Con el fin de esclarecer los hechos sobre la presunta fuga de información militar del Palacio de Miraflores, el Tribunal 13 de Control imputó implícitamente a la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por supuestamente estar involucrada en la filtración de la información, junto a su cuñada Ana María Abreu de San Miguel. 

Carlos Nieto Palma, apoderado legal, acudió al Palacio de Justicia con el fin de nombrar a los abogados Juan Carlos Gutierrez, Theresly Malavé y Carlos Nieto Palma como defensores de la imputación que incluye como prueba determinante en contra de Abreu, a Rocío San Miguel. 

El pasado 7 de septiembre, la Fiscalía 50 del Ministerio Publico con competencia nacional, por petición de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), solicitó al Juzgado la intervención del correo electrónico de San Miguel a los fines de llegar al esclarecimiento de los hechos vinculados a la investigación por la presunta fuga de información en Miraflores, medida que acordó el referido tribunal el 13 de septiembre de 2012. La defensa señaló que en el expediente nunca se sustentan las razones por las cuales se vincula el correo de Rocío San Miguel a este caso, sin embargo, alegó que se da esta medida en el momento que ha venido realizando una serie de denuncias puntuales contra la Fuerza Armada Nacional. 

San Miguel señaló que no conoce de trato, vista o comunicación al coronel (GN) José Gámez Bustamante, procesado por el caso de fuga de información del Palacio de Miraflores y detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde  (Cenapromil). 

El abogado Carlos Nieto Palma señaló que han sido enviadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda la información de estos nuevos hechos contra Rocío San Miguel solicitando a este órgano, exija al Estado venezolano protección.