos suizos para burlar los controles de las instituciones reguladoras de EEUU.

Al finalizar la operación, depositan en un banco oficial los bolívares producto de la venta de los dólares, transacción realizada con el apoyo del banco privado y devuelven el monto excedente solicitado al BCV, en bolívares.

Las ganancias de la ilegal operación, producto de la manipulación del mercado paralelo, son repartidas entre el banco privado venezolano, los operadores financieros o brokers (Luis Ignacio Oberto, Raúl Gorrín (Seguros La Vitalicia) y Gustavo Perdomo, además del presidente de BANPLUS, Carlos Romero.

Por el lado oficial, los funcionarios del gobierno involucrados y coordinados por el ex Tesorero General de la República Alejandro Andrade, (gran jefe de este nuevo tinglado financiero), serían el ex Ministro de la Defensa Orlando Maniglia - hermano de Teresa Maniglia, Jefa de Prensa de Miraflores – su esposa la ex Tesorera Carmen Meléndez de Maniglia, y el ex Presidente de CASA, actual Ministro para la Banca Pública, Presidente del Banco del Tesoro y del Banco de Venezuela , Teniente Coronel Rodolfo Clemente Marco Torres, quienes aparentemente se quedan con la porción mas grande, luego de entregarle parte del botín a la Tesorera Nacional, Claudia Díaz Guillén y al PSUV para el financiamiento de la campaña presidencial.

Las preguntas que los ciudadanos de a pie nos hacemos son: ¿Cuál es el mecanismo administrativo que le da soporte a la salida de los dólares del BCV e igualmente, el ingreso de los correspondientes bolívares?

¿Entiende el presidente del BCV Nelson Merentes, que con su negligencia o complicidad, permite que unos particulares, en tiempo record, reciban dólares preferenciales, además financiados, para que en pocos días los vendan en el mercado paralelo a mas del doble, obteniendo así jugosas ganancias?

¿La participación del presidente del BCV, Nelson Merentes será solo motivada por beneficios políticos (financiamiento de su partido) o también por la obtención de beneficios económicos personales?

¿Está informado el banco corresponsal de la entidad offshore de Curazao (JP Morgan, Wells Fargo o Citybank), acerca del origen y destino de los fondos involucrados?. ¿Qué sucederá cuando las autoridades reguladoras del sistema financiero de EEUU comprueben que el PSUV está financiando la campaña presidencial de Chávez con dólares, con la complicidad del BCV, Min Finanzas y la Tesorería General de la República?

¿Qué tienen que decir las autoridades reguladores del sistema financiero de Holanda acerca de la irregular operación realizada por el banco de Curazao? Y las del Reino Unido acerca de los certificados en libras?

¿Están al tanto de esta operación todos los socios del banco venezolano involucrado? También se beneficiaron? O las ganancias fueron sólo para algunos?

¿No resulta por lo menos irónico, además de ilegal, que el PSUV esté financiando su campaña con dólares?

¿Qué de cierto tendrán los comentarios que circulan en medios oficiales acerca de que uno de los protagonistas de este caso, el ex Presidente de CASA, actual Ministro para la Banca Pública, Teniente Coronel Rodolfo Clemente Marco Torres, también habría manipulado ilegalmente los dólares asignados a la importación de alimentos?

¿Por qué Adelina González, Contralora General de la República, no investiga los signos externos de riqueza de Alejandro Andrade (mansiones y caballos de paso en Florida, aviones privados en Curazao, etc) y de Claudia Patricia Díaz Guillén, Tesorera General de la República (acaba de protagonizar una faraónica boda en Los Roques con el responsable de la seguridad del hijo del Presidente Chávez, Capitán Adrián Velásquez)?