El
social-fascismo bolivariano en
estos treces años de desgobierno
se ha empeñado en aparecer como
una revolución moralista que
impulsa un nuevo Estado ético, y
la creación de un hombre nuevo. Sin embargo, el tiempo ha demostrado
que si algo caracteriza a este
régimen es precisamente lo
contrario, su amoralidad y falta
de ética. El engaño, la
manipulación, la carencia de
escrúpulos y de moral forman
parte del código anti-ético del social-fascismo del tte coronel y sus cómplices.
Las denuncias realizadas recientemente
por el bandolero y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Eladio Aponte Aponte y ratificadas posteriormente por
el pillo y también exmagistrado del TSJ Luis Velásquez Alvaray confirman lo que era un secreto a voces,
el uso del Poder Judicial como
instrumento del miedo y terror
fascista ordenado por el
inquilino del Palacio de Misia
Jacinta para perpetuarse en el
poder. El TSJ, salvo contadas
excepciones, está constituido por una sarta de delincuentes, electos
con los votos de la mayoría
oficialista de la Asamblea
Nacional (AN).
Estos maleantes con toga y birrete
son los nuevos inquisidores fachos del siglo XXI, dispuestos a utilizar el entramado jurídico
de la nación y el peso de la Ley
con el fin de aplastar toda
disidencia política en el país. Son igualmente los apóstoles del "Estado
Total" (el Estado se inmiscuye en
todas las esferas de la vida del
ciudadano) a fin de establecer
una la sociedad sumisa y
aterrorizada mediante la
dialéctica de la cárcel, del
fusil y del sable.
Además, las denuncias de estos
dos malhechores del TSJ
confirman las sospechas que se
tenían sobre la participación de los más conspicuos representantes de la
alta cúpula militar del país en los sucios negocios del narcotráfico (cartel de los soles). Todo esto aunado a un despreciable Ministerio Público que en lugar de investigar y perseguir al delito, se ha
transformado en el ejecutor de
la política de terrorismo de
Estado que se imparte desde el
Palacio de Miraflores en contra
de todos aquellos venezolanos
que le son incómodos al régimen.
Estamos ante un régimen de dudosa
impronta democrática, que promueve el delito y el narcotráfico como virtudes revolucionarias. Hoy, cuando ha quedado al descubierto el repulsivo
rostro de un putrefacto Poder
Judicial, el capo mayor de
Sabaneta amenaza con retirarse
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), lo cual constituiría una violación a la
Constitución Nacional y sería
contraria a los derechos de los
venezolanos. Propuesta que fue aprobada, en forma expedita, por la mayoría neototalitaria de la AN obedeciendo las órdenes impartidas por
el comandante-presidente. Afirmar que con nuestra permanencia en la CIDH se vulnera la soberanía y la independencia de los poderes de la República es el mayor de los cinismos.
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