El fraude electrónico es relativamente fácil de ejecutar, pero también de detectar. Capriles
puede solicitar ciertas medidas al CNE para impedirlo. El arbitro no
puede ignorarlas o negarse a adoptarlas sin auto-denunciarse como
organismo al servicio del candidato oficialista.
El fraude electrónico, del cual hemos
venido hablando con propiedad técnica que no ha sido desmentida, es un
procedimiento para cambiar los resultados electorales mediante la
manipulación de los paquetes de data que es enviada desde las mesas
electorales hasta la sala de totalización del CNE. Esta
manipulación puede hacerse fuera de los centros electorales, en salas
situacionales ilegales. La tecnología existente permite esta
vagabundería sin presencia y aun sin conocimiento del CNE, ni de la
Oposición. Esta artera maniobra cibernética escapa también a los
controles manuales de los testigos de mesa.
El ardid es técnicamente posible, pero hay varias maneras de frustrarlo:
1) mediante el conteo en tiempo real de los resultados a medida que van llegando al CNE;
2) a través del conteo manual de las mesas no auditadas;
3) cortando físicamente el acceso a centros ilegales; y
4) asignando llaves o contraseñas divididas que permitan descifrar los datos solo a personas autorizadas.
Empezaré por las dos primeras contramedidas antifraude, que son las más sencillas.
Es difícil entender por qué el CNE adquirió un complejo y costoso
sistema computarizado para acelerar el conteo y totalización de los
votos para luego tener que esperar varias horas antes de dar los
primeros resultados. Esta sospechosa antesala ha pasado a ser parte de
la picaresca venezolana. Es natural suponer que el CNE está esperando
instrucciones “de arriba” para dar resultados producidos en algún lugar
secreto. Las plañideras explicaciones de los rectores simplemente no son
creíbles. Sorprende que hasta ahora, en sucesivas elecciones, la
Oposición no haya exigido la aplicación de una medida que impida este
innecesario y sospechoso período de espera. El “tiempo de guiso” debe
ser eliminado.
Las triquiñuelas informáticas son difíciles de detectar durante su
ejecución, pero es fácil descubrirlas a posteriori mediante auditorías
hechas a las actas finales de votación emitidas por las máquinas
electorales. Las auditorias informáticas previas no son confiables
porque las instrucciones a los sistemas pueden ser cambiadas en
cualquier momento. Mientras
el CNE no autorice los requerimientos que presentará Capriles para
impedir el fraude, entonces no es aconsejable que se repita la nefasta
experiencia de Manuel Rosales declarándose derrotado a las primeras de
cambio. El 0-7 es probable que sea necesario solicitar un
conteo manual y una nueva totalización actualizada, seguida de una
auditoría computarizada de los nuevos resultados manuales. En
esta auditoría cada mesa debe estar en capacidad de “bajar” la data que
utilizó el CNE en la
hoja de cálculo definitiva que contiene la tabulación global de todas
las mesas, para luego hacer en cada mesa la comparación correspondiente.
El nuevo conteo debe hacerse al día siguiente de
las elecciones. Si el CNE autoriza esta solicitud y la Oposición tiene
testigos en todas las mesas durante esa actividad, el fraude será casi
imposible de cometer. (Esto da idea de la importancia que tienen y la
responsabilidad que cargan los testigos de la Oposición, quienes deben
darse enteros en su tarea). Si el CNE no lo autoriza esto significa
darle luz verde al fraude.
Si este procedimiento de conteo manual de
las mesas no auditadas es hecho en forma transparente, el país debe
aceptar el triunfo del candidato que salga ganador. Esa es la
única forma en que el Gobierno y el CNE pueden evitar el estigma
histórico de haberse robado las elecciones. Si el CNE no acepta estas
comprobaciones, quedaría en evidencia su sesgo y la masa de votantes
engañados se darían cuenta que se intenta robar la elección. Las
consecuencias de este desmán serían impredecibles. De intentarlo la
trampa estaría clara y el riesgo de una revuelta social por una
ciudadanía indignada sería incontrolable.
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