La eventual salida de Venezuela
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue objeto de debate
en la Asamblea Nacional, lugar en el que el parlamentario Rodríguez expuso
argumentos "para desmontar la coartada gobiernera".
Refiere que la orden presidencial
surge apenas a horas de que la Asamblea Nacional evitara debatir e investigar
temas de presunta narco-política, narco-justicia y violación masiva de derechos
humanos contra el país opositor (señalamientos de Eladio Aponte Aponte).
Recuerda que también la orden se dio
justo cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz se niega públicamente a
investigar y, en consecuencia, justas razones tendrían los venezolanos de
acudir a la justicia internacional, como por este caso lo acaba de hacer el ex
magistrado de la Corte hemisférica Asdrúbal Aguiar.
Y sentencia, “mientras las
personas que controlan el poder estén vinculadas con el delito, todo tipo de
delito, será imposible que haya un estado de justicia social y de derecho, como
imposible será contar con los valores superiores de la vida y la preeminencia
de los derechos humanos"
Rodríguez plantea la posibilidad
de que las 150.000 muertes violentas de los últimos años, tengan como base el
que quienes controlan el poder hayan abierto las puertas al narcotráfico y le
hayan brindado impunidad judicial y política. "Es una crisis de derechos
humanos y si no hay justicia interna, debe haber protección
internacional", precisó.
Llamó la atención sobre el
problema de las mafias carcelarias, que podría incluir a altos funcionarios
ligados al proyecto político del Presidente Chávez y que ha causado muerte a
más de 5000 privados de libertad en los últimos años. Sólo en 2011 y ya en
tiempos de la Ministra Iris Varela "560 privados perdieron la vida".
"También es crisis de
derechos humanos, el drama del secuestro, en gran medida a causa de cesión de
soberanía, tanto a irregulares nacionales como a extranjeros. Pasamos, según
cifras del CICPC, de 44 secuestros en 1999 a 1115 en 2011. Y los familiares de
las víctimas también tienen derecho a la protección internacional".
Miguel Ángel Rodríguez reveló el récord
del Estado liderado por Hugo Chávez, respecto del sistema interamericano de
derechos humanos: 28 medidas cautelares sin que se cumpla alguna y 12
sentencias en la corte igualmente incumplidas. "Esto viola el artículo 23
de la carta magna, que obliga a nuestras autoridades a acatar esas
decisiones".
Finalmente reclamó que el
gobierno revolucionario miente al decir que la Comisión Interamericana es una
oficina para perseguirlo, e instó a que cumpla con su obligación no sólo de
resarcir a las víctimas del proyecto chavista, sino también a las de la masacre
de El Amparo, las del caracazo y las del Retén de Catia. "Son casos que
demuestran que el sistema ha abordado violaciones contra los derechos humanos
sin miramientos políticos. Pero este Estado, ni siquiera cumple con las víctimas
de eventos que manipula para sacar renta populista".
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