El Parlamento perdió potestades

(Foto archivo)

Terminó el lapso de la Ley Habilitante, permitió que el presidente Hugo Chávez legislara, por decreto, durante 18 meses. En ese lapso Chávez firmó 54 instrumentos y fue más productivo que la Asamblea Nacional (AN) que, a estas alturas, se puede decir perdió sus potestades legislativas. En estos 18 meses Chávez ha podido saltar el procedimiento legislativo que dice que las leyes orgánicas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los votos. Como el Psuv no tiene esa mayoría, la habilitación sirvió para romper con el precepto constitucional. De hecho, en ese lapso, la AN ha aprobado seis leyes orgánicas, porque hubo acuerdos entre el Psuv y la MUD, para sumar los 110 votos necesarios.
En este sentido, la organización Monitor Legislativo destaca que de “las leyes aprobadas con la última Ley Habilitante apenas seis tuvieron relación directa con la crisis provocada por las lluvias (…) se aprobaron normas fundamentales sin la discusión parlamentaria y consenso mínimo del país”. Siempre hay que recordar que durante la primera Ley Habilitante, Chávez firmó 53 decretos. En 2001 aprobó 49 leyes. En 2007 aprobó 65 textos legales y 46 leyes en 2010.
En lo que sí ha sido prolífico el Parlamento en este año y medio es en la aprobación de créditos adicionales y solamente este año han dado el visto bueno a erogaciones extras que sobrepasan los 37 millardos de bolívares. Tan rápido trabaja el Ejecutivo en la redacción de leyes que los 14 instrumentos que fueron publicados ayer en Gaceta Oficial tienen fechas entre el 12 y el 15 de junio. De paso, el pasado viernes, cuando el vicepresidente Elías Jaua anunció que Chávez había aprobado de un plumazo 11 normativas, ayer lunes nos madrugó publicando tres más que son: Ley del Fondo de Edificaciones Penitenciarias, Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones y Ley Orgánica de Bienes Públicos. Al cierre de la columna no se conocían los textos de estos instrumentos, puesto que en Gaceta Oficial solamente se publicó el nombre.
Leyes sin consulta
Hasta el mes pasado, en el Parlamento no sabían si el Código Orgánico Procesal Penal lo harían allí o lo redactaría el Ejecutivo. Fue hasta que a un diputado del Psuv en la comisión de Política Interior se le salió que se supo que el Copp lo redactaría Chávez vía Habilitante. Una ley de este calibre no podía ser elaborada por el Gobierno, puesto que se necesitaba el consenso de los factores políticos del país y las consultas respectivas. Eso, evidentemente no se hizo. Cuando se anunció que el Copp sería redactado por Cilia Flores e Iris Varela, la oposición en la AN tardó en reaccionar y de hecho hasta el momento los diputados de la MUD no han sido contundentes, pues solamente Juan Carlos Caldera envió una nota de prensa donde decía que la redacción del código le correspondía a la AN.
Lo mismo ocurrió con la Ley del Trabajo que tardaron más de 10 años en elaborarla, pero se trataba de un trabajo que debía hacer el Parlamento, también con el acuerdo de los interesados. De un plumazo el Gobierno se metió con las prestaciones sociales, redujo la jornada laboral, aumentó los días feriados, entre otros aspectos y sin consultas.
Se salvó la Ley Antimonopolio que está siendo redactada por la AN, pero hay que destacar que el texto que fue presentado en 2006 ha sido completamente modificado y sorpresivamente salió a la luz pública, porque el Psuv debe aprobar antes que terminen las sesiones ordinarias. Fuentes de la AN aseguran que el nuevo texto fue enviado desde Miraflores.
Por ahora
La semana pasada, el presidente Chávez asomó la posibilidad de pedir otra Habilitante a la Asamblea Nacional, pero no recordó que no tiene la mayoría que requiere ello que son 99 votos. El chavismo en la AN tiene 98 manitas solamente.
Ante “tremendo pelón”, el diputado Fernando Soto Rojas negó esa posibilidad y aseguró que “por ahora” no está previsto que el
Parlamento considere otorgarle más poderes especiales al mandatario. Soto expresó que “aún el Gobierno Nacional no ha logrado establecer totalmente el Estado democrático social de justicia y de derecho”.
Manifestó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo “deben combinar sus acciones para lograr el estado de derecho en el que se debe convertir Venezuela. Todas las leyes que promulgó el Gobierno Nacional, a través de la Habilitante, tienen perfecta legitimidad y legalidad”.