El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ordenó en el 2008, el congelamiento de cuentas bancarias y bienes a Hugo Carvajal por su ayuda a las FARC, como por ejemplo, facilidades en los cargamentos de droga para que no fuesen capturados por los organismos antidrogas venezolanos y facilitar identificación oficial a los miembros de las FARC para que pudiesen viajar libremente en Venezuela.
Nada de esto fue impedimiento para que el presidente de la República, Hugo Chávez firmara el decreto 9.075 de fecha martes 3 de julio de 2012 nombrando a Hugo Armando Carvajal Barrios para dirigir el nuevo Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), el cual regirá a todos los organismos policiales dedicados a la investigación criminal.
El viceministerio “diseñará, dirigirá, planificará, propondrá, ejecutará, coordinará, supervisará y evaluará” las acciones requeridas en materia de investigación penal.
Para los defensores de DD.HH. esta nueva instancia y la persona designada para sus funciones supone la alarma cierta de un paso más hacia la consolidación en la negación de justicia y las arbitrariedades revestida de legalidad con el sistema oficial del gobierno venezolano persigue, secuestra y juzga a la disidencia de pensamiento y acción por motivos enteramente políticos.
En estos trece años del gobierno de Chávez, y bajo la dirección de Hugo Carvajal, hemos registrado año tras año cómo opera la DIM como un centro de torturas físicas y psicológicas, arrancar declaraciones forzadas, someter a los recluídos a aislamiento, técnicas de desorientación para doblegar a las víctimas y controlarlas, amenazas, extorsión, ejecutar los procedimientos de “investigación penal” (“sembrar”) contra todas las personas declaradas como “objetivos militares contrarrevolucionarios” por el Presidente de la República y su tren ejecutivo, saltándose los procedimientos legales y violando todos los garantías constitucionales, sin la oposición mínima de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo ni el Tribunal Supremo de Justicia quienes han declarado la necesidad de “ajustar” el marco legal venezolano a los “nuevos procesos de cambio”.
Un análisis claro arroja que, en adelante, todo el proceso penal de investigación ordinario pasará a manos de esta instancia, esto significa que el General Carvajal no solo cubrirá todos los fallos que hayan tenido sus investigaciones como director de la Inteligencia Militar Venezolana y que en la actualidad se encuentran en el proceso de retardo procesal arbitrario e intencional sino que, será el ejecutor de todas las acciones necesarias, del gobierno de Hugo Chávez Frías para imputar a los disidentes civiles y militares.
Un ejemplo de estas afirmaciones se puede obtener de los procesos judiciales políticos realizados en los últimos 9 años, sin excepción, todos fueron llevados a cabo por la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal de la DGIM y, aún siendo inconsistentes en cuanto al debido proceso y las pruebas carecían de licitud, la mayoría de sus imputados fueron sentenciados en el fuero militar.
Dicho esto, no queda otro escenario que la radicalización de las persecusiones políticas, el inicio de causas judiciales por motivos políticos revestidos con una forma jurídica alegando una presunta conspiración para la desestabilización del Gobierno u otras causas que amedrenten a los venezolanos, y con esto, más presos políticos, y una ola de exiliados como forma de proteger su integridad ante las amenazas de ser encarcelados ó ser eliminados físicamente.
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