Yamis Urbano Valencia
El general de división en situación de retiro
Antonio Rivero, acudió a la Fiscalía General de la República para
consignar nuevas pruebas acerca de la supuesta presencia activa de
militares del alto mando cubano en Venezuela, lo que representa una
injerencia para la seguridad y defensa de la nación.
El dirigente nacional de Voluntad Popular acudió a
la sede del Ministerio Público para consignar algunos elementos
probatorios esenciales como parte de la denuncia antes formulada sobre
la participación activa de oficiales cubanos en Venezuela, lo cual está
tipificado como delito contra la independencia nacional.
Según Rivero, en las fotografías y audios que
presentó, se evidencia a Andollo Valdés, quien es jefe del Estado Mayor
cubano, participando con carácter supervisor en reuniones desarrolladas
en territorio venezolano. El militar retirado exhortó a la Fiscalía
General a investigar estas irregularidades.
Rivero había interpuesto una primera denuncia en
mayo del 2010, sin que hasta la fecha haya sido citado por el Ministerio
Público como testigo principal de los hechos. Es por ello que insiste
en la ratificación de este señalamiento, con nuevos elementos
probatorios sobre la presencia de oficiales de Cuba en el país. “A Luisa
Ortega Díaz le solicito que se realicen las investigaciones pertinentes
y que determinen la veracidad de las pruebas”
Son cinco carpetas con imágenes de la presencia de
militares cubanos en Venezuela, que se suman a las pruebas que entregó
hace dos años. “Aquí la pregunta es por qué la información estratégica
sobre nuestra seguridad nacional es discutida ante militares de otros
países. A dónde llega finalmente esa información sobre nuestra defensa
territorial con países vecinos como Colombia, donde es pública y notoria
la operación de grupos irregulares y guerrilleros”, cuestionó Rivero.
También señaló que esta acción de consignar nuevas
pruebas ante la Fiscalía General lo hace respetando su medida cautelar.
“Como ciudadano venezolano estoy en el marco del respeto de la medida
cautelar que me fue impuesta después de haber hecho la denuncia hace dos
años, lo hago como una actividad política y buscando que se realice la
investigación pertinente y sea aclarada esta situación tan grave para la
nación”.
Quien fuera la máxima autoridad de Protección Civil,
destacó que los delitos que él denuncia sobre este caso particular son
los mismos que se le están imputando a Ana María Abreu de San Miguel,
cuñada de la abogada Rocío San Miguel, quien es directora de la ONG
Control Ciudadano.
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